La Unión Europea inicia este viernes una nueva era, más dura, en política migratoria. El Pacto de Migración y Asilo, resultado de años de negociaciones entre los Estados miembros, entra oficialmente en vigor con la promesa de reforzar el control de las fronteras exteriores, acelerar los procedimientos de asilo y aumentar las devoluciones de personas sin derecho a permanecer en territorio europeo. El nuevo conjunto de normas y sistemas que tendrán que empezar a aplicar los Estados miembros es el más restrictivo de la historia de una Europa cada vez más replegada sobre sí misma. Y llega en un momento en el que la extrema derecha, con sus discursos contra la inmigración, no deja de avanzar en el Viejo Continente. “Se trata de poner en orden la casa europea”, defiende el comisario de Interior, Magnus Brunner. “El pacto es el punto de partida, no el final”, asegura el responsable durante un encuentro con periodistas europeos, entre ellos, EL PAÍS. El austriaco, de la familia del Partido Popular Europeo (PPE), sostiene que la combinación de controles fronterizos más estrictos, acuerdos con terceros países y nuevas medidas de retorno ya ha logrado reducir un 55% las entradas irregulares en los dos últimos años; sobre todo en la ruta de los Balcanes Occidentales.En una Europa con normas cada vez más duras en materia de inmigración, Brunner critica la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en España, que va a contracorriente. “La señal para los otros Estados miembros no es buena”, afirma. “La señal general no lo es”, añade el comisario, que reconoce, sin embargo, que se trata de una competencia nacional.Justo un día después de que el papa León XIV recordara, desde Canarias, que los migrantes “no son números ni expedientes” y reclamara “procesos serios de acogida e integración y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra”, los Veintisiete activan unos mecanismos que, pese a las afirmaciones desde las capitales y la propia Bruselas de que el acuerdo cuenta con suficientes salvaguardas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes, sigue suscitando fuertes suspicacias entre la sociedad civil. Sobre todo porque la decena de reglamentos que componen el pacto se va a completar en breve con una dura normativa sobre retornos que valida las posiciones migratorias más duras de la UE al permitir la creación de centros de deportación fuera de Europa para personas a las que se ha rechazado su petición de asilo; incluidas familias con menores, por tiempo indefinido. “El Pacto supone un duro golpe para el derecho de asilo en un momento en que el mundo necesita más que nunca que Europa defienda los derechos humanos”, lamenta Human Rights Watch. “Reducir las cifras significa también salvar vidas”, dice Brunner, un firme defensor de medidas más estrictas contra lo que insiste en llamar inmigración “ilegal”, en línea con las posiciones más duras del espectro europeo. El comisario europeo dice que está de acuerdo con el Papa, con quien tuvo hace meses un encuentro bilateral. Sin embargo, frente a la política de acogida que defiende León XIV, el austriaco defiende la reducción de la migración irregular. “Solo si combatimos la parte ilegal de la migración tendremos espacio para la migración legal y para la protección de quienes realmente la necesitan”, afirmó.El mensaje político de Bruselas es claro: la gestión migratoria ya no se limita a las fronteras europeas. Buena parte de la estrategia se está desplazando hacia países de origen y tránsito mediante una política que la Comisión denomina “diplomacia migratoria”.El objetivo es utilizar el peso económico y político de la UE como palanca para que los países colaboren para readmitir a sus nacionales deportados, eviten las salidas hacia la UE e incluso acojan a migrantes de otros lugares. Después de firmar acuerdos con Egipto, Mauritania o Túnez, el Ejecutivo comunitario está ahora en conversaciones para rubricar nuevos pactos con Senegal, Pakistán o Bangladesh, considerados puntos clave de las principales rutas migratorias actuales.La Comisión no oculta que está dispuesta a utilizar instrumentos de presión para lograr esa cooperación: desde restricciones de visado a el recorte de fondos para el desarrollo. Como ya ha hecho con Etiopía, ha reconocido Brunner. “No contestaban al teléfono. Aplicamos sanciones de visado y de repente respondieron y abrieron la puerta”, relata.DeportacionesAumentar la eficacia de las devoluciones, tradicionalmente uno de los puntos débiles de la política migratoria europea, es la pieza que falta al pacto migratorio, dice el comisario europeo. Solo el 