A ustedes les pasará, como a tantos otros padres, que en su móvil se abren debates improvisados sobre el momento que vive la escuela en Cataluña. Discusiones que amanecen en cada nueva jornada de huelga en este final de curso agónico, marcado por el rechazo al preacuerdo alcanzado entre el Departamento de Educación y los sindicatos. Familias preocupadas y agotadas con la logística doméstica, maestros movilizados por el malestar y representantes sindicales descolocados por el resultado de una consulta que ha certificado que, como mínimo Ustec, no controlaba el pulso de las bases. Es el paisaje de junio en las aulas catalanas, una agitación que debería preocupar al Govern, obligado a rebajar tanta convulsión.El conflicto se ha recrudecido porque el enfoque de la negociación era mejorable. Patinó el ejecutivo del PSC cuando visualizó que un pacto con CCOO y UGT alinearía a los demás sindicatos. En el momento en que constató la beligerancia como respuesta tuvo que reformular el pacto y escalar los recursos disponibles. Y fallaron también los portavoces de los docentes en el abordaje de la discusión, una mezcla de reclamaciones salariales legítimas, peticiones de más personal y mejoras del sistema que se convirtieron en un brebaje de difícil digestión. Ni los aumentos de sueldo hallaron la complicidad de los ciudadanos, que llegan a final de mes sin las mismas actualizaciones en sus nóminas. Ni las asambleas de profesores se sintieron satisfechas, porque sueldos más robustos no solucionan los problemas que viven cada día en clase, una tarea más compleja que antaño. El malestar, que requiere escucha, va más allá de las remuneraciones. Las carpetas de la negociación debieron separarse.Pero, para afrontar una mejora ambiciosa del sistema en su conjunto -mientras se teme un nuevo varapalo en el próximo Informe PISA, que ya provocó una crisis educativa en diciembre de 2023-, los sindicatos no pueden ser los únicos actores del debate ni tienen el monopolio para decidir sobre qué se discute. Una mirada amplia de las cuestiones a abordar también exigible al Govern, con margen para dar voz a partidos, expertos y familias. Es pertinente auditar el funcionamiento de la escuela inclusiva -sabiendo que los recursos nunca llegarán a cubrir las necesidades crecientes de diversidad y diagnósticos-; fiscalizar la aplicación de los modelos de aprendizaje y el peso de actividades que han adelgazado la carga de conocimientos troncales; reflexionar sobre la desigualdad lectiva entre centros públicos y concertados desde la eliminación de la sexta hora; examinar el uso de las pantallas en clase ahora que la IA transforma la relación de los escolares con el conocimiento; reducir la carga burocrática en los claustros y replantear la formación de los futuros maestros con nuevos estándares de exigencia y conocimiento de la realidad.Una revisión serena del sistema educativo exige mucha inversión y menos ruido. Tampoco se puede hacer al esprint ni retransmitirse en directo. Sería deseable, eso sí, que las iniciativas educativas con resultados tuvieran continuidad al margen del color político: ¿qué medidas se han aplicado del documento que elaboró el comité de expertos tras la crisis del último Informe PISA? Y, por qué no, un poco de sentido común. Se preguntaba el pedagogo Gregorio Luri si es asumible un sistema que dice poner el alumno en el centro cuando hay 25 escolares en el aula con necesidades diferentes. Primer paso para salir del atolladero: compromiso de todos y tregua en las aulas.