Las siete jornadas de la vista oral celebrada desde el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz para juzgar si David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue contratado de manera irregular por la diputación pacense, se pueden resumir en los pocos segundos que duró el cruce de reproches entre el abogado Juan José Torres, defensor del exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y también acusado, y el teniente coronel Antonio Balas, el alto mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargó de las pesquisas que han sentado a 11 personas en el banquillo, entre ellos el familiar de Pedro Sánchez y el político socialista. Torres preguntó al teniente coronel si habían encontrado “algún correo más relevante” que los esgrimidos para afirmar que el puesto de alta dirección adjudicado a David Sánchez en el organismo público en 2017 estaba “predeterminado” para él cuando se creó unos meses antes y que la “responsabilidad máxima” de todo ello era de Gallardo. “¿Le parece poco?”, fue la respuesta del guardia civil, en referencia los informes que aportó el instituto armado a la causa con el análisis de miles de correos electrónicos.Los tres miembros del tribunal deberán dictar ahora sentencia tras valorar si prevalece este informe de la UCO o las declaraciones de 53 personas, entre testigos, agentes del instituto armado y los propios encausados, la mayor parte de los cuales contradijeron las conclusiones de aquel. Las acusaciones ven pruebas suficientes para condenar por delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, mientras que las defensas y la Fiscalía consideran que solo cabe la absolución de todos porque entienden que ningún indicio apunta a irregularidades en la creación de un puesto de trabajo para David Sánchez y de otro para un amigo suyo, Luis Carrero, también en el banquillo. El juicio no ha aportado grandes novedades sobre lo incorporado al sumario, pero sí ha servido para despejar algunas sombras que planeaban sobre la causa desde que se inició en 2024. Estos son los siete puntos clave que pueden decantar la sentencia de un lado u otro.Un informe policial sobre miles de correos. Las acusaciones populares ―encabezadas por el pseudosindicato Manos Limpias y en la que también participan PP, Vox y cuatro organizaciones más del ámbito ultra― se han agarrado a un informe de la UCO que han calificado de “demoledor” para sostener sus peticiones de pena, que van de los seis años de prisión para el hermano del presidente a las penas de inhabilitación para algunos funcionarios y cargos públicos. El informe, en el que se analizan miles de emails intervenidos en las cuentas de correo electrónico de trabajadores de la Diputación de Badajoz —entre ellos los de los propios acusados—, llevó al teniente coronel Balas a afirmar en la vista que había elementos en los mismos que le habían llamado “poderosamente la atención” por sospechosos: la “urgencia” en la creación del puesto a finales de 2016, el “no alineamiento” con el área de Cultura del que se supone que iba a depender y que se tardase “tanto tiempo” en dotarla y que, sin embargo, luego se hiciera efectiva la adjudicación en muy corto espacio de tiempo. El agente apuntó directamente a Gallardo como la persona que dio “el pistoletazo de salida” para todo ello. Las defensas han cuestionado las inferencias de la Guardia Civil tanto en este informe como durante la vista, entre otros motivos, porque, por ejemplo, solo hay dos mensajes de Gallardo sobre la creación del puesto y en ninguno de ellos se apunta a que dicho cargo debía ser para el hermano del presidente. En uno de ellos, del 5 de octubre de 2016 —cuando se empezaba a hablar de crear la plaza—, el exlíder de los socialistas extremeños respondía con un “me parece que pedís mucho” a la directora del área de Cultura que planteaba sus necesidades de personal de cara a la tramitación presupuestaria para 2017. El otro, del 3 de mayo de 2017, justo antes de la adjudicación, el expresidente de la diputación contestó con un “estupendo” a una cadena de correos en la que le daban cuenta de los plazos necesarios para elegir con urgencia a la persona que cubriría el puesto. Sin embargo, ambos mensajes son, según señaló el teniente coronel Balas en el juicio, parte de los indicios de que había “alguien a un nivel que puede influir” en todo el proceso y que esa persona no podía ser otra que “la figura del expresidente [de la Diputación] Miguel [Ángel] Gallardo”. Las defensas rechazan de plano esta lectura e incidieron en que era absurdo que, cuando se gestó la plaza, Gallardo quisiera congraciarse con Pedro Sánchez dándole un puesto de trabajo a su hermano. Para ello, han pedido que se incorporen a la causa los vídeos del célebre comité federal del PSOE de 2016 en el que el propio exlíder socialista extremeño se alineó con los críticos al hoy presidente para defenestrarlo de la secretaría general del partido. Durante la vista, Gallardo aseguró que entonces su relación con Pedro Sánchez no era “fluida” y que ni siquiera sabía que tuviese un hermano. También subrayan que la creación de la plaza, de libre designación, se hizo por votación unánime de los miembros de la Diputación, incluidos los diputados del