La defensora de la ciudadanía y las entidades critican las trabas en el padrón social y alertan de la vulneración de derechos
El Ayuntamiento de Girona, en manos de la CUP, ha endurecido los trámites para acceder al padrón municipal, lo que ha supuesto que al menos 150 personas vulnerables hayan quedado excluidas de ese derecho, puerta de acceso a servicios sociales, salud o educación. Así lo constata la defensora de ciudadanía local y diversas entidades, que han criticado el cambio de criterio impuesto por el equipo del alcalde de la izquierda anticapitalista e independentista, Lluc Salellas.
Marta Alsina, abogada y defensora de la ciudadanía de Girona, ha recibido 42 quejas por el endurecimiento de los trámites para empadronarse, que ha afectado a 1.350 expedientes pendientes de resolución. Los cambios que han tenido más incidencia tienen que ver con el padrón social: el consistorio ya no permite empadronar en direcciones alternativas como La Sopa, un centro de acogida y de servicios sociales. Las entidades sociales y la defensora de la ciudadanía aseguran que tienen pruebas del endurecimiento de criterios del padrón social desde después del verano, que deja a mucha gente desamparada, cosa que la edil de Atención a la Ciudadanía, Queralt Vila, niega.
