La congelación no ha limitado el volumen de gasto, pero sí su efecto tractor en la economía
Los presupuestos públicos están intrínsecamente ligados al funcionamiento de la democracia y a la acción política de los Estados modernos, razón por la cual la parálisis presupuestaria que vive España desde hace tres años ha suscitado preocupación. Las últimas cuentas aprobadas en sede parlamentaria datan de 2023, y desde entonces han aparecido grandes desafíos geopolíticos, comerciales y tecnológicos, al tiempo que el IPC se ha incrementado casi un 9%, algo que hacía presagiar un estrechamiento del margen de maniobra del Gobierno para afrontar estos retos.
Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta: tanto el gasto público como la recaudación tributaria, en teoría congelados, se han expandido a un ritmo que casi duplica la inflación. Esto ha sido posible, del lado de los impuestos, gracias al buen comportamiento de la economía española, y por la no deflactación de las tarifas de IRPF. En cuanto al gasto, su expansión se debe a las “modificaciones de crédito”, una práctica que autoriza a las administraciones a complementar los presupuestos iniciales con nuevos recursos. Así, desde 2023, el Estado, la Seguridad Social y los organismos autónomos totalizan cerca de 115.000 millones de euros en modificaciones de crédito, un volumen ingente que ha permitido capear con holgura la prórroga presupuestaria. Estas aportaciones adicionales no solo se justifican por la necesidad de ejecutar los fondos europeos o de ajustar las pensiones y los salarios públicos: también han servido para engordar el gasto corriente y todo tipo de transferencias.
