En la mayoría de las historias no está claro cuándo empiezan, por qué avanzan ni cómo terminan, pero en la trama del caso Leire o caso Fontanera comienzan a emerger ya algunas verdades judiciales que permiten acotar las fechas y las motivaciones. En este escándalo, además, El Confidencial ha ido por delante de las diferentes causas penales abiertas en torno a las cloacas del PSOE. En esta historia se entremezclan las investigaciones periodísticas con las averiguaciones policiales. El auto del juez Santiago Pedraz conocido este miércoles confirma que la decisión del PSOE de poner en marcha una célula clandestina para tratar de conseguir información comprometedora sobre magistrados, fiscales, policías y guardias civiles y periodistas se tomó tras la Carta a la Ciudadanía de Pedro Sánchez. Aquel 24 de abril de 2024, este diario desveló a primera hora que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid había imputado a Begoña Gómez por delitos de corrupción. En ese momento, llevábamos dos meses destapando sus negocios privados. El Gobierno y el PSOE entraron en convulsión con el anuncio de Sánchez. Moncloa y Ferraz se movilizaron para tratar de construir un relato alternativo al judicial y periodístico que presentara al jefe del Ejecutivo y su mujer como víctimas de una supuesta conspiración, que se remontaba una década atrás, para intentar derrocar un gobierno progresista. El objetivo no solo era contrarrestar las informaciones sobre Begoña Gómez y torpedear la instrucción penal, sino también movilizar a las bases en busca de una reacción que permitiera al PSOE acabar la legislatura. El material para alcanzar esas metas lo proporcionó Patricia López, una periodista fallecida en diciembre que dirigía el medio Crónica Libre y llevaba años acumulando audios y documentos del comisario José Manuel Villarejo. Una de las socias de Crónica Libre era Leire Díez, exdirectiva de las empresas públicas Enusa y Correos, y amiga a su vez del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El 25 de abril de 2024, unas horas después de la conmoción, hubo una primera cita en Ferraz en la que Patricia López y Leire Díez explicaron a Santos Cerdán; la mano derecha de éste, Juan Francisco Serrano; y el director de Comunicación del partido en esa época, Ion Antolín, que tenían unos audios de 2014 en los que Villarejo aseguraba que el suegro de Pedro Sánchez controlaba saunas gay y que ese asunto podía “matar políticamente” al líder del PSOE. Al día siguiente, el 26 de abril, se celebró una segunda reunión en la que se diseñó la difusión de esos audios. Tres medios de comunicación del entorno de Moncloa los publicarían aquella misma tarde, a la misma hora, para convencer a la opinión pública de que la imputación de Begoña Gómez era el resultado de una “máquina de fango”. Aquella sensación de agravio serviría para activar a las bases del PSOE y pedirle a Sánchez que no dimitiera. Moncloa y Ferraz se movilizaron para tratar de construir un relato alternativo que presentara al jefe del Ejecutivo y su mujer como víctimas El auto dictado por el juez Pedraz este martes, ordenando los requerimientos y registros efectuados ayer en Ferraz, adelantado a las 8.44 horas por este diario, se refiere específicamente a esas reuniones en el cuartel general del partido y considera que los cinco días de reflexión fueron el germen de una operación más ambiciosa. “Desde ese momento, el grupo de personas liderado por Santos Cerdán y coordinado por Leire Díez, del que además forman parte [el empresario] Javier Pérez Dolset y Gaspar Carlos Zarrías, comienzan a desarrollar una serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización de estas causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno, presentando como objetivo último proteger los intereses puestos en juego por estas causas y que principalmente afectaban a este partido político y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno”, señala el juez del caso. Los movimientos de esta célula clandestina cogieron rápidamente velocidad de crucero y se intensificaron aún más en verano. En julio de 2024, El Confidencial recibió las primeras pistas sobre la existencia de este grupúsculo dirigido por Cerdán y también algunos datos que perfilaban sus principales objetivos. Entre otras gestiones, mantuvimos una reunión de una hora con la propia Leire en una cafetería de las inmediaciones de Ferraz y hablamos por teléfono con Pérez Dolset, que confirmó los hechos. Finalmente, el 16 de septiembre publicamos: “El PSOE prepara en secreto una campaña contra jueces y periodistas para tapar el caso Begoña”. El subtítulo añadía: “Una fontanera de Ferraz lleva meses recopilando información sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de la comunicación para poner en marcha una operación de propaganda que diluya los escándalos que afectan al Gobierno”. En el texto también se afirmaba que la operación estaba liderada por Santos Cerdán y que, entre