"Pasamos de recibir 500 euros al mes a quedarnos sin nada despu�s de que los m�dicos, el colegio y hasta una jueza nos dieran la raz�n. �Qu� m�s podemos hacer?". Joaqu�n Dosrey lleva m�s de tres a�os buscando una respuesta. Lo cuenta junto a su mujer, Julieta Fern�ndez, en el sal�n de su casa de Palm�s (Orense), mientras despliega sobre la mesa una abultada carpeta repleta de informes m�dicos, resoluciones administrativas y documentos escolares.Son los restos de una interminable batalla burocr�tica que, seg�n denuncian, jam�s debi� llegar tan lejos y cuyo �ltimo rev�s todav�a les resulta imposible de explicar: c�mo su hijo Ignacio lleva m�s de seis meses sin recibir ninguna ayuda econ�mica despu�s de que la Justicia obligara a la Consejer�a de Pol�tica Social a corregir la valoraci�n que le rebaj� el grado de dependencia y de que la propia Xunta de Galicia elevara recientemente su grado de discapacidad del 78% hasta el 85%."Nuestro hijo est� pagando cada d�a las consecuencias de un error que nadie quiere reconocer. Mientras las administraciones buscan excusas, �l sigue viviendo una situaci�n que para nosotros es una aut�ntica desgracia", denuncian.El peque�o, que acaba de cumplir los 11, padece par�lisis cerebral y un trastorno del espectro autista (TEA) grave que le obliga a depender de ayuda constante para afrontar cualquier tarea cotidiana. Es un menor no verbal que se comunica a trav�s de una tableta con la que apenas puede pedir un yogur cuando tiene hambre o repetir algunas de las palabras que m�s le gustan cuando sale del colegio, como "barco" o "tren". Despu�s de a�os de rehabilitaci�n, solo ahora ha empezado a ponerse en pie y a dar sus primeros pasos sostenido por Joaqu�n y Julieta. "Necesita supervisi�n constante las 24 horas del d�a. En el colegio tiene una cuidadora que le acompa�a durante toda la jornada escolar y, cuando llega la noche, tambi�n tiene que dormir con aparatos ortop�dicos por los problemas de cadera que padece", explican.El autismo que desapareci� del informePrecisamente por la gravedad de su situaci�n, el caso de Ignacio nunca hab�a estado en discusi�n. En 2017 la Xunta le reconoci� el grado III de dependencia, el m�ximo previsto por la ley, una condici�n que permit�a a la familia afrontar parte de los gastos derivados de sus cuidados mediante una prestaci�n cercana a los 500 euros mensuales con la que sufragaban terapias, tratamientos y otros apoyos imprescindibles para garantizar su atenci�n. "Hasta que una evidente negligencia nos dej� desamparados", recuerdan.En octubre de 2023, Pol�tica Social acord� una revisi�n de oficio para actualizar su expediente. Era un tr�mite rutinario, una de esas comprobaciones peri�dicas que, en teor�a, no deb�an alterar una situaci�n cl�nica acreditada durante a�os. Sin embargo, la sorpresa lleg� cuando la familia recibi� la resoluci�n y comprob� que el informe elaborado por el t�cnico del servicio de dependencia de Orense que hab�a acudido a su vivienda para evaluarlo rebajaba a Ignacio al grado II de dependencia. Una decisi�n dif�cil de encajar en un menor cuya situaci�n cl�nica se hab�a agravado con el paso del tiempo.Adem�s, la resoluci�n supon�a un importante recorte de la prestaci�n econ�mica que la familia percib�a a trav�s del Programa Individual de Atenci�n (PIA). Pero el verdadero desconcierto lleg� al revisar el expediente. Seg�n denuncian, la valoraci�n hab�a omitido por completo el trastorno del espectro autista que figuraba en el historial cl�nico de Ignacio y que, lejos de estar en discusi�n, ha sido ratificado por distintos especialistas a posteriori.Cuando intentaron ponerse en contacto con el servicio de Dependencia para pedir explicaciones, la respuesta fue siempre la misma. Seg�n relatan, se les traslad� que todo "se hab�a realizado correctamente y conforme al baremo vigente". Convencidos de que exist�a un error, decidieron acudir a los tribunales.Una victoria judicialEn una sentencia dictada en noviembre de 2024, el Juzgado de lo Social de Orense concluy� que la situaci�n de Ignacio era sustancialmente la misma que cuando obtuvo el grado