La Fiscalía ha llegado a la sexta y, posiblemente, última sesión del juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, con las mismas conclusiones con las que comenzó la vista. No hubo irregularidades, no hubo delito y, por tanto, el tribunal debe absolver tanto al familiar de Pedro Sánchez como al exlíder del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a los otros nueve acusados. En la exposición de su informe final, la fiscal Begoña García Boró ha rechazado las “interpretaciones” y “conjeturas” que se han hecho de los miles de correos electrónicos intervenidos durante la investigación, en una sutil crítica al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntaba a la presunta existencia de irregularidades en el proceso de creación y adjudicación de un puesto de alta dirección en 2017 a David Sánchez, el cambio de nombre de dicha plaza en 2022 y la adjudicación de otro puesto en 2023 a Luis Carrero, amigo del hermano del jefe del Ejecutivo. Estos documentos policiales se han convertido en el principal argumento de las siete acusaciones populares para pedir hasta seis años de cárcel a David Sánchez y cuatro a Gallardo. Esta valoración de la Fiscalía sobre los informes de la UCO no es nueva. Cuando presentó su recurso al auto de procesamiento en el que pidió el archivo, García Boró ya aseguró que la causa se basaba en “conjeturas” y en inferencias de “carácter irracional”. Ahora ha añadido que “ninguna” de las pruebas que se han expuesto ante el tribunal “desvirtúa el principio de presunción de inocencia” de los acusados.La representante del Ministerio Público ha incidido en que se cumplieron “todos los requisitos” en los procesos de contratación cuestionados por las acusaciones y ha destacado que cuando se llevaron al pleno de la diputación pacense para su aprobación nadie puso objeciones. García Boró ha vuelto, como ya hizo durante los interrogatorios, a cuestionar la validez del testimonio de la directora de orquesta Cristina de Frutos, que fue una de las candidatas en 2017 al puesto que terminó ocupando David Sánchez y que declaró que se había sentido “discriminada”. Este lunes, la representante del ministerio público ha rvuelto a recalcar que la misiva que aquella envió a la Fiscalía, y que entonces no se tuvo en cuenta, era simplemente un escrito en el que afirmaba haberse sentido perjudicada. “No formuló denuncia alguna”, ha recalcado.La Fiscalía ha reservado los últimos minutos de su intervención para recordar que, al contrario que las defensas, ella ha defendido durante todo el proceso, incluido el juicio, el papel de la jueza instructora, Beatriz Biedma, y que en ningún momento consideró la investigación de esta prospectiva (iniciada sin hechos objetivos o pruebas comprobadas, algo prohibido por la ley), como esgrimieron aquellas para pedir sin éxito la nulidad de causa. En ese mismo punto, García Boró ha defendido su propio papel en la causa y ha negado, como han apuntado dos de las acusaciones durante la jornada tras citar el llamado caso Leire ―una presunta trama de corrupción liderada por la exmilitante socialista Leire Díez dedicada supuestamente a maniobrar para desbaratar causas judiciales que afectaban al partido o a miembros del Gobierno― haber recibido instrucciones para no acusar en esta causa. “[Los fiscales] nos regimos bajo el principio de dependencia jerárquica [...], pero sobre todo nos erigimos en defensa de la legalidad” ha dicho. La fiscal ha presentado su informe final después de que las acusaciones populares expusieran los argumentos por los que piden penas de cárcel que van de los seis a un año de cárcel para los 11 acusados y después de que el tribunal rechazara la petición del abogado de David Sánchez de permitirle tomar de nuevo declaración. Al inicio de la sesión, Emilio Cortés, defensor del familiar de Pedro Sánchez, ha explicado que la semana pasada no preguntó a su cliente sobre el proceso de adjudicación de la plaza del coordinador de actividades de los conservatorios provinciales al considerar que el asunto estaba prescrito, pero que después de que se proyectara el vídeo de parte de sus dos declaraciones durante la instrucción en la que hablaba de esos hechos planteaba que se le permitiera interrogar de nuevo a su cliente. Tras un receso de cinco minutos, el tribunal ha desestimado la petición. El ‘caso Leire’, a escenaPor su parte, las acusaciones se han ajustado al guion previsto en la exposición de sus informes finales y han incidido, como ha hecho el representante del pseudosindicato Manos Limpias, el letrado José María Bueno, en que el puesto que finalmente ocupó el hermano del presidente se creó de manera “arbitraria” por una “decisión política” de la que han responsabilizado a Gallardo. Todas las acusaciones han hecho pivotar sus exposiciones en el informe de la UCO, que han calificado de “demoledor” en varias ocasiones. “No puede tener el mismo valor el informe de la UCO que las declaraciones de personas con el carné del PSOE que trabajan para la diputación”, ha recalcado Polonia Castellano, representante de Abogados Cristianos. Marta Castro, de Vox, también ha calificado los documentos policiales de pieza “fundamental” en la que sustenta su petición de condena a David Sánchez y el restro de acusados. Castro ha dado un tinte político a su intervención al afirmar que “el fantasma que sobrevuela aquí es don Pedro Sánchez Pérez-Castejón”. y ha llegado a sugerir que si durante la instrucción y ahora en la vista la Fiscalía no acusa es porque tenía órdenes políticas en este sentido.El caso Leire lo ha sacado la penúltima acusación en intervenir, la que ejerce Iustitia Europa, un partido que se presentó a las elecciones europeas de junio de 2024 y obtuvo 27.407 votos, el 0,15%. Su abogado, Luis Pastor, ha aludido a las supuesta presiones recibidas por la UCO para ponerse de “perfil” en esta investigación que han revelado dos generales de la Guardia Civil y ha dado por hecho, sin más argumentos, que ello impidió ir más allá en las pesquisas por la contratación del hermano del presidente. Sin embargo, ha sido el representante del PP, el letrado Alberto Durán ―que se ha presentado como víctima de las “cloacas del PSOE”― quien más ha incidido en ese caso que se investiga en la Audiencia Nacional.Durán, que ha ironizado sobre la supuesta “ópera bufa” en que se convirtió la contratación de David Sánchez y su amigo Luis Carrero, ha asegurado que la trama de Leire había torpedeado la causa: “Las cloacas han intentado que este procedimiento no se celebre, controlando a la Fiscalía”, ha subrayado. “Si tan limpio es todo, pulcro, cristalino, no tiene ninguna irregularidad ¿por qué desde la cloaca del PSOE tiene que establecerse un sistema criminal para tratar que este procedimiento no se clebre?, se ha preguntado.