La regularización de migrantes está aflorando prácticas ilegales de las que viene alertando el Ministerio de Migraciones, para que los extranjeros no paguen por procesos fraudulentos, pero no solo se trata de irregulares. También los regulares recurren a un empadronamiento para acceder a ciertos servicios y a cambio de ello desembolsan cantidades que engordan a los delincuentes. La policía y la Guardia Civil están comunicando la desarticulación de este tipo de tramas ilegales. Las operaciones se han saldado con la detención en Ávila de dos personas y de otras cuatro en Seseña (Toledo). La Policía Nacional ha detenido a dos personas por empadronar ilegalmente a migrantes en el Ayuntamiento de Ávila. Los arrestados cobraban entre 200 y 600 euros por inscripciones ficticias en el padrón abulense y se han localizado hasta a 27 extranjeros, tanto en situación irregular como regular, que pasaron por este proceso ilícito. Los investigados están acusados de sendos delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal, en su mayoría de personas de origen magrebí. Uno de los arrestados era español y otro marroquí, que servía de gancho con la población norteafricana. La Policía ha localizado hasta cuatro domicilios donde se inscribía ilegalmente a estos individuos, algunos de los cuales se hallaban en otras partes de España o de Europa tras este trámite ilegal.En Seseña, la Guardia Civil ha identificado hasta 400 empadronamientos irregulares, 91 de ellos en un solo domicilio. Por esa operación se cobraba entre 300 y 400 euros a cada migrante. Las sospechas ante un padrón tan hinchado han acabado con la detención de cuatro personas de una red criminal dedicada a captar migrantes sin documentación legal a quienes les ofrecían regularizar su situación a cambio de dinero. En el caso de Ávila, la operación coordinada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras se ejecutó el pasado día 21 de mayo con la detención de dos sujetos también “que se dedicaban a realizar empadronamientos ficticios de migrantes”, según el comunicado policial, a cambio de “cantidades de entre 200 y 600 euros”. Las pesquisas permitieron encontrar esas cuatro viviendas donde había registrados hasta 27 extranjeros, algunos en situación irregular y otros en regular, además de los empadronados reales. Esto ha desembocado en que a esas dos personas se les imputen presuntos delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. La intervención policial empezó hace dos meses cuando, en colaboración con el padrón municipal del Ayuntamiento de Ávila, se constataron altas masivas en determinados domicilios y en cortos periodos de tiempo, señal sospechosa de que podrían estar produciéndose altas anormales.Los policías que han liderado el caso percibieron “la existencia de un entramado delictivo que captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular o regular, principalmente de origen magrebí”. A ellos se les ofrecía la posibilidad de empadronarse en viviendas de la localidad de Ávila, aunque realmente no residieran en ellas, por las cantidades antes mentadas. Así consiguieron identificar a un hombre español “que se encargaba de facilitar o localizar los inmuebles necesarios para formalizar los empadronamientos y de percibir las cantidades económicas acordadas”. Este se había conchabado con un ciudadano de nacionalidad marroquí “que desempeñaba un papel de intermediario en la captación de interesados en conseguir un certificado de empadronamiento en Ávila”.Estas labores policiales permitieron documentar la existencia de “inscripciones en el padrón correspondientes a múltiples inmuebles en los que se han detectado altas simultáneas o sucesivas en intervalos de tiempo muy reducidos, lo que evidenciaba el carácter ficticio de las inscripciones y la utilización sistemática de los inmuebles como soporte para la actividad fraudulenta”. Los responsables de la trama daban de alta a los interesados en esas casas y en el padrón abulense, siendo perfectamente conscientes de que esas personas no tenían ningún interés de habitar en ellas sino simplemente aprovecharlas para sus distintos fines. De este modo, se falsificaban contratos de alquiler y la firma del dueño que recibía a cambio un pago.Una vez empadronados fraudulentamente, los beneficiarios mostraban un supuesto arraigo en España del que se valían para “reagrupar familiares y acceder de forma irregular a distintos procedimientos administrativos y servicios públicos, como la solicitud de autorizaciones de residencia o trabajo, el acceso a la sanidad pública, ayudas sociales o procedimientos de arraigo”.Los investigadores han destacado la complejidad de la operación “debido a la dispersión geográfica de los implicados, localizados en distintos puntos del territorio nacional e incluso fuera de España”. La intervención policial sigue abierta y no de descartan más detenciones ni hallar más viviendas destinadas a estos delitos.