El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ampliado considerablemente la nómina de investigados en la causa que investiga los presuntos amaños de la SEPI. Este caso irrumpió con el arresto de Leire Díez en diciembre junto al expresidente del organismo de Hacienda Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, vinculado a Santos Cerdán por medio de la empresa Servinabar. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Leire Díez y al expresidente de la SEPI cinco amaños por valor de 132,9 millones "aprovechando sus relaciones". Desde esta semana, hay 25 investigados más. Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso integraban un grupo organizado bajo el nombre de 'Hirurok' ('nosotros tres' en euskera) que ejercía su influencia sobre contratos en administraciones y empresas públicas. La Fiscalía remitió la semana pasada 40 folios al juez desarrollando detalles inéditos sobre las cinco operaciones que conforman esta causa y la participación de los nuevos imputados. La sede de Mercasa La primera de ellas tiene que ver con Mercasa, una sociedad del sector público estatal, participada en un 51 por ciento por la SEPI. Esta trama cuenta con dos imputados nuevos. Son el presidente de Mercasa entre 2018 y 2024, José Ramón Sempere Vera (1), y la directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales, entre abril de 2020 y mayo de 2025, María Teresa Castillo (2). Los directivos de Mercasa querían cambiar su sede y adquirir otro inmueble en la zona de Concha Espina, en Madrid, cerca del estadio Santiago Bernabéu. Por ese traslado, los miembros de ‘Hirurok’ iban a cobrar un porcentaje. Para justificarlo, diseñaron una operativa que consistía en acreditar que una reforma de la sede en la que estaban iba a ser demasiado cara. TE PUEDE INTERESAR Para ello recurrieron a Servinabar para que hiciera la tasación a la alta de esas labores de remodelación. Mercasa se adjudicó un contrato a Servinabar, por importe de 18.119,75 euros. Por estos hechos también está imputado el arquitecto técnico contratado por Servinabar, Mikel Arrarás Abejón (3). Enusa La segunda derivada tiene que ver con la empresa pública Enusa Industrias Avanzadas y el contrato que firmó con el despacho de abogados SDP Carrillo y Montes SLP. Enusa es una de las empresas en las que trabajó Leire Díez. El contexto de esta cuarta operación tiene que ver con el interés de Acciona en hacerse con dos explotaciones tituladas por Enusa. Era una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. TE PUEDE INTERESAR Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso influyeron para que Enusa contratase al citado despacho de abogados con la finalidad aparente de dar soporte jurídico a la operación. La UCO detecta unos sobrecostes del 50 por ciento en la cuantía del contrato que luego se canalizaron hacia "sociedades de la órbita de Hirurok". Los investigadores han detectado que el despacho de abogados le pagó a la mercantil pantalla Mediaciones Martínez 17.545 euros. Por estos hechos, el juez ha imputado a uno de los cuatro socios del despacho llamado Juan Antonio Carrillo Donaire (4). También al presidente del Consejo de Administración de Enusa entre 2018 y 2021, José Vicente Berlanga (5), y su directora corporativa, Rosario Arévalo Sánchez (6) (su nombramiento dependía de la SEPI). Las imputaciones incluyen también al director de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de Acciona, Francisco Javier López Buciega (7). Tubos Reunidos Tubos Reunidos es una empresa vasca que fue rescatada por la SEPI con 113 millones de euros en 2021. Cuatro días después se le aceptaron las condiciones que pidió para aplazar una deuda. Recurrió a la trama para que hiciera valer sus influencias ante la administración y les ayudase en estas gestiones a cambio del cobro de comisiones ilegales. Leire y sus socios recurrieron al PNV y en la sede del PSOE encontró la UCO una libreta con anotaciones de este rescate, presumiblemente propiedad de Cerdán. TE PUEDE INTERESAR Por esta trama están imputados la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda (8) y el presidente del Consejo de Administración de la empresa rescatada, Francisco Irazusta (9), su sucesor, Carlos López de las Heras (10), y el miembro del Consejo de Administración, Jesús Pérez Rodríguez Urrutia (11). También está investigado Carmelo Aznárez Pellicer (12), que era el administrador de Mediaciones Martínez, la sociedad a través de la cual la trama canalizaba las comisiones ilegales. Solo en esta derivada del caso fueron 247.000 euros. Amplían la lista el director corporativo de la SEPI, Ángel Santiago Mesa (13), y la directora de Participadas de la entidad, Rosario Martínez Manzanedo (14), así como el encargado de supervisar el expediente de la SEPI de Tubos Reunidos, Julián Mateos Aparicio (15). Por parte de la empresa Tubos Reunidos, también figura como investigado Miguel Ángel Figueroa Teva (16). Erri Berri Otra de las operaciones tiene que ver con el presunto amaño de un contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri SL-Afesa Medio Ambiente SA por un importe de 2,8 millones. Por la influencia que ejerció la trama, Erri Berri pagó 400.000 euros. El juez ha imputado al administrador, Félix Azcona Lacarra (17), y sus directivos, Juan Ignacio Fernández-Micheltorena (18), Antonio José Sánchez Campos (19) y Marcos López Domínguez (20). TE PUEDE INTERESAR PEPA es una sociedad mercantil íntegramente participada por SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES), cuya mesa de contratación estaba presidida por Fernando Albert Aragón (21), también investigado. Cuando se adjudicó el contrato a la empresa Erri Berri, una compañía competidora presentó un recurso. En ese sentido, la UCO ha detectado relación entre Vicente Fernández y la mujer que tenía que decidir ese recurso, María de la Concepción Ordiz Fuertes (22). Forestalia La última rama es la que tiene que ver con la concesión de una ayuda otorgada por Sepides a la sociedad Arapellet S.L., perteneciente al grupo Forestalia, por un valor de 17,3 millones. Como en las ocasiones anteriores, los investigadores creen que el grupo de los tres efectuó algún tipo de influencia y, a cambio, en este caso, cobraron 200.000 euros. Aquí los imputados son el director de Forestalia, Fernando Samper (23), y otros dos empresarios vinculados a esta empresa, Roberto (24) y Eduardo Pérez Agüeda (25). El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ampliado considerablemente la nómina de investigados en la causa que investiga los presuntos amaños de la SEPI. Este caso irrumpió con el arresto de Leire Díez en diciembre junto al expresidente del organismo de Hacienda Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, vinculado a Santos Cerdán por medio de la empresa Servinabar. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Leire Díez y al expresidente de la SEPI cinco amaños por valor de 132,9 millones "aprovechando sus relaciones". Desde esta semana, hay 25 investigados más.