Varias veces en mi vida profesional he sido llamado a un juzgado para que revelara mis fuentes. Recuerdo sobre todo dos. El juez Javier Gómez de Liaño, que investigaba el caso Lasa y Zabala ―dos etarras que fueron torturados, asesinados y desaparecidos por guardias civiles en 1983― me interrogó para averiguar cómo había conseguido un papel del servicio secreto sobre la guerra sucia contra ETA. Estaba irritado porque el documento formaba parte del sumario que él instruía y quería saber quién lo había filtrado. Le contesté que no podía revelar la fuente pero que no faltaba a mi compromiso profesional si le decía que no me lo había dado nadie del Ministerio de Defensa. El papel llevaba un sello de dicho departamento y el juez tenía enfilado al entonces ministro, Eduardo Serra. No le gustó mi respuesta, pero le dije la verdad.
La segunda vez me llamó la comandante Patricia Moncada, una juez militar incisiva y rigurosa que investigaba un vídeo publicado en EL PAÍS en el que se veía como varios soldados daban una paliza a unos prisioneros en la base española de Irak. Los rostros y las insignias estaban pixelados y Su Señoría trataba de identificar a los autores de los malos tratos. Nada deseaba más que ayudarla a castigar a los maltratadores, pero el secreto profesional me lo impedía. Con frecuencia se olvida que este no es un derecho sino, sobre todo, un deber de los periodistas.
