España asocia la figura del informador o el alertador a los grandes casos de corrupción. La mayoría de estas personas, sin embargo, se ha topado con irregularidades y presiones que no abren informativos, pero que les marcan de por vida. La actual normativa estatal, aprobada en 2023 tras años de retraso, traspuso una directiva europea de obligado cumplimiento, pero existe consenso entre distintos actores en que su aplicación es mejorable.
La Generalitat de Catalunya quiere presentar este 2026 la norma autonómica de protección de los alertadores, que después tendrá que empezar su recorrido parlamentario. Con ella se pretende mejorar la ley estatal, que se ha constatado como demasiado formalista y centrada más en los canales de denuncia que en la protección real del informante.
Así lo ha advertido ante el Parlament el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Josep Tomàs Salàs. Similar diagnóstico realiza el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña y exministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ve “poca claridad” en algunos aspectos de la ley estatal.
Cada año la OAC reconoce a más personas como alertadoras (74 en 2025), y avisa a administraciones y entidades de que no pueden tomar represalias contra ellas. En la práctica, sin embargo, estas advertencias de Antifraude quedan condicionadas a la voluntad de la administración afectada.
