El pasado viernes el Gobierno francés remitió a la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea un documento de reflexión, lo que en el argot comunitario se conoce como un non-paper. En él, Francia, junto con otros Estados miembros, solicitaba nuevas herramientas en el área comercial que ayudaran a la Unión Europea a hacer frente a desequilibrios comerciales graves. No se hablaba de China, pero no era necesario leer demasiado entre líneas: París está liderando la petición de ‘mano dura’ contra Pekín, y muchos de los problemas que se describen en el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, son protagonizados por el gigante asiático. Cuatro países acompañan a Francia en la cabecera del documento: Italia, Países Bajos, Lituania… y España. El asunto sorprende, porque el Gobierno español es enormemente cauteloso con Pekín, y Pedro Sánchez, presidente del ejecutivo español, es visto como uno de los líderes con mayor cercanía a China dentro de la Unión Europea. Cuando el documento llega a la prensa, el Financial Times titula que "Los países de la UE presionan para que se tomen medidas comerciales contra China", citando en el subtítulo a España. Pocas horas después, el Ministerio de Economía, liderado por el vicepresidente Carlos Cuerpo, asegura que todo se trataba de "una discusión amplia y a nivel técnico", un debate "abierto y en marcha sobre el que no hay posición cerrada todavía". Cuerpo tiene oportunidad de hablar del asunto unos días después, en Berlín, donde se reúne el jueves con los ministros de Economía de las seis grandes potencias europeas para avanzar en la reforma del mercado interior, el llamado ‘E6’. Y el vicepresidente redobla su apuesta. "Sobre el documento, tal y como lo entendemos, había discusiones a nivel técnico y no había ningún respaldo político específico para ningún documento de reflexión en este punto", explica a un grupo de periodistas. "Tenemos que hablar de igual a igual" con China, señalaba Cuerpo, admitiendo los "grandes desequilibrios" comerciales. Ese relato no es el que ofrecen otras series de fuentes diplomáticas consultadas por El Confidencial, que explican que España era conocedora de que el documento iba a ser enviado a Sabine Weyand, directora general de Comercio de la Comisión Europea. La realidad es que mientras el vicepresidente explica que no hay acuerdo para "ningún" documento de reflexión, el enviado a la Comisión consta de seis páginas. En el correo electrónico enviado el viernes se encontraban en copia hasta seis contactos del Ministerio de Economía, según señala otra fuente. Una de ellas, explica, era Julián Conthe, director general de Seguridad Económica. "Esto no era un papel que se estaba trabajando por unos técnicos de un nivel bajo", explica una fuente, que explica que no se envía a Weyand un documento que no es final. Ante las consultas de este periódico el ministerio ha insistido en las explicaciones ofrecidas hasta ahora, sin ofrecer más detalles y sin responder a si las personas que estaban involucradas en el envío de ese documento eran conscientes o no de que los otros socios consideraban que era un documento formal. Moncloa ha repetido la misma versión del Ministerio de Economía. Un problema más allá Pero el incidente ayuda en realidad a ilustrar un problema que no existe solamente en España. Los países con fuertes relaciones económicas con China son también conscientes del reto comercial que representa el gigante asiático, aunque puedan estar mucho más atados. El propio Sánchez ha hablado de esta amenaza. "Necesitamos que China haga lo mismo. Que se abra para que Europa no tenga que encerrarse en sí misma. Que nos ayude a corregir el déficit comercial que tenemos actualmente con ella. Un déficit que no está equilibrado, que volvió a crecer un 18% solo el año pasado y que es insostenible para nuestras sociedades a medio y largo plazo", explicó el presidente del Gobierno en un discurso ante la Universidad de Tsinghua, en Pekín. "Es insostenible por los movimientos aislacionistas que alimenta y por el resentimiento y el malestar social que provoca. Para que os hagáis una idea, nuestro déficit comercial con China ya representa el 74 % del déficit total de nuestro país", añadió. Pekín dedica unos 800.000 millones de dólares al año en subsidios industriales según el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene un enorme problema de demanda interna que no da muestras de querer resolver, y el Gobierno, lejos de cooperar con los intentos de reducción de riesgos de la UE, hace movimientos para evitar que las empresas europeas logren diversificar sus cadenas de suministro. En la Comisión Europea están iniciando un proceso de reflexión para mejorar sus herramientas comerciales porque no se trata de un shock, se trata de un tsunami. Este viernes el colegio de comisarios mantuvo un debate orientativo sobre la cuestión, poniendo sobre la mesa varias herramientas más duras para enfrentarse a China. Pero China es un mercado importante para algunas exportaciones españolas, aunque cada vez sean menos, y es un inversor directo relevante para el país. Empresas chinas de automóviles como Cherry o BYD están apostando por España, y aunque las inversiones todavía son discretas, estas avanzan al alza. La dificultad de mantener el equilibrio quedó demostrada cuando en 2024 el Gobierno español cambió de posición respecto a la imposición de aranceles contra los vehículos eléctricos chinos. Pasó de apoyar la propuesta de la Comisión Europea a abstenerse, y ese cambio de postura se anunció durante una visita de Sánchez a China. A cambio, Pekín trata bien a las exportaciones españolas cuando toca tomar represalias contra la UE y anuncia inversiones. Por ejemplo, en aquel mismo viaje Envision anunció una inversión de más de 900 millones de euros en España para poner en marcha una fábrica de electrolizadores de hidrógeno. Se trata, por lo tanto, de una cuestión enormemente sensible, que para el Gobierno debe tratarse con muchísimo cuidado, porque lo peor que puedes hacer es enfadar a Pekín. Y eso, en esta ocasión, no ha ocurrido. No es España la única que afronta este tipo de dilemas. El Gobierno alemán también lo sufre, con algunos sectores en Berlín haciendo sonar la alarma sobre una rápida desindustrialización a manos de las exportaciones chinas, y un liderazgo paralizado por las necesidades de su sector automovilístico, que aunque está siendo canibalizado por sus rivales chinos no quiere afrontar una pérdida de acceso al mercado chino. El problema fundamental, como explica Tobias Gehrke. Senior Policy Fellow del European Council of Foreign Relations (ECFR). Es que es imposible abordar el debate de las dependencias respecto a China sin afrontar represalias por parte de Pekín. La conclusión a la que ha llegado la Comisión Europea es que sin disuasión económica y comercial, sin mostrar a China que los europeos están dispuestos a ser agresivos, el gigante asiático no tiene ningún incentivo para cambiar de dirección. Y eso es necesariamente doloroso. "Los europeos han estado calculando el coste inmediato de enfrentarse a China y subestimando el coste acumulado de la inacción. Pero la coacción china y los desequilibrios sistémicos de China son dos caras de la misma moneda. Intentar abordar estos últimos provocará inevitablemente lo primero", explica Gehrke. El pasado viernes el Gobierno francés remitió a la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea un documento de reflexión, lo que en el argot comunitario se conoce como un non-paper. En él, Francia, junto con otros Estados miembros, solicitaba nuevas herramientas en el área comercial que ayudaran a la Unión Europea a hacer frente a desequilibrios comerciales graves. No se hablaba de China, pero no era necesario leer demasiado entre líneas: París está liderando la petición de ‘mano dura’ contra Pekín, y muchos de los problemas que se describen en el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, son protagonizados por el gigante asiático.
Caos en el Gobierno por un documento europeo que pedía mano dura con China
El ministerio de Economía se desmarca de un documento de reflexión francés que, sin citar a China, pedía mano dura contra sus prácticas comerciales. España sí aparecía como firmante del texto













