El asesinato machista de una denunciante protegida en Córdoba obliga a replantearse los protocolos y los medios de prevención
Tulia Ester denunció el pasado fin de semana a su exmarido por violencia. El lunes, fue acuchillada en el rellano de su casa cuando salía para acudir al juicio rápido que se iba a celebrar esa misma mañana en el juzgado de Violencia de Córdoba. Con ella son ya 1.359 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas desde que en 2003 se comenzaron a contabilizar estos casos en España. En lo que...
llevamos de año, van ya 16 víctimas mortales: el doble que las registradas en 2025 por estas fechas. Pero existe otro dato que agrava esta brutal escalada de muertes: la mitad de ellas, como Ester, habían denunciado a su agresor.
La víctima, una mujer colombiana de 64 años que llevaba 30 en España, llevaba separada 20 años de su presunto asesino, un español de 65 años. Él entró el viernes su casa con un martillo, machacó el equipo de música, la agarró por el pecho y la amenazó con destrozar el resto. El sábado fue detenido, tras la denuncia de la mujer, y puesto en libertad provisional con una orden de alejamiento. Nadie pidió su ingreso en prisión; tampoco la Fiscalía. A ambos se les incluyó con calificación de “riesgo medio” en el sistema VioGén, que concede protección policial para ella. Tulia Ester rehusó la oferta de que un agente la acompañara al juicio. Su exmarido se saltó la orden de alejamiento. Los expertos saben bien que la mayoría de las víctimas no son capaces de ver el peligro mortal que corren. Pero es lamentable que la infravaloración del riesgo venga de las autoridades. A la vista del resultado, ni el riesgo de la situación era medio ni el alejamiento podía quedar en manos del agresor.
