La presunta operación liderada por Santos Cerdán para "desestabilizar" las causas judiciales sensibles para el PSOE y el Gobierno se gestó primero como una trama de corrupción anidada en el seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo inversor del Estado. Según se desprende del auto dictado este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional, Cerdán se habría involucrado con Leire Díez en una organización dedicada a amañar contratos públicos. Después, forjada ya su relación, el ex secretario de Organización del PSOE encargó presuntamente a Díez que coordinara una operación contra jueces, fiscales y guardias civiles. Cerdán habría puesto a disposición de la 'cloaca' la "estructura misma" del PSOE y más de 180.000 euros del partido. El recorrido de la investigación que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional es similar al de la propia trama. En diciembre del año pasado, Santiago Pedraz detuvo a Leire Díez, al socio de Cerdán Joseba Antxon Alonso y al exvicepresidente de la SEPI Vicente Fernández. Comenzó a investigar al grupo que formaron estos tres, llamado Hirurok, y los presuntos amaños de contratos de entidades dependientes de la SEPI. En los meses sucesivos, Pedraz ha descubierto que Cerdán participó presuntamente en esa trama desde una "jerarquía superior".Además, tras analizar el contenido del teléfono de Leire Díez, ha constatado que en abril de 2024 Santos Cerdán encargó a la exmilitante socialista la ejecución de una operación para cargar contra los encargados de investigar a Begoña Gómez, al hermano de Pedro Sánchez y a José Luis Ábalos y Koldo García. En el punto de mira de las cloacas del partido estaban el juez Juan Carlos Peinado; la jueza del 'caso Hermano', Beatriz Biedma; el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón; y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, presente en la mayoría de las causas sensibles para los socialistas. Las andanzas de Leire Díez contra jueces, fiscales y guardias civiles se conocen desde la primavera de 2025, cuando salió a la luz una conversación suya con un empresario investigado y fugado de la justicia llamado Alejandro Hamlyn. En aquel encuentro, Díez pidió a Hamlyn información contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y le ofreció un trato favorable de la Fiscalía. Esta y otras gestiones de la supuesta fontanera se investigan desde julio de 2025 en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid. Pero hasta ahora no se había demostrado que aquellas operaciones partían de las órdenes de Santos Cerdán, más allá de algunas conversaciones en las que Leire Díez aseguraba actuar como su mano derecha "en la sombra". Lo revelado en el auto de Santiago Pedraz supone un paso trascendental respecto a las pesquisas del juzgado madrileño, que deberá inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. El magistrado Pedraz dibuja en su escrito un hilo que va desde los presuntos amaños de la SEPI hasta los presuntos sobornos a fiscales e investigados, y queda claro que Santos Cerdán tenía un papel "superior" en ambas operaciones. En la trama de corrupción, el ex número tres del PSOE aparece supuestamente vinculado a las "decisiones de un carácter más estratégico", como la colocación de otros miembros en cargos públicos o "la presentación e inicio de un proyecto común entre ellos". Además, Cerdán participó de los "beneficios" de aquel entramado. Lo que ocurrió después de la trama de la SEPI lo describe el juez en las siguientes líneas: "Es a partir de esa trama, en la que se atribuye un papel superior a Santos Cerdán, cuando este habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, en abril de 2025, la ejecución de una serie de actuaciones penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno". A partir de ese momento, Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido". Fue el propio PSOE el que "soportó", desde el principio, "el coste de la actividad investigada". El auto del magistrado apunta a la existencia de múltiples pagos de Ferraz a sus presuntas 'cloacas': 27.000 euros a Leire Díez, 20.000 euros a la difunta periodista Patricia López y 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo, que actualmente dirige la defensa de Santos Cerdán en el caso Koldo. Además, señala un pago de 4.000 euros mensuales a la supuesta fontanera a través de la consultora del exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, un total de 16.000 euros. Pero no todo se redujo a los gastos, la trama que operaba contra las causas judiciales que afectan al PSOE "se sirvió" del personal del partido "para el desarrollo de sus funciones administrativas". La formación "aportó sus dependencias para la celebración de reuniones" y pagó billetes de avión o alquileres de coches para los miembros de la trama. Se implicó la propia gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que según el escrito del instructor Pedraz colaboró con la creación de "facturas mendaces" para pagar los servicios de Leire Díez y el resto de implicados. Lo sucedido este miércoles supone un hito para la investigación. Se notificó la imputación de Cerdán, Díez, su socio Javier Pérez Dolset, el exdirigente socialista Gaspar Zarrías y el exabogado de Koldo, Ismael Oliver. El juez imputó al abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, y al guardia civil Juan Sánchez Yepes, así como a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. En el aire queda la imputación del expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y el diputado socialista Juan Francisco Serrano, pese a que el juez ve "indicios" de su "colaboración con los investigados". El sumario de la causa que dirige Pedraz aún permanece secreto. La investigación seguirá avanzando: la UCO debe analizar la ingente cantidad de información que se llevó este miércoles de Ferraz, de la casa de Santos Cerdán, la de Teijelo, el despecho de Gaspar Zarrías y la Dirección General de la Guardia Civil.