El empadronamiento es la primera puerta de acceso a derechos tan básicos como la atención sanitaria, la escolarización o la posibilidad de iniciar un proceso de regularización administrativa. Sin embargo, para muchas personas migrantes continúa siendo uno de los principales obstáculos con los que se encuentran al comenzar una nueva vida. En Huesca, algunas voces se han levantado contra lo que consideran un endurecimiento injustificado de los requisitos para dar este decisivo paso, gestionado por los ayuntamientos locales en línea con los criterios del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Ley de Bases del Régimen Local.
Una situación con la que se ha encontrado Begoña, nacida en Guinea Ecuatorial y residente en Huesca desde hace 21 años. Cuando trató de realizar este trámite para empadronar a su sobrina, natural del país africano, y al hijo de esta de tres años, desde el Ayuntamiento se le trasladó que era necesaria la autorización del propietario de la vivienda. Ante la negativa, tuvo que recurrir a la ayuda de su vecina y amiga, Concha Muñoz. Previamente, la gestión a través de otro de sus hijos residente en la ciudad también resultó infructuosa.
“Llevo aquí muchos años, estoy al día de todos los pagos y no es justo encontrarme con tantos problemas”, lamenta Begoña, integrante de una comunidad de alrededor de 50 guineanos en la capital oscense de la que fue pionera. Concha Muñoz asegura haber detectado cambios recientes en la tramitación del padrón municipal de Huesca. “Desde hace en torno a un mes, en el Ayuntamiento preguntan y tratan de averiguar, cuando alguien se empadrona, más cosas que antes”, afirma. Según explica, al interesarse por el motivo, una funcionaria le respondió que era “por indicación de la Policía, para tratar de detectar empadronamientos falsos”.
