Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda el próximo 14 de julio a París, como invitado al desfile con el que Francia celebra su fiesta nacional, tendrá que explicarle a su anfitrión, Emmanuel Macron, por qué España no ha aprobado aún el tratado de amistad y cooperación entre los dos países que ambos firmaron en Barcelona en enero de 2023. Peor aún: ni siquiera podrá decirle cuándo se aprobará, si es que se aprueba finalmente. El pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, tiene previsto aprobar este jueves un requerimiento para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del acuerdo, que ya fue ratificado en junio pasado por el Congreso. La consulta al Constitucional supondrá que el tratado quede bloqueado en la Cámara alta y se suspenda su tramitación, según fuentes del Grupo Popular.El motivo esgrimido por el PP para cuestionar la constitucionalidad del acuerdo es la cláusula que prevé que un ministro español y otro francés participen por turno rotativo en la reunión del Consejo de Ministros del otro país, al menos una vez cada tres meses. Se trata de una fórmula similar a la que Francia aplica con Alemania, Italia o Polonia, y que pretende simbolizar la estrecha relación y el carácter estratégico de la cooperación entre los dos vecinos. Sin embargo, el PP alega que este artículo vulnera la Constitución española, que tasa la composición del Gobierno, limitándola al presidente, el vicepresidente y los ministros.Para eliminar estos reparos, los titulares de Exteriores español y francés, José Manuel Albares y Jean-Noël Barrot, intercambiaron en abril pasado cartas interpretativas del tratado según las cuales la incorporación del ministro del país vecino se producirá siempre ”en los márgenes” de la reunión del Consejo de Ministros del otro; es decir, en un encuentro ad hoc, “por separado”, y no en la reunión ejecutiva del Gobierno. Sin embargo, el PP sigue insistiendo en que este intercambio postal no forma parte del texto del tratado y, por tanto, no modifica su contenido.El Gobierno cree, por el contrario, que los escrúpulos del PP sobre la constitucionalidad del acuerdo encubren en realidad su propósito de infringir una derrota internacional a Pedro Sánchez y dejar en evidencia que no está en condiciones de aprobar ni siquiera algo tan inocuo como un tratado de amistad con Francia, aunque sea al precio de dañar las relaciones de España con el país vecino.El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido este lunes en declaraciones a TVE de que el PP “está jugando a un juego muy peligroso” y ha calificado de “disparate” que un partido que pretende tener sentido de Estado esté “obstruyendo y dilatando” la entrada en vigor del primer tratado de amistad y cooperación con el principal vecino de España y su primer socio comercial en el mundo. Tras recordar que 300.000 españoles viven en Francia y 1,3 millones en las zonas fronterizas con el país vecino, del que llegan cada año 13 millones de turistas a España, Albares ha acusado al PP de “sabotear los intereses de los españoles” y “obstruir y boicotear” un acuerdo cuya entrada en vigor es “imperativa para proteger las exportaciones españolas”, poniendo en riesgo los intereses nacionales. “¡Dejen de poner palos en las ruedas!”, ha pedido Albares a los populares, con quienes asegura haber mantenido contactos para encontrar una salida que de momento no se vislumbra.No es esta la primera vez que el PP lleva al Constitucional el llamado Tratado de Barcelona, por la ciudad donde se firmó. Ya lo hizo el año pasado, pero en aquella ocasión el alto tribunal archivó la consulta después de que el acuerdo fuera rechazado en el Congreso, por lo que alegó que había dejado de existir el objeto de la misma. Sin embargo, el Gobierno volvió a enviarlo a la Cámara baja y en junio pasado salió finalmente adelante, pese al rechazo del PP y Vox, gracias a que Podemos y Junts cambiaron su abstención de 13 meses antes por el sí. Cuando el camino hacia la entrada en vigor parecía expedito, ya que el probable veto del Senado podía ser revertido por el Congreso, la consulta al Constitucional vuelve a dejarlo en el limbo. La paralización de la entrada en vigor del tratado tiene una primera consecuencia práctica: España y Francia no han vuelto a celebrar ninguna reunión de alto nivel, con presencia de varios ministros de los dos gobiernos, desde enero de 2023. No tendría sentido, alegan fuentes diplomáticas españolas, mientras siga en el limbo el resultado de la última reunión de este tipo: un tratado que debía servir de marco para impulsar la cooperación en todos los ámbitos, desde la transfronteriza a la cultural, pasando por las consultas sobre los temas de la agenda europea o las interconexiones energéticas. Por su parte, fuentes diplomáticas francesas no ocultan su incredulidad e indignación ante el bloqueo del tratado de amistad entre los dos países y advierten de que en Francia se verá como un desaire por parte de España, sin entrar a discernir qué partido es responsable ni cuáles son las razones de política interna española que lo explican.