Partamos de una premisa que no admite duda: la corrupción política es inadmisible en todos los casos y una de las peores traiciones a los votantes al valerse de su confianza para robarles o robar gracias a ellos. Ahora bien, quien crea que se quiere tumbar al gobierno de Sánchez por corrupción, supuesta o cierta, es que no vive en este mundo. El grupo de quienes lo intentan con más ahínco permite afirmar que no pueden presumir precisamente de honestidad. El problema añadido es que todo esto nos daña como país sin que le importe lo más mínimo a sus autores. Y tampoco que, junto a las injerencias externas que amparan, estemos en una situación complicada.
España ha sido considerada ancestralmente como un país corrupto. La picaresca española no fue ningún halago al ingenio precisamente, aunque así haya querido interpretarse. Y todavía hoy supera en esa lacra a sus socios europeos y a los miembros de la OCDE. Precisemos que se mide en términos de percepción de la corrupción, no tanto en datos. Para colmo, la lucha política ha conseguido catapultar a la esfera internacional cómo se roba aquí o cómo se acusa de robar que no es lo mismo, amplificando el estigma.
