Santos Cerdán lo fue casi todo en el PSOE. Desde su pueblo natal de Milagro (Navarra) fue escalando, de la mera militancia a la Secretaría de Organización, donde recaló en julio de 2021. En estos años de gloria ejerció de negociador principal del Partido Socialista en cuestiones capitales como la investidura de Pedro Sánchez, en noviembre de 2023. Por eso, cuando su nombre comenzó a sonar en el marco del caso Koldo, que para entonces ya contaba con otro exsecretario de Organización imputado, José Luis Ábalos, costaba creerlo en las filas socialistas. La investigación del Tribunal Supremo le acabó situando como presunto cabecilla de una de las derivadas de esa causa, la de supuestos amaños de obra pública. Y ahora otro juez, de la Audiencia Nacional, le coloca nuevamente como líder de otra trama, la que capitanería, con la exmilitante socialista Leire Díez como lugarteniente, para boicotear las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE y del Gobierno. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, atribuye a Cerdán “un papel superior”, de toma de decisiones de “un carácter más estratégico”, en una presunta organización criminal que ya estaría creada. De acuerdo con el relato judicial, su embrión fue el chat de WhatsApp Hiroruk, que significa “nosotros tres” en euskera, porque sus integrantes eran Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario navarro Antxon Alonso, amigo y socio de Cerdán. Nació ya con el supuesto objetivo de, “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública, orientar la resolución de diversos expedientes”, “en beneficio propio o de terceros y actuando siempre con una finalidad lucrativa”. La maquinaria se habría puesto en marcha en 2021. Según Pedraz, Cerdán conocía a Fernández y Díez por la etapa en la que él era presidente de la SEPI y ella era la responsable de comunicación de ENUSA, una empresa pública dependiente de esa otra. Fue él quien les presentó a Alonso a finales de 2020. Desde ese momento, la investigación refleja un contacto cada vez más intenso para conseguir que Fernández y Díez mantuvieran su influencia en la SEPI, aunque sin éxito. Su expresidente acabó contratado por Servinabar ―la empresa de Alonso que liga a Cerdán con los presuntos amaños de obra pública― el 1 de junio de 2021, misma fecha en la que se creó Hirurok.Sin embargo, no fue hasta abril de 2024 cuando Cerdán se puso a los mandos de la presunta organización criminal. Hasta este momento, sus supuestos miembros actuaban en un “plano de igualdad”. Pero con la irrupción de Cerdán la cosa cambió. El juez indica que asumió las riendas y encargó a Díez “la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del presidente del Gobierno”. De hecho, el auto recoge como punto de inflexión para el inicio de las actuaciones de la presunta trama la ‘Carta a la Ciudadanía’ que llevó a Pedro Sánchez a retirarse para cinco días de reflexión tras conocerse la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El instructor confiere a Cerdán un rol de apoyo “intelectual” pero también financiero y logístico porque dice que puso a disposición de Díez los recursos del PSOE para llevar a cabo su misión. En concreto, afirma que acordó remunerarla con 4.000 euros mensuales “con cargo a los fondos del partido” que se habrían vehiculado a través de empresas de Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, y del abogado Ismael Oliver, ambos imputados también. Todo ello, completa el juez, “con el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana Fuentes”, porque “emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díez”. La narración de Pedraz da una nueva dimensión a los tejemanejes de Díez, que se investigan por otro juez, Arturo Zamarriego, en los tribunales de Madrid. El instructor de la Audiencia Nacional la mantenía investigada pero, hasta donde se sabía, únicamente por sus movimientos en torno a la SEPI.Santos y Koldo, el germen de otra presunta tramaEn su auto, Pedraz menciona como otro hito relevante en la construcción de esa supuesta organización criminal el estallido del caso Koldo. Fue en febrero de 2024 con las detenciones del que fuera asesor de Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. En