Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo lideran la intención de voto en la medición realizada entre el 15 y el 24 de abril.Foto: El EspectadorResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00Como en cada elección presidencial de Colombia, la seguridad ocupa un lugar central en el debate público y político. Pero detrás de las promesas de recuperar el control territorial o fortalecer la Fuerza Pública persiste una pregunta de fondo: ¿qué tanto entienden los candidatos la naturaleza actual de la violencia organizada en Colombia y cómo planean enfrentarla? El próximo gobierno recibirá un país con más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados, con influencia casi en la mitad de los municipios (cerca de 600 poblaciones) y al menos 14 zonas de disputa activa entre actores ilegales, según las estimaciones de la Fuerza Pública y el monitoreo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). A eso se suma un deterioro humanitario marcado por el aumento del desplazamiento, el confinamiento y el secuestro, así como una expansión sostenida de economías ilícitas que ya no se limitan al narcotráfico. Hoy el crimen organizado funciona a través de redes más flexibles, conectadas con mercados legales e ilegales, con capacidad de control territorial y adaptación tecnológica. Los drones, por ejemplo, han sido utilizados en más de 500 ataques ofensivos en los últimos tres años, según el Ministerio de Defensa. En ese contexto, la FIP revisó las propuestas de seguridad de los cinco candidatos que lideran las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López. Aunque todos reconocen el deterioro de la seguridad, las diferencias aparecen en la forma de entender el problema y en las respuestas que plantean. El análisis no evalúa afinidades ideológicas o preferencias políticas, sino la coherencia, viabilidad y capacidad potencial de implementación de las propuestas. Iván Cepeda La propuesta del candidato del Pacto Histórico parte de una idea central: la seguridad no puede reducirse únicamente a la coerción estatal. Su apuesta busca profundizar una visión de seguridad humana basada en transformación territorial, implementación del Acuerdo de Paz y protección de comunidades. El programa plantea que el conflicto colombiano está ligado históricamente a la exclusión, la debilidad institucional y la falta de oportunidades en regiones periféricas. Desde esa lógica, propone fortalecer la prevención, los programas sociales y las capacidades estatales en los territorios. En contexto: ¿Qué harán los y las candidatas con la seguridad, los grupos armados y el Acuerdo de Paz?Uno de los puntos más sólidos del enfoque es la importancia que le da a la macrocorrupción, el lavado de activos y la captura institucional como dimensiones estructurales del poder criminal. En esa línea propone fortalecer la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y crear mecanismos especializados de investigación. Sin embargo, el programa deja interrogantes frente a la continuidad de la política de paz total. Aunque reconoce dificultades operativas, no plantea una revisión profunda de los problemas de coordinación, verificación y expansión criminal registrados durante el actual gobierno. Como ha advertido la FIP, varias estructuras armadas aumentaron su capacidad territorial, económica y militar durante el periodo en que participaron en procesos de negociación. El plan tampoco desarrolla con claridad cómo combinar negociación y presión efectiva sobre las economías ilícitas mediante inteligencia financiera, control logístico o extinción de dominio. También persisten dudas fiscales. Profundizar la implementación del Acuerdo de Paz, ampliar programas sociales y sostener una estrategia de seguridad humana requeriría recursos significativos en un contexto de déficit elevado y restricciones presupuestales. En términos de derechos humanos, esta propuesta tiene una fortaleza clara: prioriza la protección de la vida y las víctimas y evita enfoques exclusivamente punitivos. El problema es que deja abiertas preguntas sobre cómo garantizar esos derechos en territorios donde los actores armados mantienen el control o disputas violentas. Además: Invamer: 60,3 % de encuestados cree que grupos armados ejercen presión sobre el votoAbelardo de la Espriella La propuesta del candidato es la más explícita en su intención de ruptura. El programa plantea cero negociación con grupos armados, ofensiva