La cara de preocupación de decenas de alumnos de la Universidad Complutense de Madrid cambió a susto ante la frase: “Los que tengáis cascos, relojes inteligentes o gafas inteligentes, tendréis que entregarlos. Vamos a pasar con un detector, eso pita y, si vemos que hay motivo de fraude, eso significa cero en la evaluación”. Los detectores de frecuencias han sido la novedad en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026. Siete comunidades autónomas —Galicia, Murcia, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias y Cantabria— anunciaron su uso para combatir el fraude en los exámenes. A las que en la práctica se les sumaron Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, La Rioja y Madrid —Euskadi ha advertido al alumnado de que podría usarlos—. Pero, en Madrid, el cambio es todavía mayor: de la detección a la grabación como prueba de posible trampa, una práctica que los expertos advierten que amenaza la protección de datos.En el primer día de la Selectividad en la capital, una monitora de aula en la Facultad de Ciencias de la Información dio el aviso justo antes de iniciar el examen de Lengua y Literatura Castellana II. A los pocos segundos, el grueso de los estudiantes comenzó a rebuscar entre sus pertenencias para entregar auriculares inalámbricos, relojes, pulseras, móviles e incluso las llaves de su casa —alguien alegó que traía de llavero un dispositivo que emite señal—. Nadie quería exponerse a que lo señalasen por fraude.En España, el uso de detectores de señales inductoras en exámenes no es nuevo. Galicia fue la primera autonomía en adoptar esta práctica, en 2019, y lleva ya más de un lustro desplegando vigilantes con detectores que recorren las aulas de forma aleatoria. Lo innovador es que Madrid optó no solo por identificar los posibles fraudes, sino por reforzar la detección con un segundo dispositivo —una aplicación móvil— capaz de escuchar y grabar lo que se emite en la señal identificada. La vicerrectora de estudiantes de la Complutense, Rosa de la Fuente, afirmó que, ante la proliferación de nuevos métodos digitales para copiar —como los nanopinganillos—, se hacía necesario extremar las medidas antifraude.El ascenso de las chuletas digitalesEn un vídeo de 2023 que acumula más de 1,6 millones de likes, el influencer español Izan Oviedo explica cómo utilizar un nanopinganillo para hacer trampa en los exámenes. Muestra el pinganillo —que en apariencia podría confundirse con un pequeño imán—, un anillo que se conecta por bluetooth al móvil, un bolígrafo con micrófono y una barra imantada para retirar el auricular cuando sea necesario. Estos sistemas de trampa funcionan en dos sentidos. El alumno lleva escondido en el oído el citado auricular diminuto, tan pequeño que solo puede extraerse con un imán, y al mismo tiempo transmite el contenido del examen al exterior mediante un micrófono o una microcámara camuflados en un bolígrafo, unas gafas o una pulsera. Para que el audio llegue al pinganillo, el estudiante porta además un receptor de señal de inducción —oculto entre la ropa o en algún objeto personal— que capta la información que viene de fuera y la convierte en el sonido que escucha en el oído. Es precisamente esa señal abierta la que permite que un tercero, con el equipo adecuado, pueda interceptarla y escuchar también lo que se está transmitiendo. Al otro lado, un cómplice o una herramienta de inteligencia artificial elabora la respuesta y se la dicta de vuelta al oído en cuestión de segundos. El precio de entrada para comprar este sistema ronda los 40 euros y se vende abiertamente en sitios especializados en venta de artefactos espías y plataformas como Amazon. Además, en redes como TikTok se promocionan como herramientas que sirven para “copiar en exámenes sin ser detectados”. Para evitar lo que se ha convertido en una práctica cada vez más común, hay quienes intentan ir más lejos en contra de los tramposos.Guillermo Pacheco es el docente de Bachillerato que ha patentado el sistema de detección de señales y grabación que usa la Complutense en la PAU 2026. La aplicación Detector de Pinganillos, disponible en la Google Play Store, y su complemento físico —un hardware que se conecta al móvil por la entrada USB-C— se venden por 120 euros. La idea nació en 2017 a petición de una amiga docente que sospechaba que uno de sus alumnos usaba pinganillos para copiar. Pacheco desarrolló entonces un detector que funcionaba como un brazalete con una bobina que amplificaba la señal de audio mediante transistores, y el profesor la escuchaba con un auricular. Casi una década después, el maestro de Física ha perfeccionado el invento e intentado introducirlo en el circuito educativo. Un instituto madrileño de Bachillerato lo utiliza desde hace unos meses y el docente asegura que incluso la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria le ha pedido ayuda en las oposiciones para chofer de tren. Pacheco argumenta que los detectores convencionales no son suficientes frente a las nuevas tecnologías. Identificar una señal sin pruebas para inculpar al infractor es, en sus palabras, “no hacer nada”. Sin evidencias de que lo transmitido en esa señal coincide con lo escrito en el examen, no es posible sancionar al estudiante. Es precisamente ese registro lo que ha despertado dudas jurídicas.Detectar una señal, pero ¿grabar lo que se transmite?Existe una distancia técnica y legal considerable entre identificar un dispositivo que recibe una señal y registrar el contenido de lo que se transmite. Sandra Somastre González, experta en ciberseguridad de NTT DATA, advierte de que, si los programas utilizados carecen de capas de cifrado, la captación del contenido podría constituir una vulneración de la intimidad con consecuencias como el robo de identidad o la clonación de cuentas digitales.José Luis Díaz, CEO de Advens en España y Portugal, alerta de que la información emitida en una señal abierta puede ser considerada un dato personal, aun cuando no contenga el nombre de una persona. “Basta con que permita identificar directa o indirectamente a alguien, por ejemplo, mediante un identificador de dispositivo, un dato de localización o un identificador en línea. La clave es qué hago con ella. Captarla de forma fugaz para que funcione una conexión no es lo mismo que recogerla, almacenarla, cruzarla con ubicación, horarios o cámaras, y usarla para perfilar movimientos. Ahí entramos claramente en terreno de protección de datos”. Y añade que si un centro educativo usa un software que lee, intercepta o graba comunicaciones de un alumno, puede entrar en conflicto con el Reglamento General de Protección de Datos y la legislación española sobre intimidad y secreto de las comunicaciones. “Además, si hablamos de menores, el listón sube”, subraya.Para respaldarse, Pacheco realizó una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos. La AEPD respondió que “la cuestión que plantea no entra dentro del ámbito de la normativa de protección de datos personales” debido a que no se capta ninguna comunicación protegida ni conversaciones privadas. El docente añade que, según el artículo 18.3 de la Constitución española, “quedan fuera de la protección constitucional aquellas formas de envío que se configuran como comunicación abierta”, algo que no es secreto. Con todo, Pacheco recomienda grabar solo ante sospecha fundada y no almacenar la información recopilada. Lo que los centros hagan con los sistemas una vez adoptados ya no queda en sus manos.La vicerrectora De la Fuente insiste en que no se viola ninguna norma de privacidad. La Complutense solicitó un informe de legalidad a una asesoría jurídica antes de desplegar los dispositivos y, según la vicerrectora, “los inspectores de educación sí que han dicho que son posibles”. Las grabaciones obtenidas se conservarán como pruebas para que el tribunal de sede universitaria determine la sanción correspondiente. Al estudiante sorprendido se le permitirá continuar el examen para no perturbar el aula, pero su prueba quedará marcada. El castigo puede ir desde la suspensión de esa evaluación concreta hasta la pérdida de toda la Selectividad.