PP.Rumores desinflados. Las acusaciones pidieron que declararan en el juicio las dos personas que, en 2016, ejercían de directores de los dos conservatorios de la provincia, Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez. ¿El motivo? El primero había enviado el 19 de mayo de 2017 un correo con las bases del concurso para coordinador de actividades de ambos centros publicadas ese día. El email en cuestión tenía por asunto una palabra que ha dado mucho que hablar en el juicio: “Hermanísimo”. Los agentes de la UCO, tanto en su informe como en su declaración en el juicio, lo han considerado “bastante relevante”. Sin embargo, cuando ambos directores declararon en el juicio el 1 de junio, el autor del mensaje redujo el comentario a un “rumor” que no supo concretar a quién, dónde y cuándo había escuchado, ni si se refería a la adjudicación del puesto o simplemente a que David Sánchez se presentaba. Poco después, el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio, dejó claro el valor que se iba a dar a este detalle: “A la sala no nos interesan ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”. La candidata que se sintió discriminada. Una de las aspirantes a la plaza, Cristina de Frutos, afirmó que, dos o tres días antes de la entrevista para adjudicar la plaza, recibió un mensaje por WhatsApp en el que aseguraba que el puesto estaba adjudicado de antemano a David Sánchez, por lo que dudó si presentarse, aunque finalmente lo hizo. Tanto durante la instrucción como en el juicio, De Frutos mantuvo su versión y puso nombre y apellidos a la persona que supuestamente le envió el mensaje: Antonio Luis Suárez, director del Conservatorio de Plasencia. A Suárez no se le ha podido escuchar en la vista porque ni acusaciones ni defensas lo llamaron como testigo. Sin embargo, la Fiscalía destacó que cuando salió a la luz pública que la candidata había dado su nombre, este aseguró a varios medios de comunicación que no era cierto. De Frutos nunca aportó el mensaje que dijo haber recibido porque dijo no conservarlo. Pese a estas carencias, las acusaciones convirtieron a De Frutos en una de sus mejores bazas durante el juicio. Esta directora de orquesta insistió en que se sintió “discriminada” frente a David Sánchez en aquel proceso selectivo. Para ello, aseguró que se le valoraron con cero puntos algunos aspectos de su currículum, como los idiomas o la experiencia profesional, en su opinión de manera injustificada. Sin embargo, a preguntas de las defensas, reconoció que el proyecto que presentó estaba recogido en un “esquema” de tan solo “dos caras”. Y uno de los acusados explicó que no había presentado ninguna titulación de idiomas. De Frutos no recurrió siquiera por vía administrativa la adjudicación de la plaza ni presentó denuncia alguna. Cuando le preguntaron al respecto, contestó: “Tampoco es que me fuese la vida en ello”. El otro candidato al puesto que ha declarado en el juicio ―solo lo han hecho dos de la decena de personas que aspiraron a la plaza―, Nerses Avakimyam Gasparov, aseguró que él ni vio ni escuchó nada raro en todo el proceso. Un “fantasma” con nombre. Las defensas han insistido una y otra vez en que el relato de las acusaciones tenía una laguna importante: no se identifica ni al presunto “influyente” ni a la persona “influida” para que el puesto fuera primero creado y luego adjudicado al hermano de Pedro Sánchez. No obstante, el nombre del presidente del Gobierno ha planeado durante todas las sesiones, pero sin que las acusaciones lo pusieran abiertamente sobre la mesa del tribunal casi hasta el final. Y ello a pesar de que la jueza Biedma les había abierto la puerta a ello en el auto por el que envió la causa a juicio y en el que destacó que Pedro Sánchez estaba en campaña para recuperar la secretaría general del PSOE cuando se adjudicó la plaza en mayo de 2017 y que en aquellas fechas dio mítines en Extremadura. Uno de los miembros del partido que se han sentado en el banquillo, Ricardo Cabezas, afirmó durante la instrucción que en esa época coincidió con el actual presidente del Gobierno en uno de estos actos y que este le comentó que su hermano era músico. Cuando una de las acusaciones intentó preguntar por ello a una militante socialista citada como testigo ―a Cabezas no pudieron interrogarle porque solo respondió a las preguntas de su defensa―, el presidente del tribunal lo impidió al considerar que la cuestión era improcedente. No obstante, en sus conclusiones definitivas, la abogada de Vox, Marta Castro, afirmó sin ambages, pero también sin pruebas y sin concretar a qué se refería, que “el fantasma que sobrevuela aquí es don Pedro Sánchez Pérez-Castejón”, a la vez que sugería que si la Fiscalía había pedido la absolución de todos los acusados era precisamente por unas supuestas órdenes políticas en este sentido. Más lejos llegó Luis Pardo, de Iustitia Europa, quien afirmó que en la causa constaban dos emails de David Sánchez dirigidos a una cuenta particular que aseguró que pertenecía al presidente del Gobierno. Según él, era la demostración de la supuesta implicación de este. Ambos correos, incorporados en la causa y que la UCO ni menciona en su informe tras considerarlos intrascendentes, estaban dirigidos a la dirección