20% de quienes ven denegada su solicitud de asilo retorna a su país.En medio de esa política para aumentar las deportaciones avanza la creación fuera de Europa de campos de deportación (o “centros de retorno” en el lenguaje europeo), una de las vías más controvertidas. , Ahora que el Ejecutivo comunitario ha creado la base leal para erigirlos (a falta de una última votación, la última semana, que es en realidad un mero trámite) Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia mantienen ya conversaciones con varios países para explorar posibles fórmulas de cooperación, según confirma Brunner. España, por el contrario, ha mostrado reticencias hacia este modelo. La Comisión, dice el austriaco, participará únicamente como supervisora para verificar que cualquier acuerdo respete los estándares europeos y los derechos fundamentales.Bruselas insiste en que no gestionará directamente esos centros. “Nuestro trabajo era crear la base legal. Ahora corresponde a los Estados miembros decidir si quieren utilizarlos y con quién quieren hacerlo”, explicó Brunner.Años de negociaciónLa UE lleva diez años tratando de reformar sus normas migratorias. Desde la gran crisis de refugiados de 2015 y 2016. Pero solo en 2023 se logró un acuerdo político para rubricar el pacto migratorio, que después de aprobarse ha tardado dos años en entrar en vigor.Ahora, incluso entre los que reconocen que las nuevas normas generan todavía múltiples dudas, se considera que la regulación era algo necesario en un continente donde la disparidad de políticas migratorias no estaba haciendo ningún favor a nadie, salvo quizás a los discursos más populistas. “Es un tema que genera división, sin duda a nivel geográfico, ideológico y político, y ha demostrado ser divisivo también a nivel electoral”, resumía esta semana en rueda de prensa en Bruselas el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, ponente de uno de los reglamentos que forman parte del paquete migratorio aprobado en 2024 y que entra totalmente en vigor este viernes. Pese a ello, acotó, “hemos puesto en marcha una respuesta a escala europea ante una cuestión que exige una respuesta a escala europea”. El Pacto de Migración y Asilo busca aumentar la seguridad de las fronteras exteriores con la imposición de un nuevo registro obligatorio y controles de seguridad “exhaustivos” y armonizados entre los Veintisiete de todos los migrantes que lleguen de forma irregular a territorio europeo.Prevé en este sentido “procedimientos fronterizos acelerados” en las mismas fronteras para quienes se sospeche que no necesitan protección —para lo que la UE se ha dotado, entre otros, de una lista europea de países de origen seguros, que se complementa con otra de “terceros países seguros” que facilita la creación de los centros de deportación foráneos— y, también, retornos rápidos, es decir, sin que la persona logre entrar en territorio europeo antes de ser devuelta a su país de origen. “Los días de 27 políticas migratorias diferentes han acabado”, ha celebrado la eurodiputada conservadora alemana Lena Düpont, del Partido Popular Europeo (PPE) que respalda las posiciones migratorias más duras (y que se apoyó en la extrema derecha para endurecer la propuesta del reglamento de retornos).Pagar por no acoger migrantesA la vez, establece procedimientos de asilo “firmes y justos”, con tiempos de decisión sobre si se acepta o no más cortos, sostiene la Comisión Europea, incluidos plazos más cortos para los procedimientos de asilo y normas para prevenir mejor los movimientos secundarios, uno de los grandes problemas identificados para acotar el fenómeno irregular. Todo ello, subraya Bruselas, con “salvaguardas sólidas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales” de los migrantes, incluido un mecanismo de supervisión independiente durante el control y el procedimiento fronterizo de asilo, que no podrá extenderse por más de siete días en las fronteras externas y tres para los interceptados dentro del territorio europeo.El pacto establece asimismo un “mecanismo de solidaridad” obligatorio y permanente que permite que los países identificados por la Comisión como especialmente presionados por la llegada masiva de inmigrantes puedan solicitar la reubicación de parte de los solicitantes de asilo en otros países comunitarios o compensaciones económicas si un Estado se niega a aceptar su cuota de reparto. Cada año, el Ejecutivo europeo señala a los países que podrán optar el ejercicio próximo a ese mecanismo; en la primera tanda, anunciada el pasado noviembre, España fue incluida en esa lista, junto con Italia, Chipre y Grecia.