Empadronarse debería ser un trámite administrativo sencillo. La ley establece que cualquier persona que reside habitualmente en un municipio tiene el derecho y la obligación de empadronarse, independientemente de su situación administrativa, o de si tiene un contrato de alquiler o no. Pero la realidad es bien distinta. Lo demuestran los datos de un nuevo informe de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), que revela que el acceso al padrón se ha convertido en una carrera de obstáculos que afecta especialmente a las personas más vulnerables y que, lejos de ser casos aislados, se repite en municipios gobernados por fuerzas políticas de todos los colores.PublicidadEl estudio, elaborado a partir de 124 respuestas de 54 entidades sociales y sindicaturas locales que trabajan sobre el terreno, recoge información de 60 municipios catalanes y de más de 6.600 personas acompañadas en procesos de empadronamiento. La primera conclusión es muy gráfica: 40 de los 60 municipios analizados presentan dificultades o incidencias en el acceso al padrón, una cifra que, según ECAS, evidencia que el problema es estructural y no puntual. "Esto quiere decir que cuatro de cada diez municipios no garantizan este derecho. Uno de los datos más preocupantes es precisamente ese", resume Kautar Loukaini, miembro de Junta Directiva de ECAS y coautora del estudio, en declaraciones a Públic.La lista incluye ciudades grandes como Barcelona (PSC), Badalona (PP), Hospitalet de Llobregat (PSC), Sabadell (PSC), Terrassa, Girona (CUP) o Lleida (PSC), pero también municipios medianos y pequeños como Figueres (Junts), Olot (Junts), Salt (ERC), Gavà (PSC), Banyoles (Junts), Vilafranca del Penedès (Junts), Sant Joan Despí, Cassà de la Selva o Cervera (PSC). En total, más de la mitad de la población catalana (60%) vive en localidades donde se dificulta el acceso al padrón. Para ECAS, este mapa demuestra que las dificultades no responden a una realidad local concreta ni tampoco a una determinada orientación política, aunque hay algunas fuerzas políticas que hacen bandera, como es el caso de Martorell, Ripoll -donde gobierna la extrema derecha de Aliança Catalana- o Figueres."Aunque la instrumentalización política del padrón se ha intensificado en los últimos años, las trabas a este derecho es una situación recurrente en ayuntamientos de todos los colores", señala Loukaini. De hecho, la mayoría de municipios que dificultan este trámite están gobernados por el PSC (34%), seguido de Junts (26%) y, a más distancia, ERC (18%), los Comuns (4,9%) y la CUP (3,28%). Ahora bien, hay que recordar que todas las formaciones mencionadas, a excepción de Junts, firmaron el pasado diciembre el Pacto Nacional por el padrón para armonizar criterios y reducir las desigualdades.Esta es precisamente una de las principales reclamaciones de las entidades: armonizar criterios. Las entidades denuncian que los criterios para acceder al padrón varían en función del municipio y que cada uno interpreta la normativa como quiere. Esto dificulta el acceso a este derecho y crea desigualdades. Una de estas estrategias es no aplicar el silencio administrativo positivo, que debería comportar el empadronamiento automático si no hay resolución expresa. El informe denuncia que muchos ayuntamientos incumplen el plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes.PublicidadLas trabas, presentes durante todo el procedimientoEl informe señala que las trabas están presentes en prácticamente todo el procedimiento: cuando la persona intenta reunir la documentación, cuando presenta la solicitud, durante la verificación técnica y, finalmente, en la resolución del expediente. Y que no afectan a todos por igual. Las entidades identifican discriminaciones específicas hacia personas migradas, racializadas, de etnia gitana o en situación de pobreza.El primer obstáculo es la documentación. Las personas que viven en habitaciones realquiladas, ocupaciones, infraviviendas o alojamientos muy precarios a menudo no disponen de los documentos que los ayuntamientos suelen pedir. Según las entidades, muchos consistorios exigen requisitos que la normativa estatal no prevé o documentan de manera arbitraria, especialmente cuando la persona es migrante o se encuentra en situación de exclusión residencial. "Muchas personas viven en habitaciones realquiladas y les acaban pidiendo documentación que la ley no exige. Al final tienen que decidir entre