La Audiencia Provincial de Badajoz se convierte a partir de este jueves en el epicentro de la atención política y judicial por el juicio al que se enfrenta el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz. Además de David Sánchez, en el banquillo se sientan diez personas, entre ellos el expresidente de la institución y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, y diversos cargos socialistas en la administración provincial.
La incorporación del músico en la corporación provincial se remonta a julio de 2017, cuando accedió al puesto de coordinador de actividades musicales de los conservatorios mediante un contrato de alta dirección. Aunque superó un proceso de selección frente a otros diez aspirantes, la controversia judicial no estalló hasta siete años después. El pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó una denuncia contra Sánchez, basada en recortes de prensa, por absentismo laboral y fraude fiscal por residir en la localidad portuguesa de Elvas (a unos 20 kilómetros de Badajoz).
Sin embargo, la vía fiscal se cerró porque tanto la Agencia Tributaria como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartaron indicios de delito contra la Hacienda Pública, acreditando que su tributación como no residente era correcta y aclarando que su patrimonio real era muy inferior al denunciado originalmente.
