Una periodista, una ciudadana con derechos y, sobre todo, una socialista. Por ello, ante casos que afectaban al PSOE, Leire Díez puso “especial entusiasmo” en la preparación de un libro sobre las cloacas del Estado. Así se presentó y defendió públicamente la exmilitante socialista hace ahora casi un año, después de que se filtrasen varios audios en los que ofrecía a empresarios imputados en diversas causas mediar en sus juicios a cambio de información sobre, por ejemplo, el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. El magistrado Santiago Pedraz dibuja, sin embargo, una historia bien distinta: la de una fontanera que, bajo las órdenes del por entonces secretario de Organización del partido, el plurimputado Santos Cerdán, buscó torpedear causas judiciales e investigaciones policiales. En un auto conocido este miércoles, el juez instructor de la Audiencia Nacional señala a Díez como la encargada por Cerdán de la “coordinación y ejecución” de una serie de actuaciones con el objetivo de “desestabilizar de forma sistémica y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno”. Estas son las contradicciones entre la imagen que ha pretendido dar Díez en sus pocas comparecencias públicas y declaraciones judiciales y el rol que le atribuye Pedraz en su investigación: “Cualquier relación con la Fiscalía correspondería a los abogados de los implicados. Jamás he hecho ninguna”Las presiones u ofrecimientos a miembros del ministerio público constituyen uno de los pilares de la trama que Pedraz esboza en su auto. El juez señala que Díez participó directa o indirectamente en acercamientos a dos fiscales: José Grinda e Ignacio Stampa. Ambos lo corroboraron en sendas declaraciones en la investigación seguida por un juzgado de instrucción de Madrid contra Díez y, que, presumiblemente, será asumida ahora por la Audiencia Nacional. El entorno de Grinda negó a la Cadena SER que jamás recibió un soborno ni siquiera un intento de pago por parte de Leire Díez ni de su entorno.Grinda testificó en su momento que se reunió con un periodista, Pere Rusiñol, en febrero de 2025, y que este le entregó un papel, que no podía quedarse ni fotografiar, para que lo leyera. En él se le ofrecía un traslado al extranjero. Díez no participó en esta reunión, pero Pedraz considera que medió para que ocurriese y estaba al tanto de su contenido. “Se tiene constancia”, dice el magistrado, de que Javier Pérez Dolset —otro de los imputados— remitió a Díez el contacto del periodista “durante la noche anterior encuentro”. Al día siguiente, el periodista mandó el siguiente mensaje a la exmilitante socialista: “No había agua, al menos de momento”. Pedraz sostiene, con base en una anotación manuscrita encontrada a Díez, que la trama preparó un ofrecimiento económico de 300.000 euros a Grinda, que estaba por entonces inmerso en una causa judicial. A cambio, le solicitaron —siempre según el auto— información sobre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como que pidiera el archivo de varias causas judiciales. Grinda fue el encargado del caso Zed (que afectaba a Pérez Dolset) y del juicio contra la empresa Duro Felguera por soborno a altos cargos en Venezuela, en el que estaba inmiscuido Nervis Villalobos, exmandatario venezolano y cliente de Ismael Oliver, un abogado señalado en el auto de Pedraz. También se encargó de alguna derivada de los escándalos de corrupción de la familia Pujol.El fiscal Stampa constituyó otra de las “líneas de acción” de la trama. Díez y Pérez Dolset se reunieron con él en mayo de 2025, en un encuentro que el fiscal grabó. Además, tuvieron una llamada telefónica unos días más tarde, en la que solo participó la exmilitante socialista. A Stampa, como recuerda el auto y confirmó él mismo ante el juez de instrucción, le deslizaron la posibilidad de volver a la Fiscalía Anticorrupción, donde había llevado parte del caso Villajero y de donde salió tras una intensa campaña de descrédito. A cambio, dijo el fiscal, querían información sobre Grinda, Luzón y Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional. Y las interacciones de la exmilitante no se limitaron a los fiscales de los casos: a Francisco Martínez, exsecretario de Estado juzgado estos días por la Operación Kitchen le ofreció, según ha relatado él mismo, acuerdos con la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre operaciones pasadas que hubieran perjudicado al PSOE. —¿Y eso se lo trasladas a quién? —le preguntó Martínez, según consta en un audio desvelado por EL PAÍS.—A los que me han dicho que me ponga al frente de esto —contestó ella.—¿Qué están en la calle Ferraz o en el Palacio de la Moncloa?—En la calle Ferraz comunicados con el Palacio de La Moncloa. Porque, como bien sabes, gobierna el partido de la calle Ferraz.“Mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado en nombre de nadie ni en representación de nadie”: de 2 a 22 reuniones con CerdánDíez defendió en su comparecencia que ella no era más que una periodista (“y socialista”) y que no actuaba por orden de nadie, sino por su cuenta en la preparación de un libro. No siempre se presentó así, recoge el auto: en su reunión con el fiscal Stampa, este le preguntó si era “la mano derecha de Santos Cerdán”, a lo que ella respondió que sí, y se definió como la persona “que ha puesto el PSOE”. Eso sí, matizó que era una mano derecha “que no iba a aparecer en ningún lado”. Díez defendió el pasado noviembre ante el juez que la investigaba que se reunió dos veces con Cerdán, y siempre como periodista. La supuesta mano derecha participó hasta en 22 reuniones con el que por entonces era secretario de organización del partido, según Pedraz. La primera se produce el 26 de abril de 2024, dos días después de que, tras la imputación de su esposa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abriese “un periodo de reflexión” sobre su continuidad en La Moncloa. El día antes del encuentro, Díez escribe al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández: “Me voy de urgencia a Madrid (...) Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que puede ayudar al presidente”. Los servicios que prestó no fueron gratis. A lo largo de 50 páginas, el juez hace referencia a varios supuestos abonos a la exmilitante: 16.000 euros a través de la consultora del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y 27.225 euros del PSOE a una sociedad administrada por el abogado Ismael Oliver, pero que presuntamente acabaron en manos de Díez a través de otra sociedad. La cuantía total del dinero movido para sufragar la operación aún está por determinar, matizó Pedraz a este periódico. En su comparecencia en el Senado, en septiembre del año pasado, defendió que solo ha cobrado del partido por su condición de responsable de comunicación en el PSOE de Cantabria en 2008.“Las filtraciones calculadas y premeditadas son algo que nuestro Estado de Derecho debe abordar, y con rapidez”El trabajo de la “licenciada en Ciencias Sociales y de la Comunicación” buscaba, según su versión, arrojar luz sobre “los estragos del falso patriotismo”: desde la operación Kitchen, la policía patriótica articulada, supuestamente, por la cúpula del Ministerio del Interior dirigido por el popular Jorge Fernández Díaz, hasta el caso hidrocarburos, pasando por la operación Cataluña. Y, de paso, esclarecer un círculo virtuoso de filtraciones interesadas, investigaciones periodísticas y causas judiciales. “Les puedo mostrar cómo hay periodistas que no solo hacían esto, sino que hacían algo peor. Sus investigaciones forman parte de los atestados judiciales”, afirmó en el Senado.El 29 de abril de 2024, Pedro Sánchez volvió de su periodo de reflexión para confirmar que seguiría en el cargo. Mientras se dirigía a la ciudadanía, Díez escribió el siguiente mensaje a Vicente Fernández: “El presidente del Gobierno se está refiriendo a todo lo que estamos haciendo”. “En alusión directa a la utilización de la información aportada por el grupo”, subraya Pedraz en su auto. En la misma línea escribió a la exmilitante el expresidente de Correos (y antiguo jefe suyo en Correos) Juan Manuel Serrano: “Mira el jefe cómo cita los audios”. Pedraz sostiene a lo largo de su escrito que Díez, ayudada o en connivencia con otros miembros de la trama, buscó información comprometida de funcionarios y policías para filtrarla más tarde. En esta operativa fue clave la fallecida Patricia López, directora del medio Crónica Libre, a través del cual se difundió información consistente, en algunos supuestos, en grabaciones del oscuro comisario Villarejo (juzgado en estos momentos en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen). Según Pedraz, el PSOE pagó a la sociedad detrás del medio, Grupo Crónica Libre, S. L., 20.000 euros vía una campaña de publicidad. En sus notas personales, Díez vinculó la “creación de un periódico” con la denominada como “Operación PSOE”, afirma el juez en el auto. “Lo que se resume como una tarea de periodismo de investigación”, concluyó Díez en aquella comparecencia ante los medios el año pasado, donde subrayó: “No comprometí ningún comportamiento de ningún servidor público, ni fiscales ni de nadie (...) si se ha interpretado otra cosa, puede ser una mala interpretación o que quizá yo me haya equivocado en la formulación”. “Hasta el juez [Juan Carlos] Peinado [que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez] se equivoca”, añadió. De llegar a juicio, corresponderá al tribunal delimitar si el “especial entusiasmo”, por su condición de militante socialista, llevó a la licenciada en Ciencias de la Información a equivocarse en la formulación de sus presuntas pesquisas. Así como a determinar si era, efectivamente, una periodista preparando un libro (con cierta tendencia a las boutades) o la fontanera del PSOE y “mano derecha” de su por entonces secretario de organización. “Prefiero ser ‘fontanera’ que ‘cloaquera”, zanjó ella misma en el Senado.