Hartas de que todo siga igual, e incluso empeore con el ascenso de los postulados de ultraderecha, más de 30 organizaciones de diferentes partes de España se reúnen este fin de semana en Mazagón (Huelva) para coordinar medidas contra la denegación y obstaculización generalizada del empadronamiento a personas migrantes, que impide su acceso a la salud, la educación y otros derechos sociales. "Es un problema muy grave causado por un racismo institucional", advierten los convocantes del encuentro.PublicidadTras ver cómo múltiples resoluciones y recomendaciones de las defensorías del pueblo de diferentes territorios urgiendo a los ayuntamientos a acabar con las discriminaciones en el empadronamiento, sentencias judiciales y otros pronunciamientos no han conseguido solucionar el problema, las organizaciones que trabajan con las personas afectadas han decidido promover un frente común para intentar acabar con un incumplimiento legal que tachan de "sistemático".La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local dispone en su artículo 15 que "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente" y la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España especifica en su artículo 14 que estas personas, "cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas".Sin embargo, muchas de ellas se topan en los ayuntamientos de los municipios donde residen con barreras que les impiden empadronarse y, por tanto, disfrutar de los mismos derechos que sus vecinos.Según un informe de la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, organizadora del encuentro en Huelva, entre las trabas más habituales destacan la exigencia de documentación que no está contemplada en las disposiciones legales sobre empadronamiento, como la escritura de propiedad de una vivienda o un contrato de trabajo, la denegación arbitraria de citas previas para registrarse en el padrón o la cada vez más habitual práctica de verificaciones "intrusivas" en los domicilios por parte de la Policía para comprobar la residencia de las personas solicitantes.No hay datos oficiales ni tampoco extraoficiales de cuántas personas sufren estas trabas administrativas sistemáticas, pero las organizaciones que trabajan en el ámbito de la migración estiman que son miles y miles las que ven cercenado su derecho a empadronarse en los municipios de toda España.PublicidadSilvana Cabrera, de la organización Unidad Móvil Valencia, aporta un dato que da una idea del alcance de un fenómeno tan extendido: de las 40.000 personas que solicitaron la regularización en esa provincia en 2025, acogiéndose a las circunstancias excepcionales motivadas por el desastre de la dana, solo consiguieron hacerlo unas 23.000: el resto no pudieron porque les habían denegado el empadronamiento en sus municipios que se exigía para acceder a ese proceso regulatorio."Hubo muchos municipios en los que se negaron a darles el certificado de residencia efectiva, una alternativa para quienes no estaban empadronados que se habilitó por la dana, para demostrar que vivían allí. Es gravísima la situación", dice a Público Silvana Cabrera, que es una de las portavoces de la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho.PublicidadEl problema de fondo de la viviendaEl grave problema de acceso a la vivienda que se expande por todo el país también afecta de lleno al empadronamiento. El contrato de alquiler o el título de propiedad que exigen los ayuntamientos para empadronarse en un domicilio es un requisito inalcanzable para muchas personas que únicamente pueden pagar una habitación o incluso una cama de un piso o de un garaje o el sofá de un salón, cuyo propietario se niega a reconocer oficialmente ese negocio. "Estamos viendo que ahora el mayor problema es la vivienda, el subarrendamiento de espacios que no son ni viviendas", advierte Cabrera.Soledad Lucero Toapanta, fundadora y coordinadora general de la asociación Movilidad Humana de Galicia, asegura que en A Coruña se están alquilando camas por 300 euros al mes, algo a lo que tienen que recurrir para demostrar su residencia en el municipio mujeres que trabajan como empleadas del hogar internas en casas cuyos empleadores se niegan a tenerlas ahí empadronadas. "La problemática es general, no solo de la población migrada. También afecta a personas de aquí en situación de calle o que alquilan habitaciones para tener un techo. Es una problemática social muy grave, porque el padrón es la llave para tener acceso a unos derechos", subraya Toapanta.Las consecuencias de no estar en el padrón son muchas y una de las más trascendentales es la que afecta a la salud. Un buen número de comunidades autónomas vinculan la obtención de la tarjeta sanitaria a la presentación del certificado de empadronamiento, de modo que quienes no pueden aportar ese documento tampoco pueden acceder a los servicios públicos de salud.En Galicia, Movilidad Humana ha tenido que acompañar al hospital a mujeres embarazadas o con niños enfermos para que las atiendan en el servicio de urgencias sin que les cobren una factura que puede ascender a 1.300 euros por un caso leve. Según su coordinadora, aportan un documento con medidas de protección oficial y normativa sobre protección de estas mujeres y de los menores de edad en el que se advierte de que no les pueden hacer pagar por esa atención hospitalaria.Soledad Lucero Toapanta: "El estado de miedo, de inseguridad lleva a algunos incluso a no acudir al hospital. Es un sistema violento y racista""Hay que tener en cuenta el estado emocional de esa persona, con su hijo con fiebre; el estado de miedo, de inseguridad que lleva a algunos incluso a no acudir al hospital... Es un sistema violento y racista", concluye Soledad Lucero Toapanta, que