Cloacas y fontaneros. Dos términos quizá no tan ajenos a la política, pero que hasta hace unos años sí eran desconocidos para la mayoría de los ciudadanos. Su función así lo requiere. Sus protagonistas se mueven en las sombras, arañando retales de información que puedan ser útiles para los intereses partidistas que defienden. Trabajan en una zona gris, pero a veces cruzan la línea roja y hacen saltar las alarmas de la Justicia, como ocurrió con las supuestas maniobras del PP para boicotear las investigaciones judiciales sobre Gürtel y los denominados papeles de Bárcenas, que quedaron al desnudo con la Operación Kitchen, que se juzga estos días. Ahora, nuevas investigaciones judiciales apuntan a la existencia de otra trama, esta vez vinculada al PSOE, con idéntico objetivo: desbaratar las causas judiciales que afectan al entorno del partido y del Gobierno. Y lo investigado hasta este momento revela una conexión de cañerías inesperada: el equipo de fontaneros de Leire Díez se acercó a los de la trama popular y a otros implicados en casos de corrupción. Las cloacas se retroalimentan. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lanzó este miércoles un operativo que incluyó enviar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para un requerimiento de información, bajo amenaza de registro, que se prolongó más de doce horas. Uno de los cometidos de los agentes era conocer el detalle de las visitas desde 2021 para averiguar si determinadas personas acudieron al cuartel general de los socialistas en los años en los que Díez y los suyos operaron. La lista incluye nombres de todo pelaje. El grupo que capitaneó Díez en 2021, a raíz de un chat de WhatsApp, y del que, según Pedraz, tomó las riendas en 2024 Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, contactó con perfiles de todo tipo ―desde fiscales, que denunciaron esos acercamientos, a condenados―. El objetivo que señala el auto era obtener datos susceptibles de “desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial” que pudiera impactar de algún modo en el PSOE o el Gobierno. Esos movimientos se produjeron en el contexto del estallido del caso Koldo y de la imputación por parte del juez Juan Carlos Peinado de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La trama buscó al comisario VillarejoEl relato judicial señala que la trama buscó al comisario jubilado José Manuel Villarejo, protagonista de su propia macrocausa, con una treintena de piezas separadas donde se indaga en los múltiples y diversos trabajos de investigación que habría ejecutado desde su grupo empresarial, valiéndose de los medios policiales a su alcance, para clientes que iban desde empresas del Ibex a particulares. Entre esos encargos destaca la Operación Kitchen que, de acuerdo con los hechos que hoy se juzgan, se montó en 2015 desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para robar al extesorero del PP Luis Bárcenas y su familia la información sensible que pudieran guardar sobre el PP y sus dirigentes, cuando la Justicia investigaba la existencia de una caja b, que acabó confirmándose. Pedraz indica que Díez y los suyos intentaron “utilizar supuesta información que Villarejo tendría sobre otros jueces, fiscales, políticos y mandos policiales desconocida hasta la fecha”.Entre los “objetivos de interés” de la presunta trama también estaba Francisco Martínez, el ex secretario de Estado de Seguridad de Fernández Díaz, junto a quien se sienta en el banquillo por el espionaje a los Bárcenas por, supuestamente, ser la persona a la que los policías involucrados en la Operación Kitchen reportaban sus avances. Pedraz refleja que la exmilitante socialista se reunió varias veces con Martínez. “A mí me pone al frente el PSOE”, le dijo.Le explicó que ella jugaba un papel discreto, pero que todo lo que le aportase se lo trasladaría a quienes le habían encomendado esa misión, detallando que se encontraban “en la calle Ferraz comunicados con el Palacio de la Moncloa”. “Porque, como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz”, apostilló. En declaraciones a EL PAÍS, el ex secretario de Estado ha negado que acudiera a Ferraz para dichos encuentros pero sí reconoció en una entrevista que se vio dos veces con Díez en otro escenario, un despacho de abogados. Según él, se presentó como emisaria de la “cúpula del PSOE” y le sugirió un acuerdo con la Fiscalía a cambio de “información comprometedora sobre operaciones que se habían llevado a cabo en el pasado y habían perjudicado” al partido.Al rescate de un exviceministro venezolanoEntre las personas contactadas por Díez está otro político: Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez. Señalado por la Justicia estadounidense como uno de los responsables del desfalco en la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA), en España la Audiencia Nacional le investigó por el presunto blanqueo de parte de esos fondos mediante la compra de un chalet de lujo en Madrid, si bien las pesquisas acabaron archivadas. Ese mismo tribunal le ha enviado a juicio por el caso Duro Felguera. Los investigadores sostienen que la empresa asturiana pagó sobornos a cambio de construir una central termoeléctrica para surtir a la Gran Caracas. La Fiscalía Anticorrupción le pide más de 8 años de cárcel al considerar que fue uno de los funcionarios comprados. En su caso, habría cobrado 105 millones de dólares. El proyecto estaba valorado en 1.500 millones. Esas dos causas y otras que afectaban al independentismo catalán, como el 3% y derivadas de Los Pujol, tenían como fiscal a José Grinda, uno de los enemigos a batir por la presunta trama. Este interés común habría motivado la colaboración del político venezolano y su abogado, Ismael Oliver, con el grupo de Díez. Según recoge Pedraz, intentaron “condicionar” la actuación de Grinda usando a una mujer con la que tenía un pleito abierto y hablaron de ofrecerle 300.000 euros para que archivara las causas esgrimiendo que habían sido “consecuencia de actuaciones abusivas”. El entorno del fiscal anticorrupción ha negado a la Cadena SER que le ofrecieran dinero, pero él sí denunció que un periodista que dijo hablar en nombre de “altas instituciones” y aludió a “Leire” le ofreció otro soborno ―un destino dorado en el extranjero― a cambio de dar carpetazo a sus casos e información comprometedora de su jefe, Alejandro Luzón.Además, Villalobos pretendía conseguir la nacionalidad española y solucionar un problema con sus cuentas bancarias en España, gracias a los “contactos” de Díez. Incluso quería una entrevista con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. La resolución judicial plasma que Díez hizo gestiones para ayudar a Villalobos. Oliver, que habría entrado así en la organización criminal, pero posteriormente habría adquirido un papel más relevante, habría usado sus empresas para canalizar los pagos ordenados por Cerdán con fondos del PSOE para compensar a Díez por sus trabajos. En concreto, el auto detecta un pago de casi 30.000 euros por esta vía.Otros objetivos de interés, de acuerdo con Pedraz, fueron el empresario Alejandro Hamlyn, entonces investigado y ya condenado por un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos; Sandro Rosell, ex presidente del Barça que estuvo casi dos años en prisión acusado de blanquear comisiones por la retransmisión de partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol, pero fue absuelto; o los guardias civiles Juan Sánchez Yepes y Rubén Villalba, investigados en los casos Gaslow y Koldo, respectivamente.