los objetivos de las cloacas, también figuraban fiscales, policías, guardias civiles y empresarios. Apenas unas horas después desvelamos unas imágenes de Leire, saliendo y entrando de Ferraz, para la cita que había mantenido con nosotros, así como unas declaraciones de Cerdán en las que aseguraba que no tenía ningún tipo de relación con ella y que era una simple militante. Ni aquel desmentido ni las demandas y amenazas posteriores impidieron que siguiéramos investigando. Este miércoles, gracias a la investigación realizada en secreto durante meses por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se confirmó que, además de los encuentros en Ferraz, Cerdán y Leire se reunieron al menos otras 17 ocasiones en aquellos meses, “fechándose la última el 21.05.2025”. Las averiguaciones periodísticas continuaron. El PSOE consiguió que apenas se hablara de ese escándalo. Pero uno de los episodios que sirvió para demostrar la influencia que tenía esta célula en la estructura del partido se conoció el 2 de diciembre. El Grupo Parlamentario Socialista había aprovechado la Comisión de Investigación sobre la Operación Cataluña para citar al excomisario de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas. El PSOE aprovechó su turno de preguntas para, con poco disimulo, provocar que este comisario, procesado por la operación Kitchen, arremetiera contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa sobre Begoña Gómez. La teatralización fue tan poco sutil que desató algunas risas en la sala. Por si fuera poco, al término de su comparecencia, Martín Blas pidió entregar un pendrive que supuestamente tenía información sobre la Operación Cataluña. En realidad, la memoria contenía archivos con información sobre antiguos dirigentes del Partido Popular; el fiscal anticorrupción José Grinda; agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía; el consejero de Atresmedia Mauricio Casals; los jueces Fernando Andreu y Manuel Marchena; el exmagistrado Manuel García-Castellón y diferentes periodistas, entre otras personas. Una rápida consulta de las propiedades de los documentos desveló que todos esos archivos habían sido confeccionados por Pérez Dolset. A las cloacas se les había olvidado borrar su rastro. Con todo, este capítulo demostraba que sus ramificaciones llegaban al Grupo Parlamentario Socialista y que, entre sus enemigos, incluso había jueces del Tribunal Supremo, como Manuel Marchena. La influencia de Leire se expandía como un gas noble. A principios de 2025, la fontanera del PSOE acudió con Koldo García Izaguirre, mano derecha de José Luis Ábalos, al despacho del abogado Ismael Oliver. Leire quería que este letrado asumiera la defensa del antiguo asesor del Ministerio de Transportes y, durante unas semanas, logró que así fuera. El Gobierno y el PSOE tenían que estar financiando aquella operación de alguna forma. El Español reveló que, entre junio y septiembre de 2024, Leire estuvo a sueldo de Zaño Sociedad Consultora SL, la agencia de asuntos públicos de Gaspar Zarrías, que arrastraba sus propios problemas con la Justicia por la trama de los ERE. Sin embargo, era evidente que todas esas operaciones encubiertas requerían un mayor presupuesto. La UCO, según el juez Pedraz, ha descubierto que Cerdán puso “a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos, ... ) de algunos de sus miembros”. Los investigadores de la Guardia Civil han detallado cómo circulaba el dinero desde Ferraz hacia sus fontaneros. “Tras el cese de los pagos provenientes de Zaño Sociedad Consultora SL, Santos Cerdán y Leire Díez”, señala el magistrado, “articularon un segundo procedimiento, en este caso utilizando la intermediación de dos sociedades administradas por Ismael Oliver. Para ello, falseando una nota de encargo suscrita por Ana María Fuentes Pacheco, en calidad de directora gerente Federal del PSOE, este partido abonó a Estudio Jurídico I.Oliver&Partners un importe de 27.225€ y, con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos, Ismael Oliver abonó esta misma cantidad a Leire, pero en este caso desde una segunda sociedad, Oliver Gruppe SL”. Además, la UCO ha descubierto que otro abogado del entorno del PSOE, Jacobo Teijelo, recibió otros 125.000 euros procedentes del PSOE y por orden de Cerdán. Este pago se camufló con un “soporte documental aparente y una facturación falaz, cuya confección no habría resultado posible (…) sin la confección de una nota de encargo que es tramitada por Leire a través de Santos Cerdán, rubricada en última estancia por Ana María Fuentes Pacheco, en calidad de directora gerente Federal del PSOE”. En 2025, esos datos estaban fuera del alcance de El Confidencial, pero la investigación periodística continuó con un hito que lo cambió todo. El 26 de mayo de ese año, este diario abrió con este titular: “Un audio desvela una operación clandestina para acabar con la UCO: ‘Si Balas está muerto, mejor”. En el subtítulo se informaba de que “fontaneros