El caso Leire Díez, conocido por las presuntas maniobras de la denominada fontanera del PSOE para recopilar información sensible sobre jueces, fiscales y agentes con la que poder boicotear las pesquisas que afectaban al partido y al Gobierno, cuenta con otra línea de investigación más desconocida que se centra en las ayudas y contratos públicos que la exmilitante socialista y sus colaboradores ―en este caso el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario navarro Antxon Alonso― ayudaron a conseguir a determinadas empresas, gracias a la influencia que Fernández aún tenía en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a cambio de comisiones. En un nuevo impulso a esta línea de investigación, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas, entre empresarios y responsables públicos, por estas supuestas ilegalidades. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez se basa en distintos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitidos en los últimos meses. En su informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen profundizan en las cinco operaciones que ya estaban bajo sospecha y que suman desembolsos de dinero público por 132,9 millones de euros. Como contrapartida, la UCO calcula que la supuesta trama ingresó 750.614 euros. El rescate a Tubos Reunidos. Es la operación en la que más se detienen las fiscales. Se concedió en julio de 2021 por 112,8 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que gestionaba la SEPI. Los investigadores creen que el grupo Hiroruk, el chat de WhatsApp con el que se comunicaban Díez, Fernández y Alonso, comenzó a mover sus hilos en septiembre de 2020 y que sus gestiones se prolongaron hasta después de que se otorgara la ayuda financiera, para conseguir mejores condiciones de devolución y cuestiones similares. La UCO calcula que por todo eso se embolsaron un total de 247.459 euros: 114.959 por la inyección de dinero público, que cobraron a través de Mediaciones Martínez, una empresa de Alonso; y otros 132.500 euros por las actuaciones posteriores, que ingresó personalmente Fernández en calidad de asesor. Por esta operación, Pedraz imputa ahora a ocho personas, entre las que destaca Gualda. Sobre ella, los investigadores reflejan mensajes y documentos de la presunta trama donde se habla de su “compromiso” para “sacar” adelante el rescate a Tubos Reunidos, frente a las “diversas objeciones” que planteaban, por ejemplo, el entonces secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, por los vínculos de la empresa vasca con el PNV, y su homóloga de Energía de la época y actual ministra, Sara Aagesen, por “razones de carácter ecológico”. Las pesquisas sitúan a Gualda en “una serie de reuniones a nivel político” destinadas a “agilizar la tramitación de la concesión de la ayuda temporal por parte del fondo FASEE”. Y señalan que fue quien firmó el informe favorable de la SEPI y, después, otro de 28 de marzo de 2025 para que Tubos Reunidos pudiera usar libremente un dinero obtenido con la venta de un inmueble en Sestao (Bizkaia) que en principio debía usar para devolver el préstamo público.Junto a Gualda, el juez imputa a otras siete personas por su supuesta intermediación ilegal en este rescate. De la SEPI, a los entonces directivos Miguel Ángel Figueroa, al que Anticorrupción perfila como una de las principales fuentes de información de la presunta trama dentro de la SEPI; Rosario Martínez Manzanedo y Ángel Santiago Mesa, por desempeñar un papel similar; y Julián Mateos, encargado de hacer seguimiento del expediente de Tubos Reunidos en la sociedad estatal. Y, de la parte empresarial, al presidente de Tubos Reunidos cuando se pidió y dio el rescate, Francisco Irazusta; a su sucesor Carlos López de las Heras; y al que fuera miembro del consejo de administración Jesús Pérez Rodríguez. El Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Anticorrupción cuestiona un contrato concedido por el PEPA, una sociedad estatal dependiente de la SEPI, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Construcciones y Excavaciones Erri Berri y Afesa Medio Ambiente, por 2,8 millones de euros para “el desmantelamiento de las instalaciones y edificaciones existentes en las baterías de coque y gasómetros en Avilés (Asturias)”. Los investigadores cifran en 575.857 euros el dinero que obtuvo la presunta trama de Eri Berri a través de dos empresas: Mediaciones Martínez y Servinabar, la mercantil propiedad de Alonso de la que también es socio al 45% el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que está en el punto de mira del caso Koldo por los supuestos amaños de obra