"No soy la única, somos muchas las madres que no podemos más ante tanta injusticia". Con esa frase concluye una carta abierta que Juana Rivas ha escrito y ha hecho llegar a Público 365 días después de la entrega forzosa de su hijo menor, Daniel, a su progenitor, Francesco Arcuri. Un escrito con el que la madre granadina trata de evitar que su situación y la que están sufriendo sus hijos, como les ocurre a muchas otras mujeres y criaturas en nuestro país, caiga en el olvido.PublicidadEl pasado sábado se cumplió un año desde que Daniel se vio obligado a abandonar España y poner rumbo a Carloforte (Cerdeña, Italia) junto a Arcuri, después de que los tribunales rechazaran las últimas iniciativas planteadas por la defensa de Rivas para que se respetara la voluntad del menor de permanecer en España junto a su familia materna. La entrega forzosa de Daniel se produjo cuando sobre su progenitor pesaba ya una causa penal abierta en Italia por un delito maltrato físico y psicológico "grave y continuado" contra él y su hermano Gabriel, ya mayor de edad. Rivas recuerda en la carta que el menor contaba con una medida de protección acordada por un juzgado español que autorizaba su permanencia en España mientras se resolvía el procedimiento penal italiano y cuestiona que la ejecución de la resolución civil italiana fuera compatible con el orden público español. "Pese a todo esto", escribe la madre granadina, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ejecutó la entrega forzosa del niño a su padre. Aquel día su hijo fue "arrancado por segunda vez" de su lado. Desde el 25 de julio de 2025, ni ella ni Gabriel ni ningún miembro de la familia materna han podido comunicarse con Daniel porque, según ha explicado Rivas, Arcuri lo impide. Situación que ha sido denunciada ante las autoridades italianas. La madre ha relatado además un episodio ocurrido el pasado 31 de mayo que le hace pensar que el progenitor miente sobre el estado de su hijo. Según ha contado, una persona residente en Carloforte les comunicó que había visto al menor desplazándose junto a otroa niños en silla de ruedas. La familia, sin embargo, no recibió ninguna explicación por parte de Arcuri sobre lo sucedido. También esos hechos han sido puestos en conocimiento de la justicia italiana, donde, según ha indicado Rivas, existe señalada una audiencia civil para el próximo 19 de agosto.Junto a ello, Rivas ha denunciado la distinta velocidad con la que, a su juicio, avanzan los procedimientos judiciales dirigidos contra ella y aquellos que afectan a Arcuri. La ganadina recuerda que la apertura del juicio penal en Italia llegó tras cuatro años de instrucción y lamenta que el proceso continúe desarrollándose mediante audiencias espaciadas en el tiempo, mientras Daniel permanece "bajo el control exclusivo y absoluto" de quien considera su agresor.PublicidadMás allá de la situación concreta de Daniel, Rivas sostiene que su historia no constituye una excepción y asegura que existen numerosas madres que consideran que el sistema judicial no protege adecuadamente a sus hijos cuando denuncian violencia. "Si se contara esta historia sin dar datos, ¿alguien pensaría que esto está ocurriendo en Europa?", se pregunta la andaluza. "Vine hace diez años a España, mi país y también el de mis hijos (sólo habíamos vivido tres años en Italia), pidiendo protección y ayuda, huyendo de un maltratador, y la justicia no sólo me dio la espalada, sino que me ha criminalizado, perseguido, encarcelado y, sí, también enfermado", ha expresado en el escrito. Daniel había expresado "miedo" a volver con su padrePara entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que volver a las Navidades de 2024. Daniel, que entonces tenía diez años, viajó desde Carloforte a Granada para pasar las fiestas junto a su madre y Gabriel. Debía regresar a Italia el 2 de enero de 2025, pero no lo hizo. El 7 de enero, después de escuchar personalmente al menor, una jueza de guardia adoptó una medida urgente de protección que permitía su permanencia en España. El niño había expresado "miedo" a volver con su padre y la magistrada consideró serio y creíble su relato. Daniel permaneció desde entonces con su familia materna y fue escolarizado en Granada.La decisión no surgía de la nada. En diciembre de 2024, Francesco Arcuri había pasado a ser formalmente investigado en Italia por malos tratos a Gabriel y Daniel. Y, en junio de 2025, un juez acordó enviarlo a juicio oral.PublicidadLa causa italiana recoge las denuncias acumuladas durante años por los dos hermanos. Entre el material aportado figuran mensajes, fotografías de lesiones, partes médicos, informes psicológicos y grabaciones. Una de ellas había sido enviada por el propio Gabriel a su madre el 16 de abril de 2019, cuando tenía solo 13 años. En el audio decía tener miedo y aseguraba que su padre le había pegado a él y también a Daniel. "Me cogió del brazo y me tiró contra la pared. A Dani le hizo lo mismo, le tiró en la escalera y se quedó llorando… en el suelo (...) Mami, por favor, tengo miedo, no quiero volver con papi. Me ha pegado y ha cogido a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte", confesaba en el mensaje de voz.Gabriel continuó viviendo en Italia hasta los 16 años. Regresar definitivamente a España después de denunciar una nueva agresión y mostrar las