En escasas dos semanas cumplirá un año la fotografía que ilustra este artículo, que marcó un antes y un después en la trayectoria política del presidente Pedro Sánchez. Antes de aquel 12 de junio de 2025, la plana mayor del Gobierno y del PSOE no dudaba en poner "la mano en el fuego" por el entonces secretario de organización, Santos Cerdán, hombre de máxima confianza del presidente desde los tiempos del Peugeot 407. Aquella imagen en la que Cerdán mira desde el escaño el informe de la UCO que lo incrimina supuso un punto de inflexión. En ella se sitúa el inicio del declive de Cerdán, incluido su paso por la prisión de Soto del Real y las imputaciones penales que se multiplican a su alrededor. En junio del año pasado, Cerdán se reveló como el supuesto líder de una trama de amaños de contratos públicos millonarios adjudicados desde Adif y la Dirección General de Carreteras, en su mayoría en favor de Acciona Construcciones. En diciembre estalló otra causa en la Audiencia Nacional en torno a una serie de amaños adjudicados desde entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo inversor del Estado. La lista de implicados arrojaba sospechas sobre el ex número tres del PSOE: entre ellos estaban Leire Díez —supuesta fontanera del PSOE que en diversas conversaciones decía actuar por indicación de Cerdán— y Antxon Alonso, socio e íntimo amigo del exdiputado. Este martes, un auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz confirmó y rebasó las sospechas generadas en diciembre. El instructor sitúa a Cerdán en la "jerarquía superior" de la corruptela de la SEPI. Pero además le señala como el líder de una trama dedicada a "desestabilizar" causas judiciales sensibles para el Ejecutivo o el PSOE; una organización que contó con la "estructura" y los fondos de Ferraz. Al ex número tres del partido le atribuyen nueve delitos solo por esta última operación. Las causas se amontonan y tienen un denominador común: en todas ellas se sitúa a Santos Cerdán como el cabecilla. Del caso mascarillas al caso Cerdán, del Congreso a prisiónTodo empieza en el caso Koldo, la trama de amaños en contratos de material sanitario presuntamente liderada por José Luis Ábalos. 20 de febrero de 2024. La UCO entró en casa del exasesor de Ábalos y se llevó todos sus dispositivos electrónicos. Aquella mina de información terminaría con la imputación de Cerdán en junio de 2025 y acabó de inmediato con la carrera política de Ábalos. Los audios grabados a escondidas por Koldo García y los whatsapps que conservaba en sus teléfonos cuando se los llevó la UCO son el material que sustenta el caso Koldo y han resultado útiles también para otras causas (incluida la que llevó a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero la semana pasada). Sirvieron para identificar que Ábalos y Koldo, además de hacer dinero con las mascarillas, formaron parte de una trama de amaños de contratos de obra pública bajo el liderazgo de Cerdán. El Tribunal Supremo envió a Cerdán a prisión el 30 de junio del año pasado por su rol superior en la trama. Era Cerdán quien supuestamente se encargaba de gestionar el cobro de mordidas. El juez identificó contraprestaciones por valor de 620.000 euros pero estimó aquel 30 de junio que el "botín" de la trama pudo ser "superior a los cinco millones de euros". Mayo de 2026 llega a su fin y la UCO aún no ha entregado a la causa —que se inició en el Supremo pero ahora se sigue en la Audiencia Nacional— el informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán. El tribunal, aún así, cuenta con indicios sólidos contra el ex número tres del PSOE, su antecesor José Luis Ábalos y el resto de implicados en la presunta trama corrupta. En la causa constan audios y mensajes en los que el propio Cerdán, Ábalos y Koldo García discuten sobre adjudicaciones y sobre mordidas. En noviembre, la UCO entregó un informe que apuntalaba los indicios contra Cerdán. Se confirmó su papel como "enlace" con directivos de Acciona y aparecieron imágenes del ex número tres del PSOE con el CEO de la compañía en un piso franco en el centro de Madrid. También está atada la parte relativa al cobro de mordidas. Las dádivas se canalizaron a través de Servinabar 2000, propiedad del amigo de Cerdán Joseba Antxon Alonso. Un contrato hallado por la UCO en el domicilio de Alonso muestra que el ex secretario de organización participaba esta empresa en un 45%. Cerdán salió de la prisión de Soto del Real, en la que se encontraba de forma provisional, el 19 de noviembre. Caso SEPI, caso LeireSemanas después, el 10 de diciembre, Cerdán tuvo nuevas razones para preocuparse. La UCO detuvo al exvicepresidente de la SEPI Vicente Fernández, a Antxon Alonso y a Leire Díez. En aquel momento, el nombre de la supuesta fontanera de Ferraz llevaba meses en la discusión pública. El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la investiga desde julio del año pasado por sus supuestas maniobras contra la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y algunos jueces a los que el Ejecutivo identificaba como ejemplos del lawfare. Las pesquisas de este juzgado han servido para revelar, a lo largo de varios meses, distintas operaciones de Leire Díez y personas de su entorno para intentar extraer información sensible de los investigadores de las causas que afectan al PSOE, al Gobierno o al entorno familiar de Pedro Sánchez. Pero el 10 de diciembre, cuando la UCO detuvo a Leire Díez, aún quedaba mucho tiempo para que se acreditase (indiciariamente) que los tejemanejes de la fontanera eran un encargo de Ferraz. Aquella detención, de hecho, no guardaba relación alguna con las labores de 'fontanería' de Díez, sino con una causa de corrupción anidada en la SEPI. La causa se mantuvo secreta y pasaron los meses. Pero este miércoles, una semana después de la imputación de Zapatero, el juez Santiago Pedraz envió a la UCO a la sede del PSOE en Ferraz mediante un auto que resulta demoledor para Santos Cerdán. El magistrado de la Audiencia Nacional sitúa a Santos Cerdán en el origen de la trama de corrupción de la SEPI. Le ubica en la "jerarquía superior" de una trama a la que se investiga por delitos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal. La mayor operación de la trama, según los escritos judiciales que se conocen a día de hoy, consistió en influir en el rescate otorgado por la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos, por valor de 112,8 millones de euros. Cerdán participaba de las "decisiones de un carácter más estratégico", según el juez, y forjó así una cierta relación con la entonces militante del PSOE Leire Díez. Más tarde, en abril de 2024, el aún secretario de organización del partido encomendó a Leire Díez la tarea de "desestabilizar" determinadas causas judiciales, según expone el escrito de Pedraz. El auto, además de ubicar a Cerdán frente a una trama de corrupción, le identifica como el líder de una operación pagada con fondos del PSOE con el objetivo de "destruir" las investigaciones judiciales sensibles para el Ejecutivo o para Ferraz. Estas actividades habrían comportado una larga serie de delitos: organización criminal, "plurales" delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.