Aurora es víctima de violencia machista y, cuando por fin se atrevió a denunciar, no sabía que los procesos son tan lentos que la espera acabaría siendo una compañera más en casa. A eso se dedica: a esperar. Su nombre es ficticio porque vive aterrada. Para su caso, se pidió una valoración del equipo técnico del juzgado, formado por un profesional de la psicología y otro del trabajo social. Un documento que certificará el daño que ha sufrido, cómo la violencia la ha atravesado y qué consecuencias ha tenido en su vida. Estuvo ocho meses esperando a que le realizaran esa valoración. Han pasado otros tres desde entonces, esperando el resultado sin saber nada. Su caso no es aislado: la saturación en muchos de estos equipos genera retrasos insoportables en los juzgados, que pueden llegar a superar el año en procesos por violencia machista y sexual, e incluso los dos años en tribunales de familia, para asuntos como la custodia de los hijos en casos de divorcio. La presidenta de la Asociación Española de Trabajo Social Forense, Flor Redondo, es tajante: “Un informe que llega un año tarde es una vida congelada”. Porque “no es un mero problema burocrático ni estadístico, sino una cronificación del sufrimiento humano y una desprotección real de la ciudadanía”. “Una justicia lenta deja de ser justicia”, zanja. En el ámbito penal, “la demora de los informes periciales se relaciona directamente con la seguridad de las personas víctimas”, explica Redondo. En el civil, en procesos como pueden ser divorcios y separaciones, “los niños, niñas y adolescentes viven una situación de provisionalidad e incertidumbre, no saben con quién, dónde y cómo se van a quedar”. Y así, en ese sinvivir, puede ir pasando un mes detrás de otro. “¿Esto qué hace? Eleva y estira el conflicto familiar y genera un claro desgaste emocional”, afirma. Amparo Díaz, abogada experta en violencia machista, tiene ahora un caso, en Andalucía, para el que el informe del equipo psicosocial “ha tardado un año”. Dice que “todo lo que sean informes supone un problema”, ya sea por el volumen de trabajo que acumulan los equipos o por cuestiones del juzgado. “Pero, en cualquier caso, todas estas situaciones son, en general, peligrosísimas para las víctimas”.Estas esperas son especialmente graves en casos de violencia, o cuando se trata de recabar el testimonio de los niños. Aquí es vital actuar rápido. Pero esa es la teoría. Sabina Galdeano, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia que trabaja en Andalucía, cuenta que uno de sus clientes presentó una demanda de divorcio en 2021. Para intentar desatascar el conflicto, la pareja acordó que su hijo saltaría cada día de casa en casa, para pasar una noche con cada uno. “Pensaron que era cuestión de unos meses. El informe del equipo psicosocial no se hizo hasta dos años después, y el juicio no lo tuvimos hasta 2025”. Cuatro años alternando cada noche de cama, de habitación en la que hacer los deberes. Es un ritmo de trabajo que, sostenido en el tiempo, genera cierta tensiónRaquel Domínguez, presidenta de la Asociación de Psicología Forense de la Administración de JusticiaLos equipos psicosociales de los juzgados —formados por psicólogos y trabajadores sociales, y, en caso de menores infractores, también educadores sociales— efectúan entrevistas, investigación y análisis en procesos civiles y penales y a veces los informes resultantes de ese trabajo constituyen la única prueba. Se encargan también de recabar y grabar el testimonio de los menores en fase de instrucción, para que no tengan que volver a hablar en el juicio y evitar el daño que pueden sufrir al revivir su historia. ¿El problema? La tremenda disparidad con la que funcionan según el territorio porque disponen de distintos recursos: hay lugares en los que la tarea es asumible y en otros, ni mucho menos. Lo que agrava el atasco en los juzgados.Tanto los trabajadores sociales como los psicólogos consultados explican que pueden realizar, de media, entre cinco y siete informes al mes. Raquel Domínguez, presidenta de la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia, expone que “es un ritmo de trabajo que, sostenido en el tiempo, genera cierta tensión”. Entre que el juez lo pide, llega a la mesa del técnico y se emite el informe: “el tiempo medio estimado está entre tres y seis meses por el funcionamiento ordinario normal de un servicio”.Pero esta especialista afirma que “todo lo que pase de ahí empieza a ser anómalo, y todo lo que pase del año ha vulnerado derechos del ciudadano”. Y, cuando media violencia, los tiempos recomendables se acortan. “Un menor víctima no puede esperar más de tres meses, y las mujeres tampoco. Todo lo que pase de ahí está vulnerando derechos y revictimiza. Debería haber inmediatez”.El