OpiniónLa discusión no es quién promete más, sino quién entiende mejor qué se debe priorizar y con qué capacidades reales cuenta el país para hacerlo.29.05.2026 22:01 Actualizado: 29.05.2026 22:01 La seguridad volvió al centro de la campaña política colombiana. Eso ya es una señal importante. Después de varios años en los que la discusión pública parecía concentrarse en la implementación del acuerdo de paz, las reformas sociales o la polarización política, el deterioro territorial terminó imponiendo nuevamente la agenda. Los grupos armados crecieron, las economías ilícitas se diversificaron y la extorsión dejó de ser un delito periférico para convertirse en una forma de regulación cotidiana en buena parte del país. La violencia organizada cambió, y el problema es que buena parte de las propuestas todavía no termina de entender esa transformación.Hoy Colombia enfrenta estructuras criminales más flexibles y adaptativas. El narcotráfico ya no explica por sí solo el fenómeno. Hay corredores donde confluyen minería ilegal, control migratorio, rentas urbanas y captura institucional. Las fronteras entre crimen organizado, corrupción y gobernanza local son cada vez más difusas. Y, aun así, buena parte del debate presidencial sigue atrapada entre dos reflejos conocidos: la idea de que el problema se resuelve endureciendo la coerción y la idea de que basta con transformar las condiciones sociales que alimentan la violencia. Ninguna de las dos lecturas es suficiente por sí sola.Las propuestas de los candidatos a la presidencia, como argumentamos en un reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), revelan algo más profundo que simples diferencias ideológicas. Lo que muestran son maneras distintas de entender qué es hoy el Estado colombiano y cuáles son sus capacidades reales. Ahí aparece el principal problema de esta campaña: casi todos los programas prometen más de lo que el Estado puede sostener hoy. Más Fuerza Pública, más cárceles, más tecnología, más justicia y más presencia territorial. Pero la discusión central no es quién promete más, sino quién entiende mejor qué se debe priorizar y con qué capacidades reales cuenta el país para hacerlo.El contexto fiscal obliga a aterrizar el debate. El Presupuesto General de la Nación para 2026 asciende a cerca de $ 547 billones, pero fue aprobado con un faltante de financiación superior a $ 16 billones después del fracaso de la Ley de Financiamiento. Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el déficit proyectado ronda el 6,2 por ciento del PIB. Eso significa que el próximo gobierno no recibirá un margen amplio para expandir simultáneamente el gasto en seguridad, infraestructura penitenciaria, programas sociales y modernización institucional sin tomar decisiones difíciles. Sostener operaciones militares, ampliar capacidades de inteligencia y financiar presencia territorial permanente tiene un costo, y no es menor.Las diferencias entre candidaturas son evidentes. Abelardo de la Espriella representa la propuesta más maximalista, orientada hacia la expansión coercitiva y el endurecimiento penal intensivo. Su apuesta responde a un sentimiento ciudadano legítimo de agotamiento frente a la expansión criminal, pero deja dudas sobre cómo sostener institucionalmente una estrategia de alta intensidad sin afectar la legitimidad democrática y el control institucional.Paloma Valencia transmite una visión de autoridad coherente y una preocupación seria por la expansión criminal y la necesidad de reconstruir capacidades estatales. Sin embargo, el programa interpreta un problema de fragilidad institucional compleja principalmente desde la expansión del aparato de seguridad y el endurecimiento penal, dejando menos claro cómo sostener fiscal y territorialmente esas capacidades en regiones donde las organizaciones criminales llevan años funcionando como autoridad económica y social.La discusión es cómo construir una política de paz y seguridad compatible con la realidad actual del crimen organizado en Colombia.Iván Cepeda plantea una salida casi opuesta. Su visión insiste en que la seguridad no puede separarse de la exclusión territorial y de las condiciones que históricamente alimentaron la violencia. El principal interrogante del programa es si la continuidad del enfoque actual de ‘paz total’, sin coordinación con la política de seguridad y sin ajustes operativos profundos, lograría responder de manera más efectiva a las dinámicas recientes de expansión criminal y fortalecimiento de economías ilícitas.La propuesta de Sergio Fajardo reconoce la complejidad territorial y económica del fenómeno criminal e intenta priorizar zonas específicas de intervención, lo que representa un avance importante frente a enfoques homogéneos. Sin embargo, todavía deja dudas sobre cómo financiar y sostener simultáneamente expansión policial, fortalecimiento penitenciario y modernización institucional en un contexto fiscal restrictivo.Claudia López, por su parte, tiene como eje central una idea reformista profunda del sector de Seguridad, Justicia y Defensa. Las transformaciones institucionales que plantea responden a problemas reales del Estado colombiano, pero también requieren tiempo, recursos y acuerdos políticos complejos. El principal interrogante es cómo respondería simultáneamente a la urgencia de contención territorial y protección de comunidades mientras esas reformas avanzan. (Para profundizar en el análisis comparado de los candidatos, puede ver el informe completo aquí).Hay, además, un debate transversal que marcará el próximo gobierno. Con excepción de Iván Cepeda, todas las candidaturas toman distancia de la ‘paz total’. Algunas plantean desmontarla completamente; otras buscan rediseñarla. Desde la FIP, creemos que cualquiera de esas decisiones exige responsabilidad. El cierre desordenado de procesos de diálogo puede producir nuevas disputas territoriales y acelerar violencias locales. Pero la continuidad automática también tendría costos. La experiencia reciente mostró problemas de diseño, dificultades de coordinación entre negociación y política de seguridad, y definiciones insuficientemente claras sobre límites operativos. La discusión ya no es simplemente si se negocia o no, sino cómo construir una política de paz y seguridad compatible con la realidad actual del crimen organizado en Colombia.Al final, el problema de fondo es menos ideológico de lo que parece. Ninguna propuesta termina de resolver tres preguntas esenciales. Primero, ¿cómo priorizar en un Estado que no puede intervenir simultáneamente en todos los territorios? Segundo, ¿cómo construir una teoría de cambio creíble entre las medidas propuestas y los resultados esperados? Y, por último, ¿cómo financiar estrategias cada vez más ambiciosas en un país con márgenes fiscales cada vez más limitados?Eso no significa que las propuestas no importen. Importan mucho. No porque vayan a ejecutarse literalmente, sino porque muestran qué considera prioritario cada candidato y cómo entiende la crisis actual. Por eso, los planes de gobierno sirven menos como hoja de ruta y más como una señal. Leerlos como un compromiso literal suele llevar a la frustración; leerlos como una ventana al enfoque político es mucho más útil. Y en ese sentido, hay una conclusión clara: la seguridad dejó de ser un tema secundario. Volvió a convertirse en uno de los principales desafíos políticos y territoriales del país.*Director del área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP)(Lea todas las columnas de EL TIEMPO, aquí) Sigue toda la información de Opinión en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. BOLETINES EL TIEMPORegístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.EL TIEMPO GOOGLE NEWSSíguenos en GOOGLE NEWS. 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