Los empleados públicos con categoría de personal laboral (es decir, que no son funcionarios de carrera) en la Administración General del Estado están en pie de guerra. La negociación de su convenio lleva un año y medio en vía muerta, por lo que tienen pendiente de desarrollo muchas de sus condiciones laborales. Entre ellas, la carrera profesional horizontal; la equiparación salarial con el personal funcionario o la agilización de los procesos selectivos. Por ello, los principales sindicatos que los representan (CC OO, UGT y CSIF) ya han dado el paso esta semana de convocar distintas protestas y manifestaciones contra el Ministerio de Función Pública, que es su empleador. El sindicato de funcionarios CSIF ya convocó la semana pasada a estos empleados, que la central cifra en unas 40.000 personas, a iniciar una campaña de movilizaciones este jueves, 11 de junio, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid ante la parálisis del convenio colectivo de este personal y el bloqueo de la jubilación parcial (salvo para aquellos que trabajan en la Administración General del Estado, donde se acaba de desbloquear esa posibilidad). Y este miércoles ha sido la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT la que ha convocado también una concentración por los mismos motivos el próximo martes, 16 de junio, ante la misma sede de Hacienda en la capital.El personal laboral de la Administración General del Estado está constituido por 82.775 personas, según datos oficiales, alrededor de un 40% de todo el cuerpo de empleados públicos de esa administración. Pero los sujetos al IV Convenio Único —ahora se negocia el V—, que son los llamados a movilizarse, son unos 40.000. El resto (los de Correos, la Agencia Tributaria, el personal exterior, la alta dirección...) quedan fuera de la movilización porque tienen sus propios convenios.El coordinador general del Convenio Único de UGT Servicios Públicos, Alberto Pablos, ha denunciado este martes, durante la presentación de esta jornada de protesta, “el absoluto abandono” del personal laboral de la Administración estatal, que queda reflejado en el hecho de que, según un estudio presentado por este sindicato, de las 42.330 plazas que estableció el IV Convenio Único, solo 25.238 están ocupadas. Los principales motivos para la existencia este abultado número de vacantes (prácticamente el 40%) son dos: el primero es la lentitud en los procesos de selección de la oferta pública convocada entre 2023 y 2026, entre las que están 7.000 plazas de turno libre comprometidas en la oferta de 2023, que ni siquiera se han convocado y que, de no hacerlo inmediatamente, se perderán. Algo que según los responsables de UGT, “no va a suceder”. El segundo motivo, según ha denunciado UGT, son las poco atractivas condiciones salariales que ofrecen para estos profesionales, en muchos casos con oficios altamente cualificados. Según este sindicato, en 2018, la diferencia entre las categorías más bajas de este personal laboral y el salario mínimo de ese año ascendía a unos 170 euros mensuales y en la actualidad esa diferencia se ha recortado fuertemente a solo 40 euros. Por esta razón, tanto UGT como CSIF incluirán su demanda de equiparación salarial de este personal con sus homólogos que tienen categoría de funcionarios de carrera en el Estado. Precisamente, para todos ellos (personal laboral y funcionarial) el sindicato CC OO exigía este pasado lunes un salario mínimo neto de 1.500 euros al mes para todos los empleados públicos estatales. Justificaba esta reclamación por el hecho de que el 30% de las personas que aprueban una plaza en esta administración no llega a ocuparla por sus bajos salarios. En UGT han denunciado este miércoles que “cuando durante años no se convocan las plazas necesarias o los procesos selectivos se retrasan indefinidamente, los centros de trabajo pierden personal, aumenta la carga laboral y la Administración acaba perdiendo capacidad propia para prestar determinados servicios con medios públicos”. En ese contexto, han criticado que “cada vez resulta más frecuente recurrir a fórmulas externas para sostener servicios esenciales”. Algo para lo que según han dicho se han destinado ya 40.000 millones de euros en la Administración General del Estado. Dentro de las mejoras salariales se enmarca también el desarrollo de la carrera profesional horizontal. Esto supone el reconocimiento del desarrollo profesional y experiencia dentro del mismo grupo o categoría, sin necesidad de cambio de puesto. O lo que es lo mismo, crear la capacidad de aumentar el salario sin necesidad de ascender.