Muy cerca del desierto de Tabernas, en la pedanía de Las Alcubillas, en Almería, Alina Florentina y su excuñado oían desde la puerta de un cortijo en medio de la nada el teléfono móvil de Cristian Iona, expareja de ella. Pero nadie descolgaba. Fue a finales del invierno del año pasado, un domingo pasadas las diez de la noche después de que Florentina hubiese esperado horas a que Iona le devolviera a sus hijas. Las encontró cuando abrieron de una patada la puerta: Elisa y Larisa, que tenían dos y cuatro años, llevaban muertas más de 12 horas. Su padre, Iona, con una orden de alejamiento de su exmujer por violencia machista desde hacía dos años, las había envenenado en una de las visitas que tenía acordadas por un juzgado. “Prácticamente todos los casos de violencia vicaria han podido ocurrir por fallos”, resume la jurista Altamira Gonzalo.
Fallos en cualquier eslabón de la cadena de un sistema que, se supone, está configurado desde hace años para proteger a niños, niñas y mujeres de la violencia machista; y muchos de esos errores se dan en las instancias judiciales, “que sí, siguen siendo patriarcales”, añade. Ella es de una de las expertas de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que este martes hizo público el Estudio del tratamiento judicial dado a mujeres, sus hijas e hijos menores de edad en los procedimientos de derecho de familia en los que se ha constatado la existencia de violencia de género, un título largo con una conclusión breve, que en España la propia justicia no está aplicando o está contraviniendo la legislación vigente.