conservar el lugar donde viven o empadronarse", denuncia Loukaini.Para ECAS, uno de los casos más paradigmáticos es el de las habitaciones realquiladas. En este sentido, las entidades denuncian que la situación todavía es más preocupante cuando se trata del empadronamiento sin domicilio fijo o en domicilio ficticio, un mecanismo que la misma normativa prevé para garantizar el registro de las personas sin hogar o que viven en situaciones residenciales muy precarias, una realidad que se ha intensificado en los últimos años con la crisis de la vivienda.PublicidadEl informe concluye que ninguno de los municipios analizados aplica esta modalidad de manera ágil y que en 29 localidades las entidades aseguran que, directamente, no se utiliza o no se ofrece esta vía. "Los trabajadores municipales no informan, aseguran que no es posible o sólo la contemplan en situaciones muy excepcionales. Esta invisibilidad obliga a muchas personas a abandonar el trámite antes incluso de haberlo iniciado, y esto acaba generando una dependencia enorme de las entidades sociales", denuncia Loukaini.El informe confirma que las personas que viven en habitaciones realquiladas sin autorización de la propiedad son el colectivo con más dificultades para empadronarse. El 27% de las entidades aseguran que estas personas acaban sin padrón, mientras que sólo un 19% consiguen empadronarse en la dirección donde realmente viven. El miedo a perder la habitación hace que muchas renuncien directamente a iniciar el procedimiento. "El problema es que la persona acaba teniendo que escoger entre tener techo o tener padrón", resume Kautar.Ante la imposibilidad de empadronarse en el piso donde viven, surgen situaciones de fraude. Un 42% de las entidades, de hecho, reportan haber detectado situaciones de fraude vinculadas al empadronamiento que, en muchos de los casos, se destapan cuando los propietarios de los inmuebles descubren que tienen empadronadas en casa, sin saberlo, una decena de personas.La segunda gran barrera es poder presentar la solicitud. La digitalización de los trámites se ha convertido en un obstáculo para muchas personas. Las citas previas solo se pueden obtener por internet, hay municipios donde las primeras citas disponibles llegan meses después, muchas notificaciones solo se envían por e-Notum y en algunas oficinas ni siquiera se permite entrar sin cita previa. Según las entidades, este sistema penaliza sobre todo a las personas con menos competencias digitales o sin acceso estable a internet o a aquellas que desconocen el funcionamiento de la administración.Luego está la verificación del domicilio. El informe señala las inspecciones realizadas por la Policía Local. Para muchas personas en situación administrativa irregular, la presencia policial genera miedo y desconfianza. Algunas no abren la puerta, otras no están cuando se produce la visita y el procedimiento acaba empezando de nuevo. Las entidades también denuncian retrasos de más de cinco meses para efectuar estas comprobaciones.A pesar de este diagnóstico, Kautar insiste en que el objetivo del informe no es desacreditar el sistema, sino contribuir a mejorarlo. "No decimos que el sistema no funcione", subraya. "Lo que queremos es aportar evidencia y una metodología sólida para que los procedimientos administrativos mejoren. Hace años que las entidades denunciamos estas situaciones, pero ahora las podemos demostrar con datos", concluye.Aunque el padrón es un derecho individual, Loukaini va más allá: "Es una herramienta imprescindible para que las administraciones conozcan la población real de los municipios y puedan planificar correctamente los servicios públicos. Cuando una persona no consigue el padrón no desaparece del municipio. Sigue viviendo allí, trabajando, llevando a los hijos a la escuela y formando parte de la comunidad. Lo que desaparece es la capacidad institucional de reconocerla. Si no la empadronas, esa persona no se marcha; simplemente deja de existir para la administración", recuerda.Publicidad"Un padrón incompleto es una fotografía incompleta del municipio", alerta Loukaini, "y esto afecta a la planificación, el diseño y la ejecución de las políticas públicas, pero también a la confianza institucional", señala. Una desconfianza que la derecha, arrastrada por la extrema derecha, instrumentaliza a través de derechos como el padrón, que lo ha convertido en una herramienta para alimentar los discursos antiinmigratorios.