del Gobierno y Ferraz se reunieron con un investigado en la Audiencia Nacional para conseguir información comprometedora del teniente coronel que lidera las pesquisas sobre la mujer y el hermano de Sánchez y el caso Koldo”. En aquella reunión participaron Leire Díez, Pérez Dolset y el abogado Teijelo. La noticia iba acompañada por varias grabaciones de aquella cita. Las palabras pronunciadas por los miembros de las cloacas del PSOE fueron tan elocuentes que generaron otra conmoción en la opinión pública, pero no en la dirección que hubiera preferido el Gobierno. Leire admitía en los audios que estaban buscando algún tipo de información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, máximo responsable de la unidad de la Guardia Civil que investigaba a la mujer y el hermano de Sánchez, y a su exministro de Transportes en el caso Koldo. El asunto se coló en la agenda política, aunque el PSOE intentó minimizarlo presentando a Leire como una periodista de investigación o como una militante de pueblo que se había embarcado en un aventura de ciencia ficción. Pero publicaciones en los días posteriores destaparon otras operaciones de las cloacas de Ferraz. Por ejemplo, que los fontaneros intentaron atacar al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a dos de sus subordinados, José Grinda e Ignacio Stampa. Los hallazgos provocaron la apertura de una investigación penal en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por cohecho y tráfico de influencias. Los problemas de Leire, que por el camino se convirtió en un personaje televisivo, sólo habían comenzado, igual que los de Cerdán y el resto de implicados. Su mayor dolor de cabeza no iba a ser El Confidencial, aunque creyeran lo contrario. La UCO descubrió en los dispositivos de algunos investigados en el caso Koldo, como el empresario Antxón Alonso, socio de Cerdán en la constructora Servinabar 2000 SL, un chat de mensajería instantánea llamado Hirurok (en euskera, “nosotros tres”) del que formaban parte, además de Alonso, la propia Leire y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. El grupo habría amañado presuntamente contratos y concursos públicos por valor de 132 millones de euros para favorecer a empresas que les pagaron al menos 700.000 euros en comisiones ilegales. El PSOE intentó minimizarlo presentando a Leire como una periodista de investigación o como una militante de pueblo El 11 de diciembre de 2025, el juez Pedraz ordenó a la UCO registrar las viviendas y oficinas de los implicados, la sede de la SEPI y las empresas que presuntamente se habían beneficiado de esta red de amaños. En aquella actuación y también en datos intervenidos a Cerdán está el origen de la entrada de la UCO en Ferraz este miércoles. Hay menciones a Pedro Sánchez por todas partes. No sólo era el máximo responsable jerárquico del PSOE y el Gobierno, sino que también habría sido el principal beneficiado por el descarrilamiento de las causas judiciales que este grupúsculo se propuso dinamitar. En una de las ocasiones, la célula se refiere a Sánchez como el “one”, es decir, número 1. En la última fase, la organización criminal “centró su actividad en una serie de causas judiciales sobre el fraude en el sector de los hidrocarburos, al considerarlas vinculadas a las causas que afectaban al partido y al Gobierno y, por lo tanto, un medio para alcanzar su objetivo último, dado que consideraban que si conseguían propiciar nulidades en las primeras, estas serían trasladadas hasta las causas judiciales que conformaban su objetivo último”, señala el auto del juez Pedraz. El relato fáctico de la resolución es escalofriante. La célula intentó comprar a una testigo del caso Koldo, Carmen Pano, para que no declarara contra el PSOE. También usaron su influencia en la Dirección General de la Guardia Civil para abrir expedientes disciplinarios contra los agentes de la UCO que estaban investigando la corrupción del Gobierno. Por todo ello, el juez imputa a los implicados en la trama los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Sánchez no sólo era el máximo responsable jerárquico del PSOE y el Gobierno, sino que también el principal beneficiado El caso aguarda novedades. El pasado marzo, El Confidencial contó que Patricia López exigió dinero al PSOE por haberle suministrado los audios sobre las saunas del suegro de Sánchez. Cerdán pidió a Ion Antolín que se encargara de gestionar el pago a la periodista. Este acordó pagarle 20.000 euros. Para no levantar sospechas, usaron el presupuesto de la campaña electoral del PSC en las elecciones catalanas de 2024. La candidatura de Salvador Illa desvió esos 20.000 euros al medio de Patricia López, Crónica Libre, como si fuera un pago por la exhibición de publicidad electoral del PSC. El juez Pedraz menciona esa misma información y ha ordenado a la UCO que recabe información sobre la campaña de Illa. Quizá ya se sepa cómo empezó esta historia, pero nadie conoce cómo va a terminar.