La relatora de la ONU para los defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, escribió en su último informe a la Asamblea General: “Hay una corriente de represión contra el activismo climático legítimo en Europa y el resto del mundo. Esto supone un camino hacia la destrucción y los países deben detenerla”.
Lawlor mencionaba explícitamente a España por criminalizar a grupos ecologistas o “infiltrar agentes de policía en grupos de activistas climáticos al menos en doce ocasiones”. Este martes, en uno de los juzgados de lo Penal de Madrid quedó visto para sentencia un juicio contra tres activistas climáticos –María Martínez, Jorge Reichman y Francisco del Pozo– para los que la Fiscalía pide 10 meses de cárcel por “resistencia a la autoridad”, durante una manifestación en 2019.
La vista se celebró menos de una semana después de que, en otro juicio contra nueve activistas de Futuro Vegetal se solicitara pena de prisión de 21 meses por arrojar pintura al agua al edificio del Congreso de los Diputados.
Estos dos procesos penales –y los que quedan pendientes como el juicio a 15 miembros de Rebelión Científica por arrojar agua coloreada al Congreso o la imputación como organización criminal de Futuro Vegetal– son “la resaca de la represión al momento dorado del activismo climático que se vivió desde 2019 en adelante”, reflexiona Francisco del Pozo, recién salido del juzgado.