total contra el narcotráfico, fumigación de cultivos de uso ilícito, extinción de dominio exprés y endurecimiento penal. El diagnóstico parte de la idea de que el Estado perdió autoridad y debe recuperar capacidad de coerción frente a organizaciones criminales que ampliaron su control territorial y económico. La principal preocupación de la FIP está en la ausencia de mecanismos claros de gradualidad, control institucional y salvaguardas democráticas. Varias de las propuestas transmiten la idea de un Estado que debe actuar sin restricciones para recuperar su autoridad. La experiencia de América Latina muestra que estrategias altamente punitivas pueden producir reducciones rápidas de violencia, pero también riesgos institucionales y humanitarios importantes. La discusión no es si el Estado debe actuar con firmeza, sino cómo hacerlo sin erosionar las reglas democráticas. El programa también enfrenta dificultades de viabilidad. Promete recuperar control territorial, reformar cárceles, fortalecer inteligencia y perseguir capitales ilícitos en plazos perentorios de 90 días, pese a las limitaciones fiscales y operativas del Estado colombiano. Además, la estrategia tiende a leer la amenaza criminal como un fenómeno homogéneo, cuando hoy opera mediante redes flexibles y adaptativas. La FIP advierte que las ofensivas de choque pueden producir fragmentación criminal y desplazamiento territorial de economías ilícitas si no existe una estrategia sostenida de presencia estatal. La tensión fiscal es otro punto crítico. El plan combina reducción tributaria y ajuste del tamaño del Estado con una expansión importante de capacidades de seguridad. Pero modernizar la inteligencia, ampliar operaciones militares y sostener intervenciones territoriales implica costos permanentes y elevados. Le puede interesar: Freiman Velásquez, el líder juvenil que dedicó su vida al Catatumbo y que el ELN asesinóPaloma Valencia El programa de la candidata del Centro Democrático parte de un diagnóstico según el cual el Estado perdió capacidad de control territorial y redujo la presión sobre las estructuras criminales. Desde esa lectura, propone fortalecer la Fuerza Pública, endurecer el sistema penal y ampliar las capacidades de inteligencia y judicialización. La propuesta reconoce que el crimen organizado ya no depende únicamente de presencia armada, sino también del control de economías ilegales y de la vida cotidiana en muchos territorios. Por eso insiste en inteligencia, extinción de dominio y fortalecimiento judicial. En la justicia aparece uno de los componentes más sólidos del plan, especialmente en temas relacionados con reincidencia, judicialización y extorsión desde las cárceles. Su candidatura plantea aumentar significativamente el pie de fuerza, sumar 60.000 nuevos uniformados y elevar el gasto en defensa hacia niveles cercanos al 4 % del PIB. Sin embargo, la FIP advierte que este programa interpreta un problema de debilidad estatal complejo principalmente como una cuestión de falta de firmeza. El desafío actual no se explica únicamente por ausencia de fuerza, sino por la dificultad del Estado para sostener presencia legítima y capacidad de justicia en regiones donde el crimen opera como autoridad de facto. También persisten dudas sobre la sostenibilidad fiscal de una expansión militar de esa magnitud y sobre propuestas como la “sustitución forzosa y generosa” de cultivos de coca, que deja preguntas abiertas sobre su implementación real en territorios atravesados por economías ilícitas. El programa también propone recuperar una relación estrecha con Estados Unidos y una lógica cercana al Plan Colombia. Allí existe una lectura acertada sobre la dimensión transnacional del crimen organizado, pero que desconoce el giro del contexto internacional y las condiciones de cooperación internacional, especialmente de ese país (que hace casi imposible recibir el apoyo de la época del Plan Colombia). En otras noticias: Petro responde a Uribe tras su mensaje a ELN, disidencias y Clan del Golfo sobre Iván CepedaSergio Fajardo El llamado Plan Guardián de Fajardo intenta articular control territorial, fortalecimiento institucional y lucha contra economías ilícitas desde una lectura más territorial del fenómeno criminal. El candidato entiende que la violencia actual funciona a través de redes económicas y estructuras armadas con capacidad de regulación territorial. Esa aproximación le permite identificar la extorsión