Si hemos de creer a los portavoces de la oposición, encabezados por Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, España soporta ahora al Gobierno más corrupto de toda su historia, al que describe sin matices como una asociación mafiosa. Pero, hasta hoy, ninguna revelación demuestra la tesis de la supuesta culpabilidad del presidente Sánchez. Aun así, si atendemos a lo que publica la prensa, y en particular la prensa escorada a la derecha y más allá, la actualidad está dominada por una sucesión de episodios supuestamente delictivos que salpicarían al Ejecutivo, lo que haría inaplazable su caída.En esta tesitura conviene recordar que una cosa es expresar opiniones de parte, o airear informes de la policía como si fueran conclusiones del fiscal, y otra es probar las fechorías de los supuestos delincuentes y condenarlos luego en un juicio con garantías. Seguimos opinando que, si no se acredita lo contrario, debe prevalecer la presunción de inocencia.El PSOE se defiende ahora en varios frentes judiciales, que son de distinta naturaleza y gravedad, pero que van amontonándose uno sobre otro, y cuya suma y constante difusión alimentan la impresión de que la corrupción corroe a los socialistas de pies a cabeza.No querríamos incurrir en la precipitación condenatoria que criticábamos en el primer párrafo. Pero diremos que tampoco podemos señalar, centrándonos en lo leído sobre los procedimientos en curso, que no ha habido malas praxis entre los socialistas.La oposición suspira por tumbar a Sánchez, pero hasta ahora no se le han probado culpasLos casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que consecutivamente ocuparon la secretaría de organización del PSOE, son un evidente baldón para el partido, y aun en el supuesto de que al fin la mácula se ciña a estas dos figuras y su entorno inmediato, es obvio que Sánchez se equivocó en la selección de personal. Por ello cabe sostener que de ese trance se derivó una responsabilidad política.Los otros casos ruidosos son de distinto calado. El que involucra al expresidente Zapatero ha sido un mazazo, aun sin acreditarse delitos, dada su condición de referente moral. En el de la fontanera Leire Díez se han mencionado contactos pero no se han probado delitos. Los que afectan a la esposa y al hermano de Sánchez podrían quedar en poca cosa.Lee tambiénSi en algo se parecen todos estos casos, además de en señalar a los socialistas y en coincidir oportunamente en el tiempo, es que hasta hoy contienen más indicios que pruebas. Y, también, en que se basan en informes policiales, a menudo de la UCO, que van siendo dosificados a la opinión pública, troceados. Son estos informes los que nutren las causas, como si fueran fruto de la instrucción del juez, cuando proceden de unidades policiales que a veces los levantan sobre bases débiles, y luego los visten con muchas suposiciones, inferencias e interpretaciones de los hechos sucedidos y de las responsabilidades de quienes participaron en ellos.Es extremadamente necesario que se aclaren todos y cada uno de estos casos, que se investigue a fondo, que se prueben los delitos, si los hubo, y que llegado el caso se condene a los responsables. Pero adelantar acontecimientos, como se está haciendo a diario, con el presumible afán de convertir la atmósfera en irrespirable, no es una buena idea.Una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal ayudaría a racionalizar instrucciones judicialesEn primer lugar, porque los procedimientos y los tempos de la justicia no son los de lo que en su día se definió como pena de telediario. En segundo, porque en años recientes se han desarrollado causas judiciales que se basaron en informes policiales erróneos, pero por los que acabaron pagando inocentes, demostrándose de modo fehaciente que no todo lo que contienen dichos informes son elementos incriminatorios, aunque se presenten como tales. Y, en tercer lugar, porque lo único que se consigue con este proceder es ahondar en el descrédito de las instituciones.Ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos: queremos que se aclaren todos los casos, tanto los que afectan al PSOE como los que afectan al PP (que ahora hace ocho años perdió el Gobierno en una moción de censura tras ser condenado por su relación con la trama Gürtel). Y por eso añadimos que no lograremos avanzar mucho si los dos grandes partidos se limitan a reprocharse sus tropiezos. Más práctico sería, para evitarlos en el futuro, hacer cambios estructurales. Por ejemplo, una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que permita racionalizar las instrucciones judiciales, de tal modo que sean los fiscales –y no los informes policiales– los que instruyan y formulen acusaciones, y los jueces quienes sentencien.