El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acusa al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán de mantener la “unidad de acción y dirección” de una trama dedicada a desbaratar procedimientos judiciales, según el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los investigadores han encontrado mensajes del exdiputado como: “Ya tenemos una estrategia (...) llevamos meses trabajando en ella”; así como de la exmilitante socialista Leire Díez, a quien incardinan en la trama bajo el mando de Cerdán: “Me voy de urgencia a Madrid (…). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”, dijo el 24 de abril de 2024. Según el juez, ella cobró 4.000 euros mensuales a través de la consultora del vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y formó parte de una “estructura” “coordinada” para “obstaculizar de forma sistemática cualquier procedimiento judicial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del gobierno o del PSOE”. El juez Pedraz explica, en un auto de 50 páginas, que las actuaciones comenzaron a desarrollarse en los primeros meses de 2024. Según el escrito, Díez y Cerdán “no solo mantenían una relación previa, sino que ambos ya formaban parte” de un “grupo organizado” que tenía como objetivo cobrar comisiones a través de “orientar procedimientos administrativos”. Con ese punto de partida y, tras la imputación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, la primavera de 2024, así como del envío por parte de Pedro Sánchez de la “carta de la ciudadanía”, Cerdán organiza supuestamente una reunión en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Es entonces cuando Leire Díez le dice al que fuera vicepresidente de la SEPI Vicente Fernández que viajará a la capital “de urgencia”. En esa cita participaron, supuestamente, Díez, el empresario Javier Pérez-Dolset y el que fuera jefe de gabinete de Sánchez Juan Manuel Serrano, además de Cerdán y el director de comunciación del PSOE Ion Antolín. “Esa reunión se considera un punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada”, dice el juez. Ahí se confabulan para “desarrollar una serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización de estas causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno”. La trama hizo, dice el instructor, al menos un ofrecimiento directo a Carmen Pano, la mujer imputada por el caso hidrocarburos que aseguró que había llevado dinero en efectivo a Ferraz. La investigación indica que a ella llegaron a ofrecerle 50.000 euros si cambiaba su versión. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizaron en las notas de Leire Díez una que decía: “Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe”. Pedraz pide los correos Pedraz reclama al PSOE “toda la información disponible” respecto a la “agenda institucional” de Cerdán, incluidos los documentos, archivos o agendas interesantes para la causa que hubieran sido “gestionados por terceras personas dentro del partido”. También pide que se le informe sobre las personas que hayan ejercido algún tipo de relación de secretaría o asesoría al exdirigente socialista, así como de sus cuentas de correo y sus carpetas de almacenamiento. Además, exige que se le informe sobre “el procedimiento que el partido tiene establecido para el abono de los gastos de naturaleza institucional como comidas, desplazamientos en taxi u otros de similar índole”. El juez pregunta al PSOE cuál es la forma que tiene para “auditar o justificar esos gastos” y cómo se recogen los datos de estos gastos. De igual forma, reclama a Ferraz que le aporte los gastos de este tipo realizados por Cerdán, Díez y Pérez Dolset entre 2024 y 2025.En el marco de la resolución, el juez requiere al PSOE “una relación de las direcciones de correo electrónico” de las “cuentas corporativas” del PSOE asociadas a Cerdán; a Ana María Fuentes Pacheco, gerente de la Secretaría de Organización del PSOE; a Covadonga San Pedro, empleada con funciones administrativas en el partido; a Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización; a Ion Antolín, director de comunicación del PSOE; y a las direcciones de correo “asociadas a la Gerencia”. En el caso de Cerdán, reclama los emails desde 2021 hasta la “actualidad”, mientras que los del resto solo se interesa por los registrados desde 2024. Así, ordena a la UCO el “volcado íntegro” del contenido de dichos buzones, incluidos mensajes leídos o no leídos, cuentas activas, inactivas o deshabilitadas.Pedraz también exige a Ferraz información “detallada” del almacenamiento en red asociada al PSOE a la que pueden acceder todos sus trabajadores. Y requiere el “volcado íntegro” del contenido de las carpetas digitales que conformen dicha red. De igual forma, pide al partido que le entregue un informe sobre las personas que han sido responsables de la estructura informática del PSOE desde 2024.