términos políticos, esta otra causa tuvo otros dos estallidos: en noviembre de 2024, cuando el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE fue encausado por el Supremo por su presunta implicación en la adjudicación de contratos de mascarillas a cambio de sobornos en lo peor de la pandemia de coronavirus; y en junio de 2025, cuando el alto tribunal, dentro de esa misma causa pero siguiendo otra derivada ―la de las supuestas corruptelas de ese mismo grupo para captar obra pública―, imputó a Cerdán. Su nombre salió por primera vez de boca de Aldama en su confesión de noviembre de 2024 ante el instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. El empresario dijo que pagó 15.000 euros a Cerdán para “contentarle” ante el “enfado” que tenía porque la supuesta trama había interferido en la licitación de una obra pública que pertenecería al “cupo vasco” que se encargaría de gestionar Cerdán. Esa mención, en medio de otras muchas afirmaciones que dieron un vuelco al caso Koldo y permitieron que el comisionista saliera de la cárcel de Soto del Real donde había entrado de forma provisional semanas antes por el caso hidrocarburos, asomó la punta del iceberg. En sucesivas declaraciones, ya ante la investigación dirigida por el magistrado Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo, Aldama fue puliendo y completando su relato hasta dibujar una organización criminal, que se habría valido de la influencia política de Ábalos y Cerdán, de Koldo García como mano derecha de ambos y del propio Aldama como canal de los sobornos pagados por él y otros empresarios para conseguir contratos públicos de mascarillas y obra pública. A las puertas del verano de 2025, la investigación judicial había identificado a Ábalos como líder indiscutible de las supuestas corruptelas del caso Koldo pero un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se conoció ese 12 de junio arrojó luz sobre este otro terreno, apuntado pero no concretado hasta entonces, situando a Cerdán como el otro cabecilla de la otra trama, la de obra pública. Ese mismo día dimitió, como secretario de Organización del PSOE y como diputado del Congreso. No había acabado el mes y el magistrado Puente ordenaba su ingreso en prisión provisional, también en Soto del Real. Ahí estuvo hasta el pasado noviembre. Salió días antes de que entraran Ábalos y Koldo, que siguen allí a la espera de la primera sentencia de la causa, juzgada por el Supremo el pasado abril. Se enfrentan a hasta 30 años de cárcel.La renuncia de Ábalos a su escaño, el pasado enero, dio un balón de oxígeno a Cerdán, porque el aforamiento del exministro socialista era el único anclaje del caso Koldo al Supremo, que tuvo que desprenderse de las pesquisas en favor de la Audiencia Nacional, donde comenzó ese procedimiento, salvo en lo que ya estaba enviado a juicio: el núcleo de la trama de mascarillas, con Ábalos, su exasesor y Aldama como únicos acusados. Este movimiento entre tribunales ha garantizado a Cerdán y a los demás implicados en el caso Koldo años de espera hasta que, eventualmente, llegue a juicio, dado el colapso de la Audiencia Nacional. Ese oficio de la UCO, bautizado como ‘Informe Cerdán’, permitió conocer los entresijos de ese otro entramado de relaciones que culminó en esa otra presunta organización criminal dedicada al amaño de contratos públicos. Según los investigadores, el origen de todo fue Navarra, donde se conocieron Cerdán y García, y el catalizador, la militancia socialista de ambos. Fue Cerdán quien introdujo a García en la vida de Ábalos. Empezó como su conductor en las primarias socialistas de 2017 y ahí forjaron tal conexión que Ábalos ya no se separó de él y se lo llevó primero al partido y después al ministerio, premiando su lealtad con uno de los cinco puestos de asesor de su gabinete. Los indicios conocidos este miércoles han llevado a Pedraz a enviar a la UCO al cuartel general del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para hacer acopio de documentación, correos electrónicos e incluso registros de visitas. No era la primera vez. Agentes de la UCO ya se personaron en la sede socialista ese junio de 2025 por el caso Koldo, con Cerdán nuevamente como detonante.