pedrosanchez1212@gmail.com que, en realidad, no pertenece al Pedro Sánchez Pérez-Castejón, líder del PSOE, sino a Pedro Sánchez Fernández, su padre. De hecho, consta que David Sánchez lo tenía guardado como “papá”.Otra nomenclatura, ¿otras funciones? Aparte de la adjudicación inicial, el segundo hecho por el que se acusa al hermano del presidente de prevaricación y tráfico de influencias es el cambio de nombre que recibió la plaza que ocupaba, que pasó de ser coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La jueza instructora apuntó en el auto de procesamiento que con este cambio supuestamente se había adecuado el puesto a las “preferencias personales” del familiar de Pedro Sánchez. En su declaración de la semana pasada, David Sánchez se desligó del cambio, del que, dijo, se enteró cuando ya era un hecho y se lo comunicaron. Otros testigos y acusados también desmintieron que la modificación de la nomenclatura buscara favorecer al hermano del presidente e insistieron en que ni siquiera supuso un aumento de gasto para la institución, ya que mantuvo el mismo sueldo, siguió ejerciendo las funciones que venía desarrollando y se mantuvo el mismo régimen de incompatibilidad. Señalaron que esa transformación o cambio del nombre del puesto siguió los trámites habituales.Un amigo en La Moncloa. Las acusaciones encontraron un filón para su relato en la aparición en la causa de Luis Carrero, un funcionario que trabajaba en el Palacio de La Moncloa y con el que David Sánchez intercambiaba mensajes llamándose “hermanito”. La UCO localizó 329 correos entre ambos y, aunque en solo 36 de ellos se hablaba de cuestiones laborales, los abogados de las acusaciones decidieron utilizarlos como argumento de que el hermano del presidente había mediado para que este consiguiera un puesto en la Diputación, donde llegaron a compartir despacho. El principal indicio contra ambos es una cadena de mensajes que cruzaron tres semanas antes de que se publicaran, el 24 de noviembre de 2023, las bases de este puesto con el que finalmente se hizo el funcionario. “En cuanto te incorpores, quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo”. A lo que el entonces le contestó: “De la incorporación no tengo noticia ni calendario; lo último que me dijo [Manuel] Candalija [director del área de Cultura, también en el banquillo] fue a lo largo de noviembre”. Finalmente, la llegada de Carrero a la Diputación se hizo efectiva en enero de 2024. Durante el juicio, David Sánchez ha negado que tuviera capacidad para influir en su puesto y atribuyó los mensajes a un “malentendido”. Carrero alegó lo mismo. Varios funcionarios que declararon como testigos negaron que en esta adjudicación se hubiera producido ningún tipo de irregularidad y resaltaron el trabajo del amigo de David Sánchez. Aunque en la vista no se terminaron de despejar las dudas provocadas por los mensajes, cuando se convocó públicamente la plaza, para la que se requería ser ya funcionario, el único candidato que se presentó fue Carrero, cuya retribución en el nuevo puesto era inferior a la que tenía en su anterior destino.David contra David. El hermano de Pedro Sánchez fue durante la instrucción el principal enemigo de sí mismo. Sus dos declaraciones ante la jueza instructora, en las que titubeaba sobre el lugar físico donde estaba su puesto de trabajo y las funciones del cargo, dieron a las acusaciones alas y convirtieron la algo menos de hora y media que duraban en un argumento importante de su relato. En la vista, Emilio Cortés, abogado del hermano del presidente, intentó limitar al máximo el riesgo de que volviera a cometer el mismo error y, además de decidir que solo contestara a sus preguntas, apostó por hacerle muy pocas preguntas, buena parte contestables con monosílabos. La estrategia de su letrado incluía no preguntarle sobre el proceso de adjudicación de su puesto. Consideraba que la decisión de los magistrados de dar por prescrito al inicio de la vista uno de los delitos de los que se acusaba ―el de aceptación de nombramiento ilegal, el más leve, solo penado con multa― suponía en su opinión el sobreseimiento en la práctica del resto de las acusaciones sobre el hecho concreto de su nombramiento y que, por tanto, no debía declarar sobre ello. Este detalle llevó a una de las acusaciones a pedir al tribunal que se reprodujeran durante la vista parte de aquellos interrogatorios de la jueza sobre aquellos hechos, lo que volvió a poner de manifiesto ante el tribunal las erráticas explicaciones de David Sánchez durante la instrucción. Al término del visionado, el presidente de la sala ofreció al hermano del presidente aclarar lo que considerara oportuno, pero su abogado se apresuró a hacerle un gesto con la mano derecha para que declinara el ofrecimiento. El pasado lunes, antes del inicio de la vista, su letrado intentó que el tribunal admitiera que David Sánchez declarara por segunda vez, pero los magistrados lo rechazaron. Cuando este martes llegó el turno de última palabra, el hermano del presidente hizo gestos al tribunal de que no quería hablar. Antes, Gallardo había aprovechado su turno para lamentarse: “Está claro que nos han condenado socialmente”. El juicio quedaba visto para sentencia minutos después.