Esto no es el caso Koldo, ni el caso Ábalos ni Cerdán ni Sánchez ni PSOE, como tampoco fue el caso Gürtel, Bárcenas o PP. Es el caso España.
Si formamos un nuevo partido, de la ideología que sea, con sede en la calle Fuencarral, y ganamos las próximas generales ¿quién duda de que, en ocho años, nuestro líder estará dando explicaciones sobre un escándalo de corrupción? A través de una pantalla, de plasma o maquillaje, aparecerá compungido, sorprendido de quien hasta la noche antes era su mano derecha. El problema no está en Ferraz ni en Génova, ni en el clientelismo socialista ni en la avaricia popular. Si todos los partidos se corrompen es que la semilla del mal no habita en unas convicciones políticas.
Pero no pasa en todos los países. En las naciones de nuestro entorno no hay “ganaderías” de empresas que, según sospecha la UCO, estarían ligadas a los partidos para conseguir millones en obras públicas. Y vamos a peor. Como señalamos hace unos meses, en la última edición del índice de Transparencia Internacional (TI) sobre la capacidad para luchar contra la corrupción, estamos en la posición 46 del mundo, por debajo de países con menos recorrido democrático, tanto cercanos culturalmente (Portugal o Chile) como a media distancia (Estonia o Lituania) o lejanos (Botsuana o Ruanda).
