El tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz que juzga desde el pasado jueves a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a otras 10 personas por las suspuestas irregularidades en la creación de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz en 2017 ha decidido este lunes retirar uno de los delitos por los que el familiar de Pedro Sánchez se sienta en el banquillo. “Declaramos extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal en el ámbito subjetivo del enjuiciamiento”, ha señalado el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio.La decisión se produce después de que en la primera sesión de la vista el abogado defensor de David Sánchez hubiera planteado durante el trámite de cuestiones previas que este delito había prescrito y la Fiscalía, que plantea la absolución de todos los acusados, hubiera mostrado su apoyo. El hermano del presidente se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por dos delitos de tráfico de influencias en concurso medial con otro de prevaricación administrativa y uno de aceptación de nombramiento ilegal. Sería este último, el más leve y castigado con multa, el que los magistrados han acordado que sea apartado del proceso.El tribunal también ha acordado dejar fuera de la causa una de las acusaciones contra el exdirigente del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, para el que las acusaciones populares también piden tres años de cárcel. En concreto, ya no será juzgado por su presunta implicación en las supuestas irregularidades en la contratación en la diputación pacense que él presidía de Luis Carrero, un amigo del hermano del presidente, en diciembre de 2023. El tribunal, como habían defendido la defensa de Gallardo y la Fiscalía, ha concluido que esta acusación se planteó contra él de modo “sorpresivo”, cuando ya había declarado como investigado, y que no se le volvió a llamar para que se defendiera de ella, por lo que se vulneró su derecho de defensa. En el caso del exlíder regional de los socialistas, la decisión supone que la pena que se pide para él quede en año y medio de prisión. Lo que han rechazado los magistrados es declarar la nulidad de la causa, como coincidieron en plantear el pasado jueves las defensas de todos los acusados, pero no la Fiscalía, que defendió la actuación de la jueza que instruyó el sumario, Beatriz Biedma. El tribunal, que de este modo ha seguido la línea marcada por el ministerio público, ha concluido que, en contra de lo que planteaban las defensas, no hubo investigación prospectiva (iniciada sin hechos objetivos o pruebas comprobadas, algo prohibido por la ley) ni que la autorización para que la Guardia Civil interviniera miles de correos electrónicos de trabajadores y altos cargos de la Diputación vulnerase los derechos fundamentales de los investigados. Tras resolver las cuestiones previas planteadas el pasado jueves, el tribunal ha dado paso al interrogatorio de los testigos.