como una forma de gobierno criminal y no solo como un delito económico. Por eso una de sus apuestas centrales es recuperar el control sobre las cárceles y fortalecer capacidades de investigación. El programa también reconoce que el narcotráfico ya no explica por sí solo el funcionamiento del crimen organizado y que hoy existe una red mucho más diversa de rentas ilegales. Otra de sus fortalezas es la intención de territorializar la política de seguridad. El programa menciona corredores fronterizos, zonas de presencia armada y regiones afectadas por economías ilícitas, reconociendo que la violencia en Colombia no es homogénea. La propuesta también busca fortalecer el papel de alcaldes y gobernadores en la seguridad, bajo la idea de que la respuesta no puede seguir dependiendo exclusivamente del nivel central. Aunque es una de las propuestas con mayor desarrollo programático, persisten dudas sobre los criterios de priorización territorial y sobre cómo financiar varias de las apuestas planteadas en medio de restricciones fiscales. El plan propone fortalecer capacidades policiales, ampliar infraestructura penitenciaria y modernizar inteligencia en un escenario de déficit y limitaciones de ejecución estatal. Claudia López La propuesta de López parte de una idea distinta frente al resto de la contienda: el deterioro de la seguridad también responde a la pérdida de capacidad del Estado para actuar de manera coherente. Por eso el plan pone el énfasis en reformas profundas al sistema de seguridad, defensa y justicia. Mientras otras campañas priorizan la expansión del pie de fuerza o endurecimiento penal, la aspirante insiste en reorganizar institucionalmente el aparato estatal. Para la FIP, esa discusión responde a una necesidad real que el país ha aplazado durante años. El programa reconoce que la fragmentación institucional y la debilidad de la justicia afectan la capacidad del Estado para responder a fenómenos criminales complejos. Uno de los componentes más sólidos es la propuesta de fortalecer la investigación criminal y crear una Fiscalía Antimafia. No obstante, la principal tensión aparece entre esa visión de largo plazo y el deterioro inmediato de seguridad que enfrenta el país. Las reformas institucionales requieren tiempo, consensos políticos y recursos, mientras las estructuras criminales continúan expandiendo el control territorial y las economías ilícitas. Su política antidrogas refleja esa misma lógica. Su propuesta intenta salir de la disyuntiva entre militarización y sustitución voluntaria, buscando un enfoque más equilibrado, pero deja preguntas abiertas sobre cómo responder en territorios donde las economías ilícitas funcionan como sistemas de gobernanza local. Tres vacíos clave Más allá de las diferencias ideológicas, la FIP identifica vacíos transversales en casi todas las propuestas. El primero tiene que ver con la priorización. Ningún gobierno tendrá la capacidad de intervenir simultáneamente todos los territorios y todas las economías ilícitas. Colombia necesita una estrategia capaz de diferenciar amenazas, actores y regiones. El segundo problema es la teoría de cambio. Más pie de fuerza no garantiza automáticamente más seguridad. Más cárceles no reducen necesariamente el crimen. Más programas sociales no desmontan por sí solos estructuras armadas. El reto es explicar cómo cada medida reduce capacidad de daño, control territorial y reproducción criminal. El tercer límite es fiscal. El próximo gobierno enfrentará un escenario de déficit elevado y restricciones presupuestales severas. En ese contexto, las propuestas que prometen simultáneamente expansión militar, fortalecimiento judicial, nuevas cárceles y oferta social deberán explicar cómo se financiarán esas apuestas. Para la FIP, el principal desafío del próximo gobierno será construir una política de seguridad capaz de responder a una violencia organizada más flexible, fragmentada y adaptativa que la de hace dos décadas. El reto no es hacer más ni empezar desde cero, sino hacer mejor, de manera articulada (en seguridad, justicia, política criminal y desarrollo territorial) y con un uso más estratégico de las capacidades disponibles. En otras palabras, la clave será ordenar la casa, en medio de un contexto que demanda acciones urgentes y de largo plazo, pero con recursos limitados. *Director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com;nortega@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.