pública. Aquí las fiscales identifican también varias fases en la intervención de Díez y su grupo. Una primera, en mayo de 2021, para impugnar la primera adjudicación, que se dio a otra UTE. Y una segunda, desde agosto de ese año, para que finalmente el contrato fuera para Eri Berri y su socio. En este punto, Anticorrupción resalta que Hiroruk presuntamente medió para que la PEPA aceptara la segunda propuesta de Eri Berri, por esos 2,8 millones de euros, a pesar de que eran cuatro millones menos de los presupuestados inicialmente, una “drástica minoración” que hizo que la empresa incurriera en “una situación de oferta anormalmente baja”. “Se ha conseguido que se la admitan, aunque estuviera incursa en temeridad”, escribió Fernández a Alonso el 26 de octubre de 2021, horas antes de que se aceptara y un día antes de que se comunicara. La adjudicación se formalizó ese 29 de noviembre. La Fiscalía observa una última intervención de Hiroruk para que se desestimara un recurso contra esta segunda adjudicación, decisión que llegó en enero de 2022.Por estos hechos, Pedraz imputa a Félix Azcona, el dueño de Eri Berri; a su director financiero, Juan Ignacio Fernández-Micheltorena; a Fernando Albert Aragón, Antonio José Sánchez Campos y Marcos López Domínguez, por su participación en esa adjudicación; y a María de la Concepción de Ortiz, por su intervención en la fase de recursos.Además, el ministerio público advierte de que la operación en torno a la PEPA abrió la puerta para que Eri Berri participara en otros proyectos “gracias a la ilícita influencia del citado grupo”, entre ellos “trabajos de demolición vinculados al Camp Nou y a otras infraestructuras del FC Barcelona”.Mercasa. El ministerio público explica que Díez, Fernández y Alonso, “actuando de forma concertada y en connivencia con determinadas personas integradas en la dirección de Mercasa”, empresa pública participada en un 51% por la SEPI, “habrían diseñado una operativa dirigida a aprovechar el interés existente en aquel momento por parte de la presidencia y de ciertos directivos en trasladar la sede física de la entidad”. La operación se articuló en 2021, presuntamente, a través de “diversas contrataciones irregulares” y simulación de servicios. La investigación ha detectado una factura a favor de Servinabar por 18.119 euros.Estas supuestas gestiones se han traducido en la imputación del entonces presidente de Mercasa, José Ramón Sempere, de la exdirectiva de la SEPI Maite Castillo y del arquitecto técnico de Servinabar Mikel Arrarás. Enusa. Anticorrupción se fija en la Empresa Nacional de Uranio, adscrita a la SEPI y donde trabajó la presunta fontanera como responsable de comunicación entre 2018 y 2021, por dos operaciones de este último año: la contratación de la mercantil SDP Carrillo y Montes, y los supuestos movimientos para “favorecer” a Acciona, “que habría manifestado previamente su interés en adquirir las participaciones que Enusa ostentaba tanto en la incineradora de Melilla (a través de Emgrisa) como en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Cervera del Maestre”. La investigación ha localizado pagos de SDP a Mediaciones Martínez por 17.545 euros.Por estos presuntos chanchullos están investigados el entonces presidente de Enusa, José Vicente Berlanga; la exdirectiva Rosario Arévalo; el directivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; y el socio de SDP Juan Antonio Carrillo.Forestalia. Aunque los investigadores lo describen como una operación menor, la incluyen en el listado de proyectos en los que Fernández presuntamente desplegó su influencia. En este caso, para que la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES), dependiente de la SEPI, aprobara una inversión de 17,32 millones de euros en Arapellet, empresa integrada en el Grupo Forestalia. Las fiscales dicen que por esto se pactó una comisión de 200.000 euros a Hiroruk, si bien matizan que no consta acreditada “la concreta forma de materialización del pago”.También observan “una segunda línea de actuación” por la que, a través de una estructura societaria “controlada formalmente por Antxon”, se hizo una inversión de 141.404 euros que dos años y medio después revirtió en 6,8 millones de euros a los dueños de Forestalia. Este relato ha llevado a Pedraz a imputar al propietario de dicho grupo empresarial, Fernando Samper, y a sus supuestos colaboradores, los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Águeda. El instructor añade al catálogo de investigados, en el que ya constaban Díez, Fernández y Alonso, a Carmelo Aznárez, que figura formalmente como administrador único de Mediaciones Martínez.