La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha aprobado este miércoles el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, más conocido como tratado de Barcelona por la ciudad donde se firmó hace casi tres años y medio. El acuerdo estaba en el limbo desde que fue tumbado en mayo del año pasado en el pleno del Congreso con los votos negativos del PP y Vox y la abstención de Junts per Catalunya (JxCat) y Podemos. Ahora, sin embargo, ha salido adelante con 20 votos a favor y 17 en contra, gracias a que estos dos últimos grupos han pasado de la abstención de hace 13 meses al sí. Para su aprobación definitiva queda un último trámite: su ratificación por el pleno de la Cámara baja previsto para la próxima semana. Tras la votación de este miércoles ya no hay duda de que saldrá adelante. El PP ha justificado su rechazo por la cláusula que prevé que un ministro español y otro francés participen por turno rotativo en la reunión del Consejo de Ministros del otro país al menos una vez cada tres meses. Se trata de una fórmula similar a la que Francia aplica con Alemania ,Italia o Polonia, que pretende simbolizar la estrecha relación y el carácter estratégico de la cooperación entre los dos vecinos. Sin embargo, tanto el PP como Vox alegan que este sistema vulnera la Constitución, que tasa la composición del Gobierno, limitándola al presidente, el vicepresidente y los ministros. Para sortear este obstáculo, los titulares de Exteriores español y francés, José Manuel Albares y Jean-Noël Barrot, firmaron en abril pasado un acuerdo de interpretación del tratado que aclara que la incorporación del ministro del país vecino se producirá “en los márgenes” de la reunión del Consejo de Ministros del otro, en un encuentro “por separado” y no en el oficial. Sin embargo, el portavoz del PP, Ricardo Tormo, ha rechazado también esta salida preguntándose por qué no se ha incluido como anexo al convenio y cuestionando la legalidad de que el Congreso tramite por segunda vez un tratado que ya rechazó en los mismos términos en su día. El problema estriba en que modificar el tratado obligaría a volver a someterlo a la aprobación de la Asamblea Nacional francesa. Para el Gobierno, el rechazo del PP no responde a supuestas dudas de carácter jurídico sino a su estrategia de no desaprovechar ninguna oportunidad para derrotar al Ejecutivo en una votación, aunque sea al precio de perjudicar las relaciones internacionales de España. De hecho, los populares se abstuvieron el año pasado cuando el tratado se debatió en comisión y luego cambiaron al no en la votación del pleno. Entonces adujeron que había que esperar a que el Constitucional se pronunciara sobre el recurso presentado por la mayoría del PP en el Senado. Sin embargo, el alto tribunal archivó en diciembre pasado ese recurso con el argumento de que, al haber tumbado el Congreso el tratado, ya no tenía nada sobre lo que pronunciarse, por lo que ese argumento ha decaído.Fuentes de Exteriores se han mostrado muy críticas con la actitud del PP, que “no piensa en gobernar, solo en llegar al Gobierno, que no es lo mismo”, aducen. “No les importa dañar la relación con el socio más importante de España a nivel económico, político y social y debilitar el proyecto europeo con tal de intentar sacar ventaja partidista. No tienen política exterior propia, ni de Estado, solo destructiva”, añaden, con evidente enfado. El inicial rechazo del Congreso al tratado causó estupor en el país vecino. “Es una situación sin precedentes que no entendemos. Objetivamente no hay ninguna razón para votar en contra”, alegan fuentes francesas expertas en la relación bilateral. “Si no se ratifica, tendríamos que decir que España no quiere un tratado así. [Esa decisión] dejará huella, habrá consecuencias. Rezuma falta de confianza y sería muy duro”, añaden. “Cuando un francés vea que España no quiere ratificarlo, no va a hacer una lectura partidista, sino que [pensará que] España en conjunto no quiere firmarlo. Es un tema de país, no de mayorías o minorías”.Aunque se trata de un tratado genérico, como todos los de este tipo, ofrece un marco y unos cauces de diálogo para impulsar el desarrollo y resolver las disputas en áreas concretas, como la cooperación transfronteriza o las interconexiones energéticas. “Sin tratado no hay estrategia transfronteriza ni foro para hablar de interconexiones. En estos momentos, tenemos cumbres con todos nuestros vecinos, menos con España”, añaden las mismas fuentes.El tratado lo firmaron en enero de 2023 el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la cumbre bilateral de Barcelona, de ahí su nombre. Fue la última entre los dos países y no hay fecha para la próxima, ya que se condicionó su celebración a la entrada en vigor del acuerdo. La Asamblea Nacional francesa lo ratificó, con los votos en contra de la ultraderecha de Reagrupamiento Nacional y Los Insumisos, el partido equivalente a Podemos, en marzo de 2025, y la ratificación española estaba pendiente desde entonces. El tratado consta de 36 artículos y regula, entre otras materias, la concertación europea; la política exterior, de seguridad y defensa; justicia e interior; cultura, ciencia y educación; juventud y deporte; industria, agricultura y energía; y dos temas de especial interés para las relaciones bilaterales: la cooperación transfronteriza y las interconexiones de transporte y energéticas. Fuentes diplomáticas subrayan que el acuerdo representa “un enorme salto cualitativo” en las relaciones bilaterales, además del fin de una “anomalía”, ya que España tiene tratados similares con sus principales socios, igual que Francia, pero hasta ahora no había ninguno de esta clase entre los dos países que comparten los Pirineos. También supone una apuesta europeísta clara en un momento en que este proyecto se ve hostigado por varios frentes. En las últimas semanas organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, como la Cámara de Comercio Francesa de Barcelona, con más de 400 firmas asociadas, o la Sociedad Francesa de Hispanistas e Iberoamericanistas (SoFHIA), han hecho llamamientos al Congreso para que desbloqueen un tratado que debe impulsar la cooperación bilateral, en beneficio de ambas sociedades.El país vecino es el primer cliente y el tercer proveedor de la economía española tras Alemania y China, con un volumen de intercambio que supera al de España con el conjunto de América. Más de 300.000 españoles residen en Francia y unos 150.000 franceses en España. Además, más de tres millones de estudiantes del sistema educativo francés eligen cada año el español como segunda lengua extranjera, tras el inglés.