también es portavoz del Foro Galego de Migraciones.Sin padrón, las puertas también se cierran en los servicios sociales que gestionan un gran número de prestaciones para personas en situación vulnerable: si la persona no lleva empadronada tres meses en el municipio, ese departamento del ayuntamiento no le atiende, ni para darle información siquiera, aunque se trate de una emergencia, según esta portavoz. Además, los menores se enfrentan a dificultades para matricularse en centros escolares si sus progenitores no están empadronados, algo que complica también mucho abrir cuentas en los bancos.Venta de empadronamiento por 1.500 eurosEl cierre de las puertas oficiales abre, en cambio, las clandestinas. Las organizaciones que trabajan con la migración denuncian un extendido mercado de compraventa de empadronamientos en toda España, en el que redes organizadas o particulares sin escrúpulos obtienen beneficios a cuenta de este derecho. Silvana Cabrera asegura que en València el empadronamiento por un periodo de un mes se está vendiendo por entre 100 y 300 euros, mientras que por el de un año se paga entre 1.000 y 1.500 euros, en muchos casos a los mismos caseros que alquilan un piso por habitaciones o por camas. "Y si no pagas, te quedas sin padrón", dice.PublicidadEn Galicia, según Soledad Lucero Toapanta, proliferan las mafias que se aprovechan de esta situación y cobran hasta 1.200 euros por un empadronamiento en municipios como Santiago, Ferrol o A Coruña. "Es un circuito perverso", denuncia.Y en Almería, una provincia donde viven miles de migrantes, mano de obra de su potente agricultura intensiva de invernadero, se llegan a pagar hasta 3.000 euros por un empadronamiento, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Esta organización denuncia la existencia de "trabas importantes" para la inclusión en el padrón especialmente en los municipios donde hay numerosos asentamientos de chabolas e infraviviendas, como Níjar, El Ejido o Roquetas de Mar.Aunque el padrón debe reflejar una residencia efectiva, incluso en esos asentamientos, muchos ayuntamientos almerienses no hacen las comprobaciones que se pueden llevar a cabo mediante los servicios sociales, inspecciones municipales o visitas de la Policía Local para comprobarlo, según Derechos Humanos. En Níjar, el municipio con el mayor número de asentamientos de la provincia, sí se logró, tras años de presión social, que se implantara un procedimiento de empadronamiento mediante geolocalización e informes sociales, lo que, a juicio de esta asociación, demuestra que con voluntad política se puede garantizar ese derecho.PublicidadPlanificación errónea de las necesidadesUno de los mayores daños colaterales de la denegación del empadronamiento a tantas personas es que origina un error en los datos sobre los que se basa la planificación de las necesidades de la población de un territorio, según la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho. Al haber muchas personas que no están registradas como vecinos, la asignación de presupuestos, personal y servicios se planifica para menos población de la que realmente hay en un municipio. "Este infra-dimensionamiento perpetúa la precariedad: los servicios están desbordados porque siempre hay más usuarios de los previstos", advierten.En el ámbito del planeamiento urbano, la falta de datos fiables impide también, según la coordinadora, diseñar políticas adecuadas de vivienda, de infraestructuras e incluso de medio ambiente con la gestión de residuos. "Si un municipio no empadrona a parte de sus vecinos, recibirá menos dinero del que realmente necesitaría", concluye."Esto no afecta únicamente a personas que se encuentran en situación irregular, afecta a toda la población española, porque no se pueden diseñar políticas públicas adecuadas si no contamos con el número de habitantes reales de la población, con el dato de la población exacta de un municipio. No se sabe cuántas escuelas, centros de salud y de todo que hacen realmente falta", explica Silvana Cabrera.Silvana Cabrera: "No se pueden diseñar políticas públicas adecuadas si no contamos con el número de habitantes real"Esta argumentación da, precisamente, la vuelta a la que suele esgrimir la ultraderecha cuando denuncia que los servicios públicos están desbordados porque hay muchos migrantes en España. Y las fuerzas de ultraderecha son las que más están presionando en los ayuntamientos para que endurezca aún más la vigilancia sobre el empadronamiento de personas extranjeras. Uno de los últimos casos más destacados ha sido el de Sevilla, la ciudad más poblada de Andalucía y su capital autonómica, donde el PP accedió a las exigencias de Vox para aprobar los presupuestos municipales de este año, entre ellas un mayor control sobre el registro en el padrón.Publicidad"Hemos dado un pequeño paso para impedir la inmigración ilegal en nuestra ciudad, que es un fenómeno creciente que preocupa a los sevillanos porque genera problemas de carácter social", dijo la portavoz municipal de Vox tras firmar el acuerdo. Organizaciones que trabajan en el campo de la migración han afirmado que desde entonces hay "un atasco" en el padrón de Sevilla y cada vez más personas extranjeras que tienen muchas dificultades para registrarse.La coordinadora estatal exige que se tomen medidas para acabar con los obstáculos que impiden el empadronamiento, entre ellas simplificar los procedimientos, reforzar la formación del personal administrativo que se encarga de ese servicio, ampliar la atención al público, hacer cumplir la legislación que reconoce el derecho de cualquier persona a figurar en el padrón y potenciar los mecanismos sancionadores que supervisen la actuación de los ayuntamientos en este ámbito.