La regularización de inmigrantes aprobada el pasado mes de abril por el Gobierno tiene un respaldo minoritario entre la población española. Según una encuesta del Instituto DYM para 20minutos, casi la mitad de la ciudadanía rechaza la medida extraordinaria con la que el Ejecutivo pretende dar papeles a más de medio millón de inmigrantes irregulares. La iniciativa solo recibe el visto bueno de los votantes del PSOE y de Sumar, entre los cuales el apoyo tampoco supera el 65%. Concretamente, el barómetro revela que el 46,2% de los españoles está en contra de la regularización extraordinaria, frente a un 39% que sí la apoya. Los que se autoposicionan en el espectro político de la izquierda y del centro-izquierda son quienes muestran un respaldo mayor (72,7 y 60,9%, respectivamente), en contraposición con los de derecha y centro derecha, que expresan un rechazo bastante contundente (del 66,3 y del 69,4%, respectivamente). Por partidos políticos, los votantes del PP y especialmente los de Vox son los que se posicionan en contra en mayor grado. Entre los que optaron por la papeleta a Alberto Núñez Feijóo en las últimas elecciones, solo uno de cada cuatro apoya la regularización de inmigrantes, frente a una mayoría del 62% que dice estar en contra. Entre los partidarios de los de Santiago Abascal, esa oposición es aún mayor: ocho de cada diez están en contra y apenas un 13% respalda la medida. Incluso entre los partidos de izquierda, donde la regularización cosecha más respaldo, este no llega a ser tampoco abrumador. El 59,9% de los que eligieron la papeleta del PSOE en las elecciones generales de 2023 avalan la iniciativa del Gobierno, mientras casi uno de cada tres la rechaza. Entre los de Sumar, el apoyo es del 63,5%, frente a un 28,2% que se posiciona en contra.Recta final de la medidaLa regularización extraordinaria del Ejecutivo afronta ya su fase final, pues la norma fijó un plazo de dos meses, hasta el 30 de junio, para que todos los potenciales beneficiarios presentasen sus solicitudes en las ventanillas habilitadas para ello. Se trata de la séptima regularización llevada a cabo en España, y concederá un permiso de un año para residir y trabajar en España a todos aquellos inmigrantes que estuviernan en el país antes del 1 de enero de 2026, que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia ininterrumpida y que carezcan de antecedentes penales. El proceso arrancó a mediados de abril y, aunque culminará en un mes, se prevé que se alargue unas semanas, pues habrá muchas solicitudes que requerirán de una revisión mucho más exhaustiva antes de dar por bueno o no el expediente. Los cálculos del Ejecutivo apuntan a que podrán beneficiarse entre 500.000 y 700.000 inmigrantes que ya viven y trabajan en España sin tener sus papeles en regla. A 21 de mayo se habían recibido 549.596 solicitudes, de las cuales ya han sido admitidas a trámite un total de 91.505 peticiones, según detalló el abogado del Estado durante una de las cinco vistas que se celebraron la semana pasada en el Tribunal Supremo para estudiar una posible paralización de forma cautelar de la medida extraordinaria, tal y como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox. Finalmente, el alto tribunal rechazó suspender el decreto, así que el proceso seguirá en marcha mientras resuelve los recrsos presentados contra la norma. FICHA TÉCNICAMuestra y metodología: 1.009 entrevistas online aleatorias, aplicando cuotas específicas por sexo, edad y ocupación. Error: el margen de error total es de un +/- 3,1% para un nivel de confianza del 95,5% en la hipótesis más desfavorable. Target: Población con 18 años o más. Trabajo de campo: realizado entre los días 20 y 22 de mayo.