Este viernes entra en vigor el Pacto de Migración y Asilo, el acuerdo migratorio con el que la Unión Europea sustituye el sistema de Dublín, que colapsó durante la crisis de refugiados de 2015 y 2016, provocando una profunda división entre Estados miembros. El nuevo sistema es más duro, incluye mayores controles y poderes para que las capitales frenen los flujos migratorios, y ha introducido, a través del Reglamento de Retornos, la posibilidad de establecer centros de deportación fuera de la Unión Europea, siguiendo el 'modelo Albania' del Gobierno italiano de Giorgia Meloni. El Pacto es extraordinariamente complejo y está conformado por diez textos legislativos diferentes. España jugó un papel fundamental en su negociación, ya que buena parte de los documentos se acordaron hacia el final de la presidencia española del Consejo, durante la segunda mitad de 2023. El Pacto refleja un giro a la derecha tanto de los gobiernos nacionales, que están representados en el Consejo, como de los eurodiputados, con un Parlamento Europeo en el que ahora existe una mayoría alternativa entre los democristianos clásicos y la extrema derecha. A medida que la inmigración ha ido ganando peso en los debates electorales de todos los Estados miembros, las capitales han ido respaldando posturas cada vez más duras en el proceso de reforma del Pacto. Además de estas medidas, la idea es que el nuevo sistema aumente la cooperación y la coordinación entre Estados miembros a través de la Comisión. Por eso la vista está puesta en octubre de 2026, cuando el Ejecutivo comunitario tendrá que presentar un informe de progreso sobre la situación. La amenaza para el acuerdo migratorio proviene, de hecho, de algunos de los socios más duros en la materia. Polonia, por ejemplo, ya ha explicado que no pretende participar en los mecanismos de solidaridad que incluye el Pacto para los Estados miembros más expuestos a los flujos migratorios, es decir, España, Italia y Grecia. Porque la solidaridad con flexibilidad es uno de los elementos centrales del pacto. Los socios europeos pueden elegir entre reubicar a solicitantes de asilo que se encuentren en los países de primera línea, pagar una contribución financiera que rondaría los 20.000 euros por persona no acogida, o dar apoyo operativo. La Comisión ya calculó que se debían reubicar a 21.000 personas desde España, Grecia, Italia y Chipre. Para algunos países del este el sistema recuerda a las cuotas que Alemania trató de implantar en 2015. El Pacto tiene muchos requisitos técnicos, como sistemas informáticos, estructuras, personal, capacidad para acoger e instalaciones fronterizas que se ajusten a los requisitos del acuerdo. Muchos analistas coinciden en que los Veintisiete no están listos para cumplir con esas exigencias, y que este viernes el Pacto no va a empezar a funcionar sencillamente porque estaba previsto. "Esto hace que la idea de un 'día de la entrada en vigor', en el que todas las normas empiecen a funcionar sin problemas, sea poco realista desde el principio. El Pacto no es un interruptor que se pueda accionar sin más", critican Alberto-Horst Neidhardt, Virginie Jacob y Helena Hahn, analistas del European Policy Centre (EPC), un think tank de Bruselas. La Comisión siempre ha planteado el acuerdo como una estructura interconectada, en la que el derrumbe de uno de los elementos puede llevarse por delante a los otros. Analistas como los del EPC empiezan a advertir de que esa idea, que originalmente podía presentarse como una fortaleza del acuerdo, puede acabar siendo su talón de Aquiles: si un Estado miembro no registra correctamente las entradas, la escasa confianza que existe entre países se esfuma y toda la estructura de solidaridad se derrumba. Lo único que es resistente en solitario es el elemento más delicado de todos: los centros de deportación. Por eso los Estados miembros han respaldado la idea efusivamente y algunos de ellos ya están trabajando en planes concretos. Los centros 'Meloni' La primera ministra italiana fue pionera en la idea de establecer centros fuera de la Unión, en su caso en Albania, a los que enviar a inmigrantes y solicitantes de asilo, para gestionar desde allí su devolución. Los planes de Roma se han visto limitados por los tribunales italianos, y en la realidad los centros de Albania están manejando muchos menos inmigrantes de los que prometió el Ejecutivo de Meloni. Este mismo jueves, veinticuatro horas antes de que se empiece a aplicar un pacto sobre el que sobrevuela todo el tiempo el modelo de Meloni, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya opinión no es vinculante pero que los magistrados suelen seguir en su decisión final, ha criticado duramente la legislación italiana. En su opinión, la abogada general letona Laila Medina ha señalado que la legislación europea sigue aplicando en esos centros, y que por lo tanto debe haber garantías, deben explicarse los motivos y razones de la detención, garantizar el derecho de defensa, asistencia jurídica, visitas de familiares y puesta en libertad una vez cumplido el plazo máximo de detención. La buena noticia para Meloni y los arquitectos del Reglamento de Retornos, que se acordó hace solamente unos días, es que el TJUE parece estar apuntando a la legalidad del modelo, siempre y cuando se produzca dentro de unos determinados límites. Este viernes entra en vigor el Pacto de Migración y Asilo, el acuerdo migratorio con el que la Unión Europea sustituye el sistema de Dublín, que colapsó durante la crisis de refugiados de 2015 y 2016, provocando una profunda división entre Estados miembros. El nuevo sistema es más duro, incluye mayores controles y poderes para que las capitales frenen los flujos migratorios, y ha introducido, a través del Reglamento de Retornos, la posibilidad de establecer centros de deportación fuera de la Unión Europea, siguiendo el 'modelo Albania' del Gobierno italiano de Giorgia Meloni.