La fiscal Begoña García Boró ha dado este jueves un pequeño balón de oxígeno a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la primera jornada del juicio por las supuestas irregularidades en la creación y posterior adjudicación a él, en 2017, de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz. En su intervención para mostrar su posición ante las cuestiones previas planteadas por las defensas del familiar de Pedro Sánchez y de las otras 10 personas que se sientan con él en el banquillo de los acusados, entre ellos el exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, García Boró ha considerado que una parte de las acusaciones contra David Sánchez ha prescrito. El hermano del presidente se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por dos delitos de tráfico de influencia en concurso medial con otro de prevaricación administrativa y uno de aceptación de nombramiento ilegal. Sería este último, el más leve, el que la Fiscalía —que, por otra parte, pide la absolución para todos— ha pedido que se retire.David Sánchez no ha sido el único encausado al que el ministerio público ha arropado en parte en esta primera jornada del juicio. La fiscal también ha pedido que se le retire a Gallardo la acusación que pesa sobre él por su presunta implicación en uno de los hechos investigados, las supuestas irregularidades en la contratación en la diputación pacense que él presidía de un amigo del hermano del presidente en diciembre de 2023. García Boró considera que esta acusación se planteó contra él de modo “sorpresivo”, cuando ya había declarado como investigado, y que no se le volvió a llamar para que se defendiera de ella. Por ello, ha pedido al tribunal que se elimine de la acusación contra el exlíder del PSOE extremeño al concluir que se vulneró su derecho de defensa.En lo que la Fiscalía no ha dado la razón a las defensas ha sido en sus ataques a la juez Beatriz Biedma, que instruyó la causa. La ofensiva de los abogados contra la magistrada ha tenido lugar tan solo 24 horas después de que se conociera que la Audiencia Nacional investiga una trama —en la que presuntamente están implicados varios miembros del PSOE— que supuestamente puso en marcha una campaña contra los jueces que llevaban causas contra el Gobierno, entre ellos la propia Biedma, contra la que se presentaron “sucesivas denuncias infundadas” para “destruir el procedimiento”, según reveló el miércoles un auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La fiscal ha defendido la legalidad de la investigación de la magistrada y ha negado, en contra de lo que planteaban las defensas, que esta hubiera sido prospectiva (iniciada sin hechos objetivos o pruebas comprobadas, algo prohibido por la ley) o que la autorización para que la Guardia Civil interviniera miles de correos electrónicos de trabajadores y altos cargos de la Diputación vulnerase los derechos fundamentales de los investigados. García Boró también ha respaldado el papel de las acusaciones populares, lideradas durante la instrucción por el pseudosindicato Manos Limpias y entre las que también están PP, Vox y cuatro organizaciones del ámbito ultra, cuya expulsión habían planteado poco antes las defensas, lo que hubiera acarreado el archivo de la causa, ya que son las únicas que acusan. Por último, la fiscal ha sostenido la imparcialidad de los tres magistrados del tribunal, que dos de las defensas han puesto en duda durante la primera sesión del juicio con el argumento de que, cuando resolvieron los recursos presentados por los acusados contra su procesamiento, dictaron un auto para rechazarlos cuyo argumentario era, en su opinión, una “sentencia condenatoria” anticipada. La primera sesión del juicio contra el hermano del presidente ha estado acompañada de un importante despliegue policial tanto en el exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Badajoz ―con el corte de calles y restricciones para la movilidad― como en el interior del edificio. El dispositivo de seguridad ha permitido que tanto David Sánchez, que ha llegado 15 minutos antes de la hora prevista para el inicio de la vista, como el exlíder socialista extremeño y la mayoría del resto de acusados accedieran al edificio por una puerta trasera, lejos de las cámaras de los medios de comunicación que se agolpaban frente a la entrada principal. En la sala, al hermano del presidente se le ha asignado un asiento en la primera fila del banquillo de los acusados, con Gallardo a su derecha, con el que no se le ha visto hablar durante las cuatro horas que ha durado la sesión, dedicada exclusivamente a las cuestiones previas que planteaban las defensas.Dos de estas ―entre ellas la del exdirigente socialista en Extremadura― han planteado incorporar a la causa los cuatro vídeos hechos públicos recientemente del convulso comité federal del PSOE que en octubre de 2016 le costó la secretaría general a Pedro Sánchez. El objetivo es demostrar que, cuando los entonces responsables de la diputación pacense tomaron la iniciativa de crear el cargo que finalmente ocupó David Sánchez, el hoy presidente del Gobierno no tenía la “capacidad de influir” en los dirigentes socialistas que entonces encabezaban este organismo, como sugería la juez instructora en sus autos. Sin embargo, las acusaciones han mostrado su oposición a que esas imágenes se unan ahora a la causa, al considerar que es “una prueba clarísimamente inútil”, en palabras del letrado José María Bueno, de Manos Limpias.Ha sido el abogado de Gallardo, que ha sido el primero en tomar la palabra, quien ha marcado el camino al resto de las defensas en esta y en otras iniciativas, al plantear al tribunal la anulación de la causa por el supuesto carácter prospectivo de la investigación. En este sentido, ha sido Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, el más vehemente en su intervención, hasta el punto de que el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio Polo, le ha tenido que pedir que bajase “el tono de voz” en una ocasión cuando, blandiendo un documento del sumario, el letrado ha afirmado: “¡Esto es mentira, una falacia!” La defensa del hermano del presidente ha insistido en que la causa se inició a finales de mayo de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias —que ha tildado de “pura invención” y de tener “inspiración política”— que se sustentaba en recortes de prensa en los que se acusaba a David Sánchez de múltiples hechos, buena parte de los cuales quedaron refutados posteriormente por la investigación. Para el defensor del hermano del presidente, todo ello demuestra que fue una “paradigmática” investigación prospectiva desde sus inicios y, por tanto, su “raíz está podrida”. “Esto es como si vamos a una revisión médica. Algo siempre nos van a encontrar. Esto es un ‘vamos a rebuscar”, ha afirmado el letrado para criticar la investigación de la jueza Biedma. El próximo lunes, el tribunal se pronunciará sobre las cuestiones previas antes de empezar con las declaraciones de los primeros testigos, aunque este jueves ya ha adelantado la respuesta a una de las planteadas, la de su recusación. “Este tribunal es perfectamente imparcial, su único horizonte es el imperio de la ley”, ha afirmado su presidente, el magistrado Patrocinio Polo.