El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado quiere sentar en el banquillo de los acusados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Nunca ha ocurrido nada parecido en la reciente etapa democrática y el motivo real del procesamiento parece una broma pesada. Atribuye Hurtado al fiscal general una supuesta revelación de secretos al filtrar a alguien, el juez no sabe exactamente ni a quién ni cómo lo hizo, un correo electrónico con el objetivo de responder con información veraz al gigantesco bulo difundido por la pareja de un presunto delincuente a medios de comunicación poco interesados en contrastar las noticias.
Ese documento supuestamente revelado quedaba fuera del procedimiento judicial y acreditaba que el comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía haber cometido dos delitos fiscales —declaró durante dos ejercicios consecutivos (2021 y 2022) unos gastos inexistentes de 1,7 millones de euros con una decena de facturas falsas para ahorrarse el pago de 350.000 euros en impuestos—. De esta manera, el comisionista podía evitar una pena de cárcel superior a dos años.
La investigación del juez Hurtado, abierta a raíz de una querella presentada por el defraudador confeso contra la Fiscalía, comenzó con un registro del despacho del fiscal general para requisar y husmear en el contenido de ocho meses (luego rectificó y lo dejó en ocho días) de los teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de García Ortiz. Una medida extrema para investigar un delito castigado con penas menores y que al juez no le sirvió para acreditar nada porque el fiscal general del Estado borró previamente la información contenida en sus dispositivos.
