“Carencias muy extendidas” e “importantes diferencias territoriales” son las dos principales conclusiones que el Consejo General del Poder Judicial ha extraído de la encuesta que durante febrero y marzo contestaron la mitad de los titulares de juzgados que tienen competencias en violencia sobre la mujer: 121 Juzgados específicos de violencia machista, los 314 juzgados compatibles y los 42 de lo Penal. Un resultado que no supone ni novedad ni sorpresa.
Estos jueces y juezas llevan años sobrepasados y advirtiendo no solo de la falta de recursos (humanos y materiales) sino del cúmulo de trabajo, cada vez mayor; y en enero a todo eso se le unió la ley de eficiencia judicial, de la que 135 titulares de esos juzgados dijeron que iba a suponer su “colapso total” porque con ella estos órganos deberán asumir todos los delitos sexuales con mujeres como víctimas ―desde las agresiones a la trata, los matrimonios forzados o el acoso―, algo que fijó la ley de Libertad Sexual y que, según sus cálculos, supondrá un aumento de al menos el 20% de su carga de trabajo.
Ahora, el informe de esta encuesta, elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, da cuenta de parte de esa realidad de la que llevan años hablando estos jueces y juezas que ven cómo en la mitad de sus juzgados hay un alto índice de rotación del personal, lo que retrasa el trabajo, y valoran los medios personales con los que cuentan con un aprobado raso, un 2,6 sobre un máximo de 5.
