El sindicato de empleados públicos más representativo en la Administración General del Estado, CSIF, ha anunciado este viernes el inicio de movilizaciones por las condiciones del personal laboral y el acceso a la jubilación parcial de los empleados públicos. Los detalles se comunicarán el próximo lunes en una rueda de prensa, pero se trata de problemas enquistados desde hace tiempo por el bloqueo legislativo y de actividad del gobierno. Aprovechando la situación política, la central sindical plantea elevar el tono para hacer presión. En un comunicado, CSIF denuncia que "la situación política actual y la incertidumbre bloquean cuestiones fundamentales", entre ellas, la jubilación parcial anticipada y el V Convenio Único del personal laboral del Estado. En este ámbito se engloban cuestiones como la carrera profesional, la promoción interna o la equiparación salarial del personal laboral con el funcionario. El retraso en el acuerdo del V convenio para el personal laboral del Estado se alarga desde que en 2021 finalizara la vigencia inicial del IV convenio. Si bien la ultraactividad impide una situación de vacío legal, en estos años se han ido añadiendo acuerdos parciales para solventar algunos problemas sin que se haya podido pactar un nuevo texto en su conjunto. CSIF llega a este punto pidiendo una reforma profunda de las condiciones laborales y salariales, lo que implica reformas a nivel organizativo e incrementar los costes a nivel presupuestario en una situación de prórroga de los PGE de 2023. Por otra parte, la jubilación parcial del personal funcionario y estatutario sigue siendo una quimera, prometida solo en un pacto firmado con CCOO y UGT hace dos años, pero sin materializar a nivel legislativo. Además, la última reforma implementada en la jubilación parcial del personal laboral a principios de 2025, exigiendo la contratación simultánea de un relevista indefinido, ha bloqueado de facto la jubilación de estos trabajadores en las administraciones regionales y locales. El Gobierno reconoció hace dos meses la existencia de un acuerdo con CCOO y UGT para solucionar este problema, pero no se ha aprobado ningún real decreto ley al respecto. En un comunicado esta misma semana, ambos sindicatos denunciaban "bloqueo intolerable de la Secretaría de Estado de Seguridad Social". En dicho acuerdo, se establecía una nueva fórmula para que el relevista pueda ser contratado como personal temporal o interino (como sucedía antes) para que las contrataciones no bloqueen las jubilaciones parciales anticipadas solicitadas. Estas centrales sindicales achacaban el retraso a "una falta absoluta de voluntad política" y a "pasividad" por parte del Ejecutivo y recordaban que la reforma para la jubilación parcial del personal funcionario sigue paralizada en el proyecto de Ley de Función Pública, bloqueado en el Congreso desde hace años. La falta de apoyos para sacar adelante cualquier legislación explica el impass. De hecho, CCOO y UGT amenazan también con "retomar las movilizaciones" si no hay soluciones pronto. Por el momento, los tres sindicatos, que representan a la mayor parte de los trabajadores de las administraciones, no se han puesto de acuerdo en el inicio de movilizaciones, aunque no se descarta esa situación. CSIF tampoco desecha la idea de culminar el proceso en una huelga si el Gobierno no reacciona a las peticiones. Cabe recordar que, tras el acuerdo de noviembre para las subidas de sueldo plurianuales entre 2025 y 2028, no se han materializado más pactos. El último desencuentro se produjo con la oferta de empleo público de la AGE para 2026, rechazada por todos los sindicatos por no haber sido negociada y por considerar que no permite un incremento suficiente de las plantillas. De fondo, el Gobierno continúa sin resolver el problema de la temporalidad en el sector público y de los interinos, a los que los tribunales están reconociendo ya indemnizaciones adicionales por abuso de temporalidad tras una sentencia clave del Supremo. El sindicato de empleados públicos más representativo en la Administración General del Estado, CSIF, ha anunciado este viernes el inicio de movilizaciones por las condiciones del personal laboral y el acceso a la jubilación parcial de los empleados públicos. Los detalles se comunicarán el próximo lunes en una rueda de prensa, pero se trata de problemas enquistados desde hace tiempo por el bloqueo legislativo y de actividad del gobierno. Aprovechando la situación política, la central sindical plantea elevar el tono para hacer presión.