El fracaso del Gobierno en su intento de aprobar del proyecto de ley para reducir la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales no es el único quebradero de cabeza de carácter laboral que se le presenta al Ejecutivo. El malestar entre los sindicatos de la función pública ante la ausencia de avances, e inclu...
so de negociaciones, para lograr mejoras salariales y de empleo han llevado a CC OO y UGT, por un lado, y al sindicato de funcionarios CSIF, por otro, a anunciar que, de no cambiar esta situación en las próximas semanas, intensificarán sus protestas. “No descartamos nada”, aseguran fuentes de esta última central.
La negociación salarial para 2025 es probablemente la reivindicación prioritaria para más de tres millones de empleados públicos. Este colectivo no ha recibido hasta la fecha ningún aumento salarial correspondiente al ejercicio en curso, en el que la inflación sí ha avanzado una media acumulada del 2,5%, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo que se suma a la ya registrada en los últimos años, que CSIF cifra en un 20% desde los recortes de la última crisis.
Cualquier propuesta de incremento salarial de los empleados públicos debe de pasar por la Mesa General de las Administraciones Públicas, que aún no ha sido convocada este año para este cometido, ni se prevé su convocatoria en breve, según distintas fuentes consultadas. Desde el Ministerio de Función Pública se limitan a indicar que “la subida salarial para los empleados públicos se encuentra en el marco de la negociación presupuestaria”, para la que el Gobierno acaba de dar su pistoletazo de salida con la publicación en el BOE a principios de mes de la orden ministerial que fija las directrices para los distintos ministerios y muestra las prioridades del Ejecutivo para la elaboración de las cuentas públicas de 2024.
