IdeasBajo la consigna de cazar criminales, el Estado convierte a cada ciudadano honrado en sospechoso permanente y reinventa el tribunal inquisitorial.
El congreso aprobó la nueva ley antilavado. Celebremos: ahora abogados, notarios, contadores, joyeros, vendedores de carros usados y muchos más son agentes honorarios de inteligencia financiera del Estado. Más de veinte categorías nuevas de —digámoslo con cariño— delatores obligatorios. El sector formal entero queda convertido en una vasta red de soplones al servicio de la IVE. ¡Enhorabuena, Guatemala: hemos modernizado la Inquisición!
La Inquisición partía de una premisa idéntica a la de estas leyes: usted es sospechoso hasta que demuestre lo contrario. El Santo Oficio vigilaba la fe; la IVE vigila sus transferencias. Aquel exigía que vecinos y gremios denunciaran herejías; este obliga a su contador a reportarlo. El artículo 38 prohíbe avisarle que lo delataron —igual que el inquisidor jamás revelaba quién lo acusó—. Y el artículo 35 permite a la IVE hurgar en sus libros, contratos y bases de datos sin orden judicial previa. La Inquisición presumía la culpabilidad del imputado basándose en soplos anónimos e inferencias. El artículo 74 resucita esa aberración histórica al admitir pruebas por simples “inferencias objetivas”. Tomás de Torquemada habría firmado este decreto con entusiasmo.
