“Que se limpie todo”. Ese fue el mandato que Leire Díez recibió del PSOE o, por lo menos, así lo expresa ella. La trama destapada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y liderada por el exnúmero 3 del partido Santos Cerdán tenía fijado un plan coordinado: ir contra jueces, fiscales y guardias civiles para proteger al Gobierno y el PSOE. La organización tenía marcados una serie de objetivos y los instrumentos que debían utilizar para el éxito de su misión. Antes de nada, cabe decir que, a pesar de la orquestación del plan y el pago por ello, los éxitos brillaron por su ausencia porque a día de hoy ninguno de sus objetivos ha logrado culminarse, aunque por el camino hayan quedado hilos negros.Los objetivos eran claros: primero, el fiscal jefe de Anticorrupción, por impulsar el caso mascarillas. En las fechas del inicio del plan solo se había visto implicado el asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos. Sin embargo, sabiendo lo que se sabe ahora, dos años después, Cerdán pudo intuir que si no frenaba el asunto, le acabaría salpicando. En ese momento nadie lo sabía: hasta dónde habían llegado sus relaciones con Koldo García solo lo sabían ellos.El fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón EFEPara destruir la causa había que ir contra el jefe de la Anticorrupción. La tesis de la trama es que, si se lograba sacarle trapos sucios, igual se le podría chantajear para frenar la investigación. Para ello se les ocurrió intentar utilizar a dos fiscales que por diversas razones podrían querer participar en su plan. Con lo que no contaron fue con la lealtad de ambos, tanto a Luzón como a la institución y, sobre todo, a la legalidad.El fiscal José GrindaLe pusieron 300.000 euros sobre la mesa para dar información de su jefeEl primero fue el fiscal José Grinda. En el plan de la trama —según consta en autos judiciales de la causa instruida por Pedraz— era llegar a él a través de un periodista, quien le puso encima de la mesa un manuscrito en el que se le ofrecían 300.000 euros a cambio de dar información comprometedora de su jefe y de paso cerrar varias causas judiciales. En el caso de Grinda, los intereses de la trama fluyeron. Algunos personajes que participaron en la operación tenían intereses particulares paralelos. Por ejemplo, el empresario Javier Pérez Dolset buscaba que este fiscal cerrara la causa que tenía abierta contra él, al igual que el empresario venezolano Nervis Villalobos.De la investigación se desprende que, para lograr sus objetivos, el plan también era intentar presionar al fiscal a través de un chantaje y para eso se localizó a una mujer que estuviera dispuesta a ello. Sin embargo, la trama no contó con que Grinda, acto seguido, relatara lo sucedido a Luzón y ambos acudieran a la Fiscalía General del Estado, siendo su máximo responsable Álvaro García Ortiz, a denunciarlo. Lo cierto es que inicialmente, esta denuncia cayó en saco roto.En paralelo, Leire Díez, la conocida como la “fontanera” y quien recibía órdenes de Cerdán para actuar, contactó con el fiscal Ignacio Stampa. Este tuvo que abandonar Anticorrupción después de una maniobra —según él de la anterior fiscal general, Dolores Delgado—, para que dejara de investigar al excomisario de Policía José Manuel Villarejo. La trama le ofreció ayuda, volver a Anticorrupción e impulsar un pleito contra Delgado si daba información sobre Luzón. Stampa grabó aquella conversación y también lo denunció ante la Fiscalía de Madrid.Uno de los jefes de la UCO y sus investigadoresLa trama buscó, entre agentes del cuerpo, trapos sucios de BalasLa “fontanería” de Santos Cerdán, tal y como se desprende del auto de Pedraz, marcó como su segundo objetivo prioritario a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se ha ocupado de investigar los casos que en los últimos años han salpicado al Gobierno y al PSOE. La pieza de caza mayor que se querían cobrar —sin éxito ninguno— era el teniente coronel Antonio Balas, el jefe del departamento de Delincuencia Económica que sellaba los informes sobre David Sánchez, José Luis Ábalos o Begoña Gómez. Díez verbalizó en un audio el escenario al que se enfrentaban: “De momento, lo que está haciendo [por Balas] es convertirnos a todos en presos y carceleros de él”. Y eso, precisamente, es lo que la trama pretendía revertir, poniendo también en el punto de mira al coronel Manuel Sánchez Corbí, histórico jefe de la UCO, y los mandos que pilotaban las pesquisas que pretendían torpedear.La trama buscó al empresario