El Ministerio de Función Pública está ultimando con UGT y CCOO un real decreto-ley para solucionar el atasco en las jubilaciones parciales anticipadas del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE). Un colectivo que, al igual que el resto del personal laboral de las administraciones autonómicas y locales, tiene reconocido en su convenio el derecho a retirarse de manera anticipada siempre que se contrate a un relevista, pero, en la práctica, el derecho no se ha podido ejercer desde abril de 2025 por un cambio normativo introducido en el Real Decreto-ley 11/2024. Para solventar el impedimento a largo plazo, Función Pública está cerrando con los sindicatos un acuerdo, según detallan fuentes de las negociaciones, que consiste en permitir una contratación "transitoria" de interinos para que se puedan efectuar las jubilaciones parciales anticipadas. Desde abril de 2025, se requiere que los contratos de relevo sean indefinidos a tiempo completo en el momento en el que el trabajador se jubila anticipadamente, pero las características del empleo público hacen imposible esta simultaneidad, de manera que no se han podido llevar a cabo las jubilaciones. Por ello, la nueva fórmula permitirá la contratación de relevistas temporales mientras se convocan las plazas de reposición, que serán incluidas anualmente en las ofertas de empleo público. La previsión de UGT es que el acuerdo se cierre en la mesa de negociación con Función Pública antes del parón veraniego y que el Gobierno tramite el real decreto-ley días después, como sucedió con la citada norma de 2024. A pesar de la falta de apoyos parlamentarios del Ejecutivo, los trabajadores públicos confían en que una iniciativa de este tipo se pueda convalidar, al igual que ha sucedido con las subidas de sueldo aprobadas a finales de 2025 y con otras normas relativas a las condiciones del empleo público. Mientras ese real decreto-ley se materializa, Función Pública ha aprobado este nueve de junio una resolución para que el personal laboral de la AGE pueda solicitar la jubilación parcial anticipada desde este mismo miércoles, 10 de junio. Esto se debe a que, en julio de 2025, se aprobó una tasa de reposición adicional con 1.049 plazas para relevistas que reemplazaran a estos trabajadores. Se trata de un parche que demora el acceso a la jubilación anticipada más de un año, por lo cual, en muchos casos, pierde sentido. Con la nueva fórmula de contratar a interinos, se pretende solventar el desajuste y hacer que la contratación sea simultánea a la jubilación, aunque posteriormente esas plazas se cubran con personal fijo con acceso por oposición. No obstante, si este real decreto-ley se materializa, solo solventaría la situación del personal laboral de la AGE. El resto del personal laboral de las administraciones territoriales continúa con la imposibilidad de jubilarse de manera anticipada y parcial a pesar de que los sindicatos llevan meses negociando con Seguridad Social un mecanismo similar al descrito para la AGE. Por el momento, estos trabajadores acumulan denegaciones de las administraciones territoriales, que se amparan en la dificultad para prever qué número de plazas de reposición hace falta convocar anualmente en cada oferta de empleo público, y los tribunales les dan la razón. Protestas sindicales en el mes de junio Por otra parte, los tres sindicatos principales de la Función Pública, UGT, CCOO y CSIF, han iniciado un calendario de movilizaciones por el atasco en las negociaciones del V convenio del personal laboral de la AGE. El IV convenio se encuentra denunciado desde finales de 2024, pero las conversaciones con Función Pública no avanzan. Una de las reivindicaciones comunes es la subida salarial del personal laboral de la AGE, ya que se busca la equiparación con los funcionarios que tengan los mismos puestos según categoría formativa. También denuncian la falta de cobertura de 17.000 vacantes, de las cuales 11.000 están aprobadas en las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025, pero no se han convocado alegando falta de presupuestos. En opinión de Alberto Pablos, coordinador general del Convenio Único de UGT, si no se produce una subida salarial sustancial, los puestos vacantes serán cada vez menos atractivos. Así lo demuestra la caída en la cobertura de las últimas ofertas de empleo público, pasando de un 87,6% en 2018 a un 61,6% en 2022. Señalan que la diferencia de sueldo entre la categoría más baja del personal del IV convenio y el SMI ha pasado de 170 euros mensuales en 2019 a actualmente 40 euros. Según UGT, esta falta de reposición de las bajas lleva a mayores externalizaciones. No obstante, los sindicatos mantienen diferencias en sus peticiones y no han logrado, por el momento, ponerse de acuerdo en una movilización conjunta ni en una batería de medidas concreta. CCOO, que exige un salario mínimo de 1.500 euros base para el personal laboral, se concentró el martes frente a la sede del Ministerio de Hacienda, mientras que CSIF lo hará este jueves 11 de junio y UGT el próximo 16 de junio. Según reconocen fuentes sindicales, no se espera que las movilizaciones den frutos en el corto plazo y trasladan el escenario de mayor tensión para después del verano. El Ministerio de Función Pública está ultimando con UGT y CCOO un real decreto-ley para solucionar el atasco en las jubilaciones parciales anticipadas del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE). Un colectivo que, al igual que el resto del personal laboral de las administraciones autonómicas y locales, tiene reconocido en su convenio el derecho a retirarse de manera anticipada siempre que se contrate a un relevista, pero, en la práctica, el derecho no se ha podido ejercer desde abril de 2025 por un cambio normativo introducido en el Real Decreto-ley 11/2024.