derecho a la tutela judicial efectiva depende del código postal en el que vivasFlor Redondo, presidenta de la Asociación Española de Trabajo Social ForenseLos equipos técnicos de los juzgados forman parte de los institutos de medicina legal y ciencias forenses en España (IMLCF). Para los casos de violencia machista, se crearon a partir de 2004 las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), que incluyen los mismos especialistas, además del médico forense, y también dependen de estos institutos. Este diario ha realizado una docena de entrevistas y todas coinciden en algo: faltan manos, y esto deriva en retrasos inaceptables. El Defensor del Pueblo ha emitido diversas recomendaciones por asuntos que se dilataban demasiado, alguno llegando incluso a los dos años.“El derecho a la tutela judicial efectiva depende del código postal en el que vivas”, expone Redondo, de la asociación de trabajadores sociales forenses. Ella trabaja en Madrid y asegura que en la capital no hay tantos problemas de espera, mientras que en la periferia pueden acumular retrasos de más de un año. Según las fuentes consultadas, el problema es especialmente acuciante en las comunidades dependientes del Ministerio de Justicia (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Baleares y Murcia, además de Ceuta y Melilla). Aunque en el resto, donde las competencias fueron transferidas, el funcionamiento es también desigual. El ministerio, para los territorios sobre los que tiene competencias, ha activado un proyecto piloto en colaboración con el IMLCF de Cáceres con el objetivo de “homogeneizar criterios y mejorar la eficiencia en la emisión de las pericias solicitadas” y elaborar una guía común. Lo que cuentan los profesionales es que en estos territorios se les está instando a trabajar más deprisa: acelerar la metodología para emitir más informes, y creen que peligra la calidad. “Insuficiencia estructural de recursos humanos”La Asociación Española de Trabajo Social Forense y la Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia —que representan a los alrededor de 900 especialistas de estos dos ámbitos empleados en los juzgados, según sus propias estimaciones—, enviaron este martes un manifiesto conjunto a Justicia y las direcciones de los IMLCF en el que se muestran “plenamente conscientes de la situación de saturación y sobrecarga que afecta a numerosos” institutos y recalcan que en “buena parte” se debe a una “insuficiencia estructural de recursos humanos”.Piden “respeto pleno a la autonomía científica, metodológica y deontológica” en su trabajo y “el cese de cualquier instrucción, indicación, recomendación o directriz, ya sea formal o informal, orientada a condicionar o limitar la duración de las intervenciones, la metodología aplicada, la estructura, extensión o contenido de los informes periciales”. Una integrante de uno de estos equipos, que pide anonimato, explica que les están pidiendo informes más breves y acortar las entrevistas: “La obsesión que percibimos desde arriba son los números y aquí la clave no es el cuánto, sino el cómo. ¿Has escuchado bien a esta víctima de maltrato? ¿Le has dedicado el suficiente tiempo a este niño, a esta familia?”. A preguntas de este periódico, Justicia asegura que “no existe ninguna instrucción del ministerio dirigida a reducir la calidad de las pericias”, y “por el contrario, se establecen criterios de eficiencia y calidad”. Es difícil marcar una media de tiempo: en ocasiones basta con hablar con una persona, en otras hay que hacerlo con el padre, la madre, todos los niños de esa familia, el colegio y el punto de encuentro familiar. Domínguez, la presidenta de la asociación de psicólogos forenses, explica que hay grandes diferencias por provincias en dotación de personal. “Por ejemplo, Soria funciona bien”, asegura. “En otras, la situación es crítica, como Toledo o Guadalajara”, donde hay un solo puesto de psicólogo para toda la provincia. Lourdes de Lucas, vicepresidenta de esta misma asociación, trabajó allí durante casi 25 años, hasta que pidió un traslado porque la situación era “insostenible”. “Ahora hay tres vacantes sin cubrir, dos de psicólogo y una de trabajador social”, afirma. El “salto cualitativo” de CataluñaJusticia explica que “en los últimos años el ministerio ha constatado la dificultad de cubrir vacantes” en distintas partes del territorio y que convocatorias de concursos de traslados en diversas provincias han quedado desiertas, entre ellas Guadalajara. En el otro extremo está Cataluña, una autonomía que, cuando se nombra, varias profesionales aseguran que “es otra cosa”. Allí ha habido “un salto cualitativo”, dice Anna Mateu Vidal, psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de esa comunidad y coordinadora