El testimonio de fiscal general del Estado, único enjuiciado, marca la quinta sesión de la vista | Los investigadores insisten su “dominio total” y en que el correo no se pudo filtrar sin que él lo supiera
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara este miércoles en el Supremo como acusado de un delito de revelación de secretos y tras el testimonio de los guardias civiles de la UCO que participaron en el registro de su despacho y el volcado de los datos de sus dispositivos. En la penúltima jornada del juicio, los tres agentes que realizaron los informes sobre esas pesquisas han asegurado que no pudieron tener acceso al contenido del teléfono de García Ortiz porque “estaba borrado” —los informes policiales concluyen que el fiscal lo borró el 16 de octubre, el día que fue encausado—, pero reconstruyeron algunas de sus comunicaciones por el contenido del móvil de la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y por los listados de llamadas. En cuanto a la noche de la filtración, los agentes han constatado “que el dominio total de toda la acción” de recabar los correos del caso de Alberto González Amador y la Fiscalía corresponde a García Ortiz, “como es normal”, aunque para la Fiscalía es una “deducción” de los agentes. Las acusaciones sostienen que recabó esos correos para filtrarlos, mientras la defensa asegura que era para elaborar una nota de prensa.