lesiones que presentaba. Ya mayor de edad, emprendió acciones judiciales contra su padre y trató de impedir que su hermano menor atravesara el mismo recorrido. En la víspera de la entrega de Daniel, el mayor de los hermanos se dirigió incluso a las autoridades españolas: "No permitan que lo seden y entreguen mañana, como hicieron conmigo hace ocho años. Escuchen a Daniel antes de que sea demasiado tarde".Paradójicamente, mientras la jurisdicción penal italiana investigaba a Arcuri, la vía civil continuó atribuyéndole la custodia de Daniel. También en España tuvieron lugar decisiones difíciles de entender. Por una parte, seguía vigente la protección penal concedida a Daniel después de que fuera escuchado el 7 de enero. Por otra, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada debía decidir sobre si ejecutar la resolución civil italiana que ordenaba su retorno. El 9 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 4 archivó inicialmente una denuncia de Arcuri contra Rivas por sustracción de menores y reconoció la vigencia de aquella medida cautelar, recordando que la jurisdicción penal es preferente a la civil. Sin embargo, durante el verano acabó imponiéndose la orden de entrega.La defensa de Rivas sostuvo hasta el último momento que el retorno no podía ejecutarse automáticamente, entre otros motivos porque la normativa europea permite rechazar el reconocimiento de resoluciones extranjeras contrarias al orden público y obliga a dar al menor la oportunidad real de ser escuchado. Daniel, sin embargo, no volvió a comparecer ante el juzgado civil que ordenó la entrega. La única audiencia judicial que había tenido lugar en España era la de enero, precisamente aquella en la que declaró que tenía "mucho miedo" y que no podía regresar con su padre.Juana Rivas, investigada de nuevoLa entrega tampoco cerró el frente judicial abierto contra lRivas. Francesco Arcuri había presentado una nueva denuncia por sustracción de menores debido a que Daniel no regresó a Italia el 2 de enero. La Audiencia Provincial de Granada acordó continuar la investigación apenas unas horas antes de que se ejecutara el retorno del menor.Rivas declaró como investigada ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada el 30 de octubre de 2025. Su defensa centró el interrogatorio en el miedo manifestado por Daniel y en las pruebas que acompañaban a la denuncia por malos tratos. Los abogados pidieron el archivo de la causa al considerar que no existía voluntad de sustraer al niño, sino de protegerlo mientras permanecía vigente una medida judicial cautelar española. El procedimiento revestía una importancia añadida por los antecedentes de Rivas. La madre granadina había sido condenada en 2018 por sustracción de menores después de permanecer en paradero desconocido durante un mes con sus hijos en el verano de 2017. El Tribunal Supremo redujo la condena inicial de cinco años a dos años y medio de prisión y, en 2021, el Gobierno le concedió un indulto parcial condicionado a que no volviera a cometer el mismo delito durante cuatro años. Una eventual nueva condena podía, por tanto, afectar a aquella medida de gracia.PublicidadEl origen del caso se remonta aún más atrás. En 2009, Arcuri fue condenado en España a tres meses de prisión y a 18 meses de alejamiento por un delito de lesiones en el ámbito familiar contra Rivas. Ambos retomaron posteriormente la relación, tuvieron a Daniel y se instalaron en Carloforte. En 2016, ella regresó a Granada con sus dos hijos y acudió al Centro de la Mujer de Maracena, donde manifestó que huía de un contexto de violencia y temía por su seguridad y la de los niños.La denuncia presentada entonces en España no fue tramitada con rapidez. Según ha denunciado reiteradamente el equipo que acompaña a Rivas, permaneció durante más de un año sin ser remitida a Italia y allí acabó archivada sin una investigación efectiva. Mientras tanto, los tribunales ordenaron la devolución de los niños a su padre. Francisca Granados, directora del Centro de la Mujer de Maracena, ha explicado en reiteradas ocasiones que, a su juicio, aquel fue "el primer gran error" y que el sistema judicial español "falló estrepitosamente" al no tratar el asunto como un caso de violencia de género y posible violencia contra los hijos.Gabriel describió "amenazas de muerte"El juicio contra Arcuri se abrió formalmente el 18 de septiembre de 2025, después de cuatro años de instrucción. La declaración de Juana Rivas y de su hijo mayor se produjo en febrero de 2026. Rivas compareció detrás de un biombo y contó que Arcuri golpeaba, escupía e insultaba a los niños. "Los dos me decían que iban a morir", declaró ante el tribunal. Según su testimonio, el acusado llamaba a sus hijos "bastardos" y les decía que daban asco "como su madre".PublicidadGabriel describió, por su parte, "vejaciones", "amenazas de muerte" y "un maltrato físico y psicológico continuado" dentro de una "situación permanente de miedo y terror". Por primera vez pudo relatar directamente y sin la presencia ni la tutela de su padre las violencias que asegura haber sufrido. Daniel, en cambio, sigue viviendo con Arcuri mientras se enjuician estos hechos; durmiendo bajo el techo de su progenitor imputado por maltratarle y yendo a declarar de su mano a sabiendas de que a la salida quien le esperará también será él.