III en 2017 y consider� que la resoluci�n administrativa no era ajustada a derecho. El fallo obligaba, al menos sobre el papel, a Pol�tica Social a restituir el m�ximo grado de dependencia y a asumir las consecuencias derivadas de esa decisi�n.Para Joaqu�n y Julieta aquello deb�a poner fin al conflicto. Pero ocurri� exactamente lo contrario.Lejos de asumir el error y restituir el mismo r�gimen de ayudas del que disfrutaban antes de la revisi�n (tal y como hab�a ordenado la jueza), la Xunta sigui� manteniendo una cuant�a inferior. No solo eso. Poco despu�s exigi� adem�s facturas de varios servicios vinculados a la rebaja de dependencia, pese a que la familia nunca los utiliz� porque recurri� aquella decisi�n desde el primer d�a. "Es absurdo. Nos rebajan la dependencia, nos obligan a acogernos a unos servicios que nunca aceptamos, una jueza acaba d�ndonos la raz�n y despu�s nos piden las facturas de esos mismos servicios. No tiene ning�n sentido", denuncia Joaqu�n.La tensi�n fue creciendo durante los meses siguientes. La familia asegura que recibi� varias llamadas "de tono hostil" de quien se present� como jefe del servicio de Dependencia de Orense. Seg�n su relato, en una de ellas les advirti� de que una nueva valoraci�n podr�a traducirse en una reducci�n todav�a mayor de los recursos asignados a Ignacio, algo que interpretaron como una "medida de presi�n" para que aceptaran las nuevas condiciones. "Llegamos a decirle hasta en dos ocasiones que nos sent�amos amenazados", confiesan.Sin ayudas desde hace seis mesesPero lo peor a�n estaba por llegar. En diciembre, Pol�tica Social suspendi� cautelarmente todas las prestaciones al considerar que no se hab�an presentado las facturas requeridas y ante la negativa de los padres a aceptar las nuevas condiciones. De la noche a la ma�ana, Ignacio pas� de percibir cerca de 500 euros mensuales a quedarse sin nada. Desde entonces, los gastos han reca�do �ntegramente sobre el hogar. Una carga especialmente dif�cil de asumir en una casa con tres hijos, otro de los cuales tambi�n tiene un elevado grado de dependencia.Aun as�, aseguran que nunca han reducido los cuidados ni las terapias. "No es una cuesti�n de dinero. Ignacio no ha dejado de ir a terapia ni un solo d�a. Es m�s, hemos aumentado algunas sesiones y las hemos pagado nosotros. Parece que creen que ese dinero podr�a destinarse a otra cosa, pero nuestra prioridad siempre han sido nuestros hijos. Lo �nico que pedimos es que se corrija una equivocaci�n", afirma Joaqu�n.Despu�s de m�s de tres a�os de recursos, informes, valoraciones y sentencias, y con pocas esperanzas de que la situaci�n se desbloquee por otras v�as, a la familia solo le queda hacer p�blico su caso. "Solo pedimos que vuelvan a evaluar a nuestro hijo y que se cumpla la ley. Nuestra guerra no es contra la Xunta, que durante a�os nos ha ayudado y donde seguimos encontrando apoyo en algunos departamentos. Nuestra pelea es contra un error que nadie quiere reconocer. Si creen que estamos equivocados, que lo expliquen. Y si hubo un error, que lo admitan".EL MUNDO se puso en contacto con el jefe del servicio de Dependencia de Orense se�alado por la familia para recabar su versi�n de los hechos. El responsable neg� las acusaciones y declin� realizar cualquier valoraci�n sobre el caso, aunque asegur� conocer la situaci�n. Por su parte, la Consejer�a de Pol�tica Social e Igualdad sostiene que ha cumplido "estrictamente" con lo establecido en la sentencia judicial, que, seg�n recalca, se limitaba a pronunciarse sobre el grado de dependencia reconocido al menor. El Gobierno gallego defiende que ejecut� el fallo restituyendo a Ignacio el grado III de dependencia y recuerda que las valoraciones de dependencia y discapacidad son realizadas por personal t�cnico funcionario independiente. Respecto a las prestaciones econ�micas reclamadas por la familia, asegura que la normativa exige la presentaci�n de la documentaci�n justificativa correspondiente y subraya que, hasta la fecha, no se han aportado las facturas ni los documentos requeridos, por lo que no puede realizar ning�n pago.