de las unidades de valoración forense integral catalanas. Hace dos años se puso en marcha un plan de mejora para estas unidades con el Pacto de Estado contra la violencia de género: se incorporaron más profesionales, se cambiaron protocolos y circuitos. Si en 2023 hicieron 60 valoraciones, en 2025 fueron 1.111, de las que 472 (42%) eran valoraciones forenses integrales. Tienen ya 27 profesionales dedicados de manera exclusiva. Y especializados. Esto para Mateu es clave: “Tienen un programa de formación inicial, que es básico. Y después la formación continuada”.Jubilaciones y fuga de profesionalesCoincidiendo con las protestas de los trabajadores, que han cogido impulso en las últimas semanas tras la queja de un juez de Don Benito (Badajoz), que se viralizó, Justicia ha informado de que se reforzará con 33 nuevos profesionales los IMLCF que dependen del ministerio (de los cuales 23 son para equipos técnicos). Y el ministerio asegura tener un “compromiso firme” con la funcionarización del personal laboral, una reclamación histórica del colectivo, que viene contemplada en un proyecto de ley en trámite parlamentario. Para ambas asociaciones, 33 nuevos puestos son insuficientes. Parte de los trabajadores de las autonomías dependientes del ministerio forman una plataforma que contabiliza “49 plazas vacantes”, explica Alicia García Peña, trabajadora social de Valladolid y miembro de esta plataforma, “aunque se necesitarían más”. “Está habiendo jubilaciones y se está marchando gente porque es un trabajo muy duro” y la retribución no acompaña, lamenta García Peña, con más de 20 años de experiencia. Explica que un trabajador social puede cobrar mucho más en una administración pública que en un juzgado. “Que se nos haga funcionarios, además, sería clave para que el relevo de personal fuese más rápido”. El problema, nuevamente, es la enorme disparidad. Hay autonomías donde son funcionarios, en otras, personal laboral; en unas se cobra más que en otras; también hay diferencias en el acceso a la propia plaza, e incluso en la formación que reciben. Y esta heterogeneidad ha estado ahí desde el inicio. Los institutos de medicina legal surgen en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, y es 11 años después cuando se regula por real decreto el reglamento de estos “órganos técnicos, cuya misión es auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del registro civil mediante la práctica de pruebas periciales médicas”. Paralelamente, iba produciéndose el traspaso de competencias de Justicia a gran parte de las comunidades. Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, explica que eso “permitió una creación rápida allí donde hubo voluntad política, pero también fragmentación”. Después, a partir de la aprobación de la Ley de Violencia de Género, en 2004, se crearon las unidades de valoración forense integral”, recuerda el forense. Más de 20 años después, hay territorios en los que no han sido realmente constituidas, y no operan como deberían. La Fiscalía General del Estado, en su última memoria, del pasado año, alude a las “notables diferencias territoriales” en las UVFI, que “comprometen seriamente la protección de las víctimas”. En esa memoria hay ejemplos. Muchos. En Cádiz habla de “demoras inauditas”; “Toledo carece de psicólogo fijo”; “Segovia acumula retrasos de hasta ocho meses”; Pontevedra, “de hasta 14”. El problema, también, de las externalizacionesGaldeano, la vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia, suma la cuestión de las externalizaciones: “En comunidades como Andalucía hay equipos psicosociales que dependen de los juzgados, pero otros se han sacado a concurso y empresas de peritaje se encargan de contratar a sus miembros. Así no siempre se puede garantizar adecuadamente la calidad”. Justicia tiene desde hace una década un acuerdo con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la realización de pericias psicológicas en los procesos judiciales y asegura que se les exige una cualificación técnica acreditada y un mínimo de 200 horas de formación, así como experiencia práctica mediante “la realización de al menos ocho informes periciales, de los cuales seis deben pertenecer al ámbito civil”. Sobre las externalizaciones de equipos, Tomás Luis Martín, titular del juzgado de instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria, el primero del país especializado en violencia contra la infancia, opina: “Esto se convierte en un negocio. Pasan los años y no estás invirtiendo en reconfigurar plantillas, sino que inviertes un dinero que sale y no vuelve”. En la otra cara de la moneda, habla de los equipos que funcionan bien, “y cuyo contrato expira a los seis meses y vuelve a sacarse un concurso, por lo que toca volver a empezar”.