Alejandro Hamlyn, detenido por la UCO en 2019 en una operación por fraude en la venta de combustible, con la -fantasiosa- promesa de interceder en su proceso judicial para evitar una condena. Hamlyn, incrédulo, pidió “un papelito” que recogiese la promesa por escrito. Él, en cambio, ofrecía solo “una cosa” que bastaría para que Balas estuviese muerto: que los mandos de la UCO “traían contenedores de coca”. También tocaron la puerta del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, implicado en el Caso Koldo, para que se convirtiera en una especie de topo: trapos sucios de la UCO a cambio de recuperar prestigio en el cuerpo con una supuesta “purga” que acometería el Ministerio del Interior en la cúpula de la UCO. Además, se sirvieron del capitán Juan Sánchez Yepes, exmiembro de la UCO, que facilitó detalles sobre la estructura interna, funcionamiento y mandos de su antigua unidad para poder convertirlos en “objetivos de interés de la trama”. De hecho, el auto señala que, tras sus filtraciones, Balas se convierte en la prioridad de la cloaca.Los tentáculos de la trama pueden extenderse más que lo hasta ahora recabado por el instructor. Según fuentes policiales, la entrada de la UCO en la sede de la Guardia Civil -un movimiento hasta ahora insólito- podrá revelar si se presionó a los agentes que investigaban al PSOE. Balas interrogó a tres generales para saber si la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, motivó aperturas de expedientes -con sospechas infundadas de la trama- contra los investigadores por supuestas filtraciones. Se les puso en el disparadero por haber filtrado unas conversaciones de Ábalos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que “se conocía con certeza” que el filtrador había sido el exministro de Transportes.El juez Juan Carlos PeinadoLa trama, según Pedraz, buscó destruir el procedimiento contra Begoña GómezEl tercer objetivo era Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. En su caso, la estrategia fue la filtración de información a medios de comunicación en su contra, al igual que denuncias contra él. Algo similar hicieron con la jueza Beatriz Biedma, responsable del procesamiento al hermano del presidente, David Sánchez. Pedraz sostiene que la trama buscó “destruir” el procedimiento judicial. Entre otros apuntes, Díez llegó a decir que “ya tenemos una estrategia”; “llevamos meses trabajando en ella”; “está todo perfectamente coordinado”. En su caso, habría accedido a un juez de Badajoz condenado y a un empresario inmerso en un proceso judicial en esta provincia para buscar trapos sucios de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz. Se les ofrecía, a cambio, ayuda judicial, que consta que nunca llegó.Atacar al PP, salvar al PSOEOfrecieron 50.000€ a la empresaria que aseguró llevar bolsas con dinero a FerrazLos dos últimos objetivos eran, por un lado, salvar al PSOE de acusaciones de ciertos empresarios sobre pagos en efectivo en la sede de la formación en Ferraz, como el comisionista Víctor de Aldama o la empresaria Carmen Pano. Pedraz hace constar que la trama le ofreció 50.000 euros a cambio de que cambiara su declaración judicial y negara que llevara dinero a Ferraz. “Esta se vende. “Debemos saber comprar”, hablar Díez con uno de los abogados implicados, Ismael Oliver.Para tapar las acusaciones contra el partido que ostenta el Gobierno, a la trama se le ocurrió que había que sacar a la luz información que comprometiese al principal partido de la oposición, el Partido Popular. Al igual que en otros casos, buscaron a una persona que pudiera necesitar ayuda, a través de la promesa de favores judiciales que luego nunca llegaban. En su caso fue Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy, y acusado por orquestar la llamada ‘Operación Kitchen’, otra cloaca para robar documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas. Cuando en junio del 2025, el Tribunal Supremo encarceló a Santos Cerdán por liderar una organización de amaños de obra pública junto a Ábalos, la trama se diluyó.Testigo de juicios históricos: procés, 11-M, 17-A, Gürtel, Nòos o de los más sanguinarios etarras. Voy tras los casos de corrupción, de la política a lo empresarial y lo policial, para destapar todo tipo de abusosJoaquín VeraPeriodista especializado en información de Interior, Seguridad y Terrorismo Ver más artículos Redactor de la sección de Política de La Vanguardia. A cargo de la información de Interior y Defensa, con el foco en la